Panorama judicial. Una mujer perdió la custodia de su hijo por habéselo llevado a San Luis sin autorización. Lo hizo por miedo, porque el nene estaba golpeado y no quería volver con el padre. A pesar de que lo informó de inmediato, los jueces no entienden razones.
Los tribunales de familia suelen ser ejemplos de inoperancia, de desapego con las causas de los que más sufren, de burocracia, de un abandono que raya la crueldad. Muchas veces la tragedia es el corolario de un profuso expediente, y la opinión púbica sigue preguntándose por qué nadie hizo nada a tiempo. De aquí a concluir que no les importa hay sólo un paso, porque nadie en el mundo puede ser tan ineficiente.
En tales ámbitos, el personal suele dividirse entre quienes cobran un salario y hacen carrera judicial mirando su propio interés, y quienes se comprometen a fondo con el dolor ajeno, que obviamente terminan sobrepasados de trabajo. Los que se ocupan de los casos tienen sobre sus espaldas más trabajo del que podrían hacer, porque en un conflicto familiar cada decisión cuenta, y es mucho más fácil no tomar ninguna. Simplemente dejar que el tiempo siga pasando.
Los tribunales de familia hoy son el foco, de lo bueno y de lo malo. Su pecado de omisión termina siempre en la peor de las escenas, y su versión burocrática, también. Todo empeora cuando intervienen los intereses creados, como en el caso que hoy nos ocupa.
Andrea Carro relató en la 99.9 la difícil situación que atraviesa, porque la justicia no le permite ver a su hijo. “Están vulnerando todos sus derechos”, afirmó cuando relataba una historia de 3 años que todavía no tiene resolución. El 8 de diciembre hará un festival musical en la ciudad, con lo cual pretende que la ciudadanía se entere de lo que están sufriendo ella y su hijo, aunque en los tribunales haya tanto profesional que viene, firma y se va. Tanto título, tanto sello rimbombante, tanta gente haciendo afirmaciones técnicas, e impresionando a sus superiores con el uso de una nomenclatura novedosa que trajo de su último congreso.
Pero la historia ha tenido distintos matices durante los últimos tres años, en los cuales la justicia no respondió de la manera que debía, sobre todo si, como dice, pretende salvaguardar los derechos del niño de 10 años.
Carro es profesora y comparte la paternidad con Walter González, un empresario del puerto de esta ciudad, con un poder adquisitivo muy superior al de ella. Esta madre tuvo una propuesta de trabajo muy interesante en 2012, para lo cual debía trasladarse a la provincia de San Luis. Las autoridades del tribunal no le permitieron llevarse a su hijo J, porque dijeron que debían respetar el status quo del nene. “Nunca me autorizaron a llevármelo de vacaciones o un fin de semana largo”, indicó. Su maternidad estaba en juego por razones que ella no comprendía. Aún.
Desde lejos
Según consta en el expediente, la cosa viene de largo y ha recorrido varios tribunales, pero el pequeño sigue creciendo en condiciones de enorme injusticia, es decir, sin su madre.
Ya a mediados del 2012, la perito psicóloga Ana Aroza había recomendado que se llevara a cabo una terapia vincular, a lo que Andrea accedió, aunque la misma profesional registró en las dos entrevistas siguientes que había podido percibir que el pequeño estaba “apegado a su madre” y que “expresa en todo momento querer permanecer junto a ella”.
Luego, ya en el mes de julio del mismo año, Carro presentó ante el Tribunal de Familia n°2 un pedido de autorización para viajar con su hijo a San Luis durante las vacaciones de julio, con el compromiso de retornar el 22 de ese mes. Y allí fue cuando las cosas comenzaron a complicarse.
Hubo una entrevista en septiembre de 2012 ante la jueza Marcela Meregoni, en la cual se encontraba presente el pequeño, más su terapeuta particular, Romina Sola, las peritos, y la madre, Andrea Carro. El resultado fue bastante claro: la psicóloga particular indicó que consideraba sumamente necesario el contacto de J con su mamá, y que así lo había comunicado en todo momento, inclusive al padre del niño. Agregó que su diagnóstico completo más el informe del pronóstico sería entregado al tribunal en sobre cerrado.
El pequeño intervino en diálogo directo con la jueza, y sus palabras evidenciaban el estado de confusión al cual la situación judicial lo estaba llevando. De hecho citaba a su padre textualmente, y pedía que todo se ordenara de una vez. En su situación inmanejable, el pequeño clarificaba que no podía optar por uno de sus padres, como nadie podría hacerlo. Se encontraba en el peor de los espenarios posibles, y la jueza le indicaba que estaba allí para dar su opinión, pero no para tomar decisiones ya que eso lo harían los adultos. Nadie parece pensar en el niño.
Al momento de conseguir el trabajo, Carro debió partir hacia San Luis, aunque con la ilusión de poder encontrarse con su hijo en algún momento: “Me dijeron que no me lo podía llevar. Fui a San Luis a arreglar todo y volví a los 15 días”.
Pero después de este primer viaje, todo empeoró. Durante cinco meses, el padre no le abrió la puerta para ver a su hijo, ni atendió los llamados. La madre lo denunció incansablemente, ya que de hecho él estaba cometiendo un delito, que es la obstrucción del vínculo, pero nada sucedió. Nada.
Andrea ya entonces estaba desesperada, no encontraba en los tribunales ninguna ayuda para que alguien le exigiera a este padre cumplir con sus obligaciones, y permitir que el niño y su madre pudieran seguir relacionados. Nadie la escuchaba.
Cuando pudo verse con J lo encontró golpeado, y el niño le manifestó el pedido desesperado de irse con ella. Como no tenía a quién recurrir, se lo llevó sin permiso del tribunal a la provincia de San Luis, confiada en que en ese lugar podría denunciar lo sucedido y encontraría que una justicia no amañada por el poder hiciera valer su derecho y protegiera al pequeño. No obstante, le avisó extraoficialmente a la perito Aroza que no sabía qué hacer y que se iba a ir a buscar ayuda. La respuesta fue tajante: “esto es irregular, no te puedo ayudar”.
Al llegar a San Luis, sabiendo que no contaba con la autorización para el traslado y que simplemente lo había hecho por miedo, comunicó la situación a la policía puntana. La desesperación la había llevado a actuar contra la ley, algo que reconoce plenamente, pero las razones podían más.
Recurrió a todo el mundo, incluso a la prensa de aquella provincia. En relación con esto, consta en la causa la orden de restricción contra González que determinó la justicia de San Luis, que abarca a madre e hijo, y que fue oportunamente cominicada por el Tribunal 1 a cargo de Javier Ayala, a la comisaría 5° de Mar del Plata, en fecha 22 de enero 2013.
Peor que peor
“Después vino el pedido de restitución, se lo llevaron violentamente. Me vine atrás de mi hijo con toda mi familia, estoy batallando desde hace dos años”, refiere la madre.
La primera vez que ordenaron que el nene volviera con el padre, no lo pudieron traer, porque intervino la policía de San Luis ya que había una denuncia contra González. Además, según se refiere, el pequeño se negaba a volver con su padre. Los hechos se refieren en un documento emitido por la Comisaría del Menor de San Luis: “siempre se mostró reticente a vover con su papá”. Después todo se desmadró y se lo trajeron por la fuerza.
Desde entonces, ella ve a su hijo con la presencia permanente de una asistente social. Pero lo escandaloso es que durante el primer año, esos encuentros acontencieron en el Shopping Los Gallegos, con la asistente presente y en un espacio público. Tras la queja, este año las visitas se realizan adentro de la casa de la madre: un departamento de un ambiente, donde por decisión del tribunal Andrea Carro se encuentra con su hijo sin ninguna intimidad. Encima, la profesional designada por el tribunal cobra 250 pesos la hora, que debe pagar la madre.
Pero eso no es todo: “Tenemos una psicóloga vincular que la pone el tribunal y cobra 400 pesos la hora. Si no, no puedo ver a mi hijo”, contó. Sí, auque no se pueda creer, el tribunal la obliga a asistir a una terapia vincular con el padre del pequeño con el aparente fin de mejorar su comunicación. Ella debe pagar las sesiones a las que el padre habitualmente no concurre.
La madre encuentra un obstáculo económico importante para sostener el vínculo con su hijo: si no tiene dinero asiduamente, no puede ver a su hijo, y de hecho es lo que le sucede. Pero de todas maneras, ella lo intenta todo. “Hace 20 días que no lo veo, no tengo contacto con él. Lo hemos denunciado y no tenemos respuesta. Tengo una restricción de acercamiento, hace casi dos años que no puedo ir a buscarlo al colegio. Me hago cargo de que me lo llevé sin la autorización del padre, pero…”. El Tribunal de Familia n°4 no toma en consideración los motivos que la llevaron a actuar de esa manera. Le dicen que “eso ya pasó”, que lo real es que se lo llevó.
Andrea seguirá con su lucha, y afirma: “a mi hijo le han hecho cámaras Gesell, lo han llamado varias veces, parece que experimentan con la gente”. El próximo paso que dará es hacer un festival musical el día de su cumpleaños número 11. Será el 8 de diciembre de 14 a 22, cuando se reunirán a despertar conciencia sobre lo que está sucediendo bajo el lema “Todos por Jonás Mar del Plata”, en la intersección de las calles Yrigoyen y Luro.
El expediente tiene un informe de la perito médica psiquiatra del tribunal, que nadie parece haber leído. El padre tiene una personalidad narcisista, en la que “no están facilitados los sentimientos compasivos en las relaciones interpersonales”. Se evidencian megalomanía, grandiosidad, egocentrismo, exitismo y sobrevaloración. ¿Nadie lee nada? No, en los tribunales nadie lee nada.