Mar del Plata está a merced de grupos afines al MTE de Juan Grabois: tomas de tierras y atropellos a los vecinos, en pos de un claro objetivo político y personal. ¿Alguien se hace cargo?
Como si las cosas no estuvieran a la vista de todos, asombra la falta de reflejos políticos de la clase dirigente local frente al avance determinado de los grupos de choque del MTE que encabeza Juan Grabois, ocupando terrenos pertenecientes al Estado nacional o yendo por las suyas sobre plazas y espacios públicos, tierras municipales y hasta particulares.
Lo primero que cabe preguntarse, con sentido común, es ¿cómo tienen toda la información al respecto de la situación de las tierras? Porque si algo se trata de preservar bajo siete llaves en todos los municipios, es el Catastro. Allí están los datos sobre tierras privadas, su situación de cumplimiento, deudas, y hasta se puede conocer si un particular está atrasado o, simplemente, inferir si el terreno quedó abandonado porque fallecieron sus dueños y no hay herederos que lo reclamen. También se puede obtener la ubicación de esas tierras o propiedades, y —por supuesto— identificar de esta manera terrenos públicos. Pero esto tiene una doble lectura: o aciertan en todos los casos donde quieren instalarse, y a veces la reacción oportuna de los vecinos lo frena, o les brindan la información para que marren lo menos posible.
Esta semana, además de que el Concejo Deliberante de General Pueyrredon repudiara la ocupación de 140 hectáreas en El Marquesado, también volvió a ser eje de la información lo concerniente a la toma de un predio —que tenía destino educativo— en el barrio Fortunato de la Plaza, entre las calles República de Cuba, Soler, Carusso y Fortunato de la Plaza. El mismo modus operandi y la misma organización social, el MTE de Grabois, como paraguas político de los hechos.
¿A tempo?
Que la política tiene sus tiempos y la justicia los suyos, está muy a la vista. Tal vez por eso son los ciudadanos los que toman cartas en el asunto, luego de que peregrinan los pasillos de los edificios públicos buscando respuestas que no siempre llegan a tiempo.
Se ha presentado, en el fuero Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, una medida cautelar para que la Justicia observe las anomalías que ni el Consejo Escolar, ni el Concejo Deliberante ni la Municipalidad de General Pueyrredon han podido resolver desde octubre del año pasado, cuando los vecinos de la zona mencionada pusieron en claro, en una Banca 25 del HCD, lo que pasaba sobre el predio: la ocupación intempestiva, la presencia de maquinarias para movimiento de tierras y la planificación de una urbanización con 64 viviendas donde tenía que construirse una escuela, todo bajo la atenta protección del MTE y la complaciente mirada de los consejeros escolares y concejales del Frente de Todos, que acompañan o avalan el método de avance de las organizaciones sociales de Grabois.
Pero el amparo judicial tiene un rango mayor a la inoperancia administrativa que, durante 7 meses, no prosperó, y por eso la expectativa es acorde: los vecinos le piden a la Justicia que actúe ya que en ese amplio terreno «se comenzó a desarrollar un emprendimiento de viviendas sin los mínimos requerimientos ambientales y de manera ilegal». Y tiene sentido, toda vez que buscan que la Justicia interponga medida cautelar ordenando la suspensión de cualquier ejecución de obras o actividades en el predio hasta tanto se complete el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y prefactibilidad del predio para alojar un plan de viviendas.
Asimismo, y como petición de fondo, solicitaron que se consideren en el procedimiento de prefactibilidad del proyecto: predios alternativos, condiciones e impactos sobre el ambiente urbano de cada predio considerado, prestación de los servicios públicos en cada opción cometida a prefactibilidad, y se convoque a audiencia pública con la participación de la Universidad Nacional de Mar del Plata y colegios públicos en la ciudad en el marco de la tramitación de la Evaluación de Impacto Ambiental.
Entrevistada en la FM 99.9, Verónica Martínez, vocera de los vecinos de los barrios Fortunato de la Plaza y General Pueyrredon, afectados por la situación, hizo un resumen del recorrido que realizaron por diferentes sedes administrativas antes de llegar a la Justicia. Denunció que el expediente en el que ellos exponen lo que pasa, no tiene tratamiento en la comisión de Legislación del Concejo. Para Martínez «está cajoneado», y señaló al presidente de la comisión, el radical Daniel Núñez, como responsable de esa situación.
Por su parte, Núñez hizo su descargo en los micrófonos de la FM 99.9 y explicó que «para que esto no siga avanzando —la ocupación de tierras— la única vía que queda es la Justicia» y comentó que los vecinos están centrando sus expectativas en el Concejo Deliberante pero, más allá de lo que pasó en la Banca 25, ellos «no tienen más que hacer».
El nudo
Centralmente, lo que ocurre en Mar del Plata es que se están gestando diferentes formas de intrusión avaladas desde algunos estamentos públicos, como la AABE en El Marquesado o el Consejo Escolar en Fortunato de la Plaza. Y eso es bastante más difícil de resolver.
Lo explica Núñez cuando dice que tanto la situación de toma de las 140 hectáreas de El Marquesado como la del barrio Fortunato de la Plaza tienen actos administrativos que avalan destinos para esas tierras. Y ahí entran a jugar intereses diversos, alineados con la intencionalidad del MTE y en contraposición con la planificación de la ciudad que puedan tener las autoridades locales y hasta los vecinos mismos, como integrantes de la comunidad.
Se genera, además, una disputa entre personas que podrían estar en el mismo lado del mostrador —concejales y vecinos— defendiendo los intereses de la sociedad ante el avance prepotente de esos grupos que ocupan las tierras. Y se pierde la visión general del conflicto, que no es la forma en el diálogo sino el accionar imperativo de los que «van por todo».
El concejal radical aportó algo interesante e importante durante la entrevista, cuando destaca que existe «legalidad del acto administrativo del consejo escolar para ceder las tierras», a pesar de que se rumorea que para llegar a eso hubo «aprietes» a consejeras escolares de Cambiemos, pero que no hay denuncias. Y recalca que «el municipio no puede sacar a patadas a la gente porque alguien le dio el inmueble. Quien tiene que sacarlos es quien cedió el predio. Nosotros nos ocupamos de la factibilidad de las tierras y de la planificación para la ciudad».
De esto también había opinado Martínez cuando criticaba la tardía respuesta de los concejales en el expediente, resaltando que «la gente de Grabois se las sabe todas. No tiene aprobada ni la primera etapa del proyecto, por la Municipalidad, en lo que sería la apertura de calles y tendido de servicios; pese a todo, se pusieron a construir viviendas, porque saben que una vez que estén construidas la Municipalidad les deberá proveer de los servicios», porque está legislado provincialmente que así debe ser.
Son muchos los casos en los que el MTE intrusa predios o espacios públicos. Ahora están variando a la modalidad de pequeños lotes, donde la situación es menos visible porque no requiere de grandes operativos. Sin embargo, esta misma semana se produjo otra ocupación a cuatro cuadras del predio donde intentan cambiar una escuela por una urbanización social. En este caso, se frenó porque, otra vez, los vecinos encabezaron el reclamo y entre la Municipalidad y la Policía lograron desactivar el intento de ocupación.
Mar del Plata está en el radar de Grabois y nadie relacionado con la política y la gestión puede decir que no está anoticiado. Varias acciones lo verifican: las más de 60 plazas y esquinas en las que se instalaron toldos azules para la venta de frutas y verduras, conformando una virtual cadena informal de verdulerías usufructuada por una cooperativa enrolada en el colectivo de trabajadores de la economía popular que está bajo el paraguas de Grabois; las ferias populares como la de Plaza Rocha que fue con ocupación violenta en sus inicios; y ahora van por tierras estatales o municipales. Una operación de pinzas clásica y contundente.
No por conocidas y a la vista de todos estas las situaciones tienen respuesta inmediata, sino todo lo contrario. El ciudadano de a pie está comprometido en defensa propia y haciendo las cosas que debiera hacer el Estado mientras el Estado parece estar mirando para otro lado. A riesgo de que, cuando se termine de debatir políticamente el tema, quizás sea demasiado tarde —como lo fue en la situación de Plaza Rocha— y no quede más remedio que observar el panorama sabiendo que todo lo logran por la teoría del hecho consumado.