Compras con sobreprecios | Las empresas que vendieron alimentos a precios excesivos tienen toda una historia comercial con el Estado, y figuran en varios expedientes de denuncia. Son los amigos del poder, que siempre hacen mejores negocios. Por supuesto, paga el país.
Recientemente, el Ministerio de Desarrollo Social debió reconocer compras de alimentos a precios superiores a los que se consiguen en supermercados, que involucraban a seis empresas. Al menos dos de ellas pertenecen al mismo grupo: el de Víctor Lusardi, un gigante proveedor del Estado que tiene contratos con todo el mundo, la nación, la provincia y varios municipios. ¿Cómo lo hacen? Se trata de las firmas Forain y Teylem, que tienen amigos muy poderosos.
Pero si prestamos atención a las restantes, una es Copacabana que tuvo como titular a Osvaldo Assisa, el secretario de la Unión Argentina de Proveedores del Estado. Sol Ganadera y Alimentos Generales coinciden en su dirección y en los apellidos de sus representantes, Toscano, por lo tanto están vinculadas entre sí. MH Accurso, la última empresa, es rosarina, y es la única que se dedica específicamente a la producción de alimentos.
El ministro Arroyo le pidió la renuncia su secretario de Articulación de Política Social, Gonzalo Calvo, porque autorizó estas compras. Pero sabemos que él no pudo ser ingenuo: antes había sido secretario de Seguridad del Municipio de Almirante Brown y fue removido de su cargo tras la difusión de un video que lo ponía bajo sospecha de corrupción. Junto con él, otros catorce funcionarios de su equipo dejaron el ministerio.
El empresario Lusardi es titular de Grupo L y otras empresas como Cookmaster, dedicada a proveer comida a municipios y a la provincia de Buenos Aires. Durante la gobernación de Vidal, los Lusardi llegaron a ser responsables de gran parte de la provisión de los comedores escolares y también del servicio penitenciario, con un resultado casi escandaloso. Pero esto no es todo: en la gestión de Daniel Scioli, Arroyo era ministro de Desarrollo Social. Las empresas de Lusardi proveían comida a hospitales y cárceles.
Esta semana, las compras de emergencia de comida fueron suspendidas por el presidente Alberto Fernández en medio de un enojo que se dejó ver en las notas de prensa. Se supo que Desarrollo Social había contratado a Teylem por 56 millones de pesos para proveer 340 mil botellas de litro y medio de aceite Indigo, que pagaba a $166: una primera marca se consigue a $145.
A Teylem le iban a pagar $23 millones 340 mil kilos de arroz Don Marcos y Molinos Ala, a $68 pesos el paquete. A Forain, del mismo grupo, le habían comprado 340 mil kilos de lentejas secas a $57 millones: es decir, a $168 cada paquete de 400 gramos.
Lo primero que se filtró fue que se pagarían $28 millones por 340 mil envases de fideos semolados, a precios unitarios de $84. Ni siquiera la marca top del mercado se atreve a cobrar este sobreprecio del 51 %, pero Arroyo se justificó diciendo que los paquetes eran por kilo.
Claro que la contratación directa, sin licitación, se enmarcó en la urgencia de la emergencia sanitaria, y por lo tanto alguien del Ministerio de Desarrollo Social arbitrariamente contactó a estas empresas que son del mismo grupo.
Aún hay más: Copacabana —que iba a recibir $132 millones— pertenece a la familia Assisa y tiene una larga lista de antecedentes como proveedora de alimentos al Estado Nacional, cuidad y provincia de Buenos Aires, pero casualmente no fabrica nada. Iba a vender aceite Ideal por $53 millones, a $157 la unidad, aunque según los precios máximos debería costar $98. También 340 mil kilos de azúcar marca La Muñeca, por $25,5 millones. El precio por unidad sería de $75, cuando la de Ledesma vale $60.
Misteriosamente, las firmas Alimentos Generales y Sol Ganadera tienen sus oficinas en el mismo lugar: Avenida Corrientes 1327 piso 4. A Sol Ganadera, el Estado Nacional le iba a pagar $53 millones por 340 mil unidades de aceite y $28 millones por 340 mil paquetes de fideos semolados de medio kilo: $85,76 pesos cada uno. Alimentos Generales, nos iba a vender el kilo de azúcar a $75,20 pesos, y el kilo de arroz Ñangapiri a $68. La sexta empresa es MH Accurso de Rosario, que vendería 340 mil kilos de lentejas secas en envases de 500 gramos, a $170 pesos. No es nuevo: son los sobreprecios a los cuales están acostumbrados los que le venden al Estado.
Años atrás
Todos recordamos la intervención del Consejo Escolar del Partido de General Pueyrredón que fue sorpresiva para los actores políticos de la ciudad, e incluso para los propios consejeros. Sofía Badié, entonces presidente, decía que había sido muy conmocionante, y que analizaban muchas hipótesis. La Provincia intervenía porque decía que había irregularidades en el normal funcionamiento del Concejo.
Si bien reconocía que el funcionamiento en los últimos meses no había sido el ideal, Badié negaba las acusaciones, y decidía volver a ponerse al frente del organismo. En ese momento, Claudia Piccolo había denunciado varias irregularidades desde la tesorería, lo que impactó a la opinión pública. Todos decían que las mentadas irregularidades debían ser explicadas, pero sin embargo la auditoría marcaba sólo cuestiones administrativas de formas.
Ahora todo este proceso cobra un nuevo significado: ¿qué relación había entre las empresas amigas de la gobernación Vidal y las compras para el Servicio Alimentario Escolar, que en ese momento también protagonizó una serie de escándalos sin explicación posible?
Cuando hablamos de empresas amigas decimos por ejemplo que Víctor Lusardi es el dueño del Grupo L, el mayor proveedor de alimentos y artículos de limpieza de la provincia de Buenos Aires: un monopolio que todos dicen que fue alimentado por María Eugenia Vidal y sus ex ministros, Santiago López Medrano y Cristian Ritondo. Se dice que López Medrano fue quien le cedió al Grupo L la proveeduría de los comedores escolares de la provincia y Ritondo, por su parte, le otorgó el suministro de alimentos y artículos de limpieza para el Servicio Penitenciario Bonaerense: un negocio redondo, que llegó a recaudar más de $100 millones al año. Todo tiene una explicación: Roxana Lusardi —hija de Víctor— es amiga de Vidal y suelen almorzar juntas en el prestigioso Club Americano.
Ya en enero de 2017, se oficializó la municipalización del Servicio Alimentario Escolar, que hasta ese momento dependía de los Consejos Escolares. La medida se anunció como una prueba piloto en Vicente López, San Isidro, Morón y La Plata, entre otros. Los proveedores ya los conocía María Eugenia Vidal desde que fue ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas se encuentran Friends Food S.A. y el Grupo L. El pool empresario Grupo L reúne a Teylem S.A., Equis Quince, Blue Catering, Bagalá, Cook Master SRL, entre otras firmas.
Estas empresas también brindan el servicio gastronómico en los hospitales de la Provincia y el Servicio Penitenciario, aunque también se quedaron con el negocio de la limpieza de edificios públicos, colocación de cestos de basura, organización de eventos y capacitaciones. La empresa aumentó de forma exponencial su facturación, de $1.160.260.000 en 2016 a $1.891.829.000 en 2017 e incrementó su planta un 84%, de 503 a 925 empleados. Un éxito.
ONGs
Friends Food SA es una firma que obtuvo contratos distritales y negocios vinculados con el PAMI, además de adjudicaciones del Ministerio de Salud para la provisión de hospitales. Pero por más que la ley de financiamiento de los partidos políticos indica que las provincias, los municipios o la ciudad de Buenos Aires no pueden recibir donaciones de empresas proveedoras del estado en servicios u obra pública, eso no les importó. A través de ONG’s vinculadas a Guillermo Dietrich y Esteban Bullrich se cerró la triangulación, cuando la ONG Formar recibió más de US$14 mil en concepto de donaciones por parte de una empresa: Friends Food.
El escándalo había pasado cerca del poder cuando, en 2017, la provincia de Buenos Aires bajo la gestión de Vidal compró unas 150 mil cajas navideñas para repartir entre sectores pobres del territorio provincial mediante contratación directa. Pagó alrededor de $34 millones, cuando esas mismas cajas, incluso mejor provistas, se habrían podido adquirir por $18 millones menos. Las empresas se impusieron a otras que tenían larga experiencia en el rubro. Vidal y su ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano, pudieron haber incurrido en los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública.
¿Vidal podría haber utilizado los fondos públicos provinciales para obtener un beneficio personal? Según la denuncia en su contra, cientos de miles de bonaerenses recibieron a fin de año un pan dulce de 500grs, dos budines, un turrón, un turrón de maní, una garrapiñada y un cóctel de frutas adentro de una caja verde de cartón con el slogan “entre todos podemos más”. El gobierno invirtió $36.750.000 y contrató por $245 la caja, un 145% más que los $100 que se utilizaron el año anterior. El envío de las cajas a las distintas ciudades bonaerenses fue uno de los argumentos que justificó el alto precio. Sin embargo, en ese momento una Caja Navideña al por menor con artículos de primeras marcas podía comprarse por internet a un valor aproximado de $90 con el envío incluido. Justamente, las empresas adjudicatarias fueron RPG SA, Olazul SA, Copacabana SA y Teylem SA.
Encima,la empresa Copacabana SA solicitó en su presentación de oferta que no se tuviera en cuenta la presentación de la norma Iram-ISO 2001. La solicitud fue concedida y la empresa fue adjudicada. La empresa Teylem SA —como si esto fuera poco— registraba incumplimientos en Ingresos Brutos, pero a la provincia de Vidal no le pareció importante a la hora de convertirla en adjudicataria.
Por eso es necesario aclarar que no se trata de nuevos negocios sino de kioscos viejos, que han funcionado impunemente con todas las gestiones. Todos le cobran de más al estado con el argumento de que hay que esperar el pago por varios meses. El daño económico es grande, pero parece una costumbre instalada.