Una vez más

Se supone que las clases comienzan el 25, pero en rigor, los únicos que tienen el servicio asegurado son los asistentes a escuelas privadas. En la provincia de Buenos Aires, las posibilidades de acuerdo con los gremios docentes están cada vez más lejos. ¿Qué es lo que falta para resolver el problema? ¿Dinero o decisiones políticas?

¿En base a qué factores se determina lo que debe ganar un trabajador? ¿A lo que debería ganar, a lo que se le puede pagar o a lo que necesita para sobrevivir? ¿Quién reparte estas cartas? ¿Cuál es el castigo por haber concurrido a la universidad a estudiar una carrera y no otra? Misterio. Lo cierto es que durante 2012, el ambiente educativo se enrareció más que nunca. No había sucedido que la tarea específica de enseñar mereciera un sueldo menor al básico. No había memoria desde la crisis del 2001 de lo que significa no cobrar salarios sobre meses trabajados, y no cobrarlos durante meses.

Mientras tanto, el Estado provincial argumentaba que había que poner el hombro, ya que el problema estaba generado por el tremendo desorden administrativo, a su vez ocasionado por paros sucesivos del personal administrativo del gremio de ATE, más la serie de medidas de fuerza acontecidas en el ámbito local, cuando el personal del Consejo Escolar se negaba a trabajar sin espacio adecuado, ni aire acondicionado, ni líneas telefónicas. En ese momento comenzaba el ciclo lectivo 2012, y nadie dio la voz de alerta: esos papeles que quedaban en los estantes juntando tierra eran trámites de docentes de carne y hueso, que no iban a cobrar hasta el día del juicio final.

Pero esto no fue todo. En la primera mitad del año, todos los docentes que estaban en cargos nuevos no cobraban, y sus haberes aún no se han regularizado, ya que muchos no cobraron jamás los haberes de mayo ni junio, que quedaron engrampados en una especie de sanguchito de pagos segmentados.

Desde tiempo atrás se habían perdido las asignaciones familiares, que en la gran mayoría de las maestras y profesoras que son jefas de familia eran una parte importante del magro sueldo: superado el mínimo por trabajar dos cargos, se pierde hasta la ayuda escolar. Pero como las plagas eran pocas, encima se vinieron los grandes descuentos del impuesto a las ganancias.

El descontento se multiplicaba con el transcurso del año, ya que hubo gran cantidad de casos de empleados que sufrieron descuentos desproporcionados. Incluso los mismos que no habían cobrado en tiempo y forma, quizá un día recibían la liquidación de dos o tres meses juntos, y con ellos la mirada interesada de la Afip, que aprovechaba para dar un manotazo.

Hubo directivos con sueldos de seis mil pesos que tuvieron descuentos de dos mil quinientos, y pocas posibilidades de quejarse, porque las oficinas del Consejo se saturaban de agentes del sistema que estallaban de ira, con lo que terminaban por no atender a nadie. Claro que la alternativa para explicar que a uno no le correspondía semejante descuento era una planilla que el agente docente confeccionaría oportunamente, pero que debía enviar a La Plata. Sí, adivinó, a la misma oficina que estuvo todo el año de paro. Es decir que a fin de año estaba procesando planillas que se había presentado en marzo de 2012. Y la promesa era que  todo lo que se hubiera descontado de manera indebida se devolvería en un determinado momento. Llegaron a responder a personas desesperadas que lo consideraran “como un ahorro”.

Consideremos que se trata del trabajo -remunerado o no- de profesionales calificados, personas que han estudiado años para adquirir idoneidad en una determinada disciplina. Los que en otros países son considerados personal de planta con crédito instantáneo, y merecedores del respeto social por tener en sus manos la responsabilidad de educar personas.

Abollados

En este estado de cosas, los profesores acudían, por ejemplo, a las escuelas secundarias, a tratar de comunicarse con cursos de cuarenta adolescentes que rotan cada cincuenta y cinco minutos: pasado ese tiempo vienen otros, en general de otra escuela, para lo cual se habría desplazado a toda velocidad los kilómetros que hicieran falta. En ese estado -sin nafta, sin dinero para las fotocopias, sin ropa digna, castigado impositivamente por dar clases en tres turnos- viajaría, tratando de que le reconozcan la tarjeta del boleto docente para el transporte, porque si no es así no llegaba. Buen año.

Promediaba el ciclo cuando aconteció un discurso presidencial poco feliz: alguien prestó un asesoramiento poco adecuado, y Cristina Kirchner terminó diciendo que los docentes trabajan cuatro horas y tienen tres meses de vacaciones. Los docentes respondieron indignados que trabajaban hasta el 31 de diciembre, y se reintegraban en febrero, mascullando dónde están entonces los dos meses de descanso que faltan. A ver si se los llevó la Afip, o los tiene la oficina que no les paga las asignaciones familiares por trabajar demasiado.

Los docentes redondean sus ingresos trabajando dos o tres turnos, y así se resiente el resultado: a veces con mal carácter, agotamiento, en muchas ocasiones con clases mal preparadas y escasa bibliografía, por simple falta de tiempo. Mejor no se puede.

Pero se decía que el año comenzaría bien, porque después del fracaso rotundo del 2012, del espantoso estado de cosas que se vivió con la falta de pago, esta vez las paritarias comenzarían el 14 de enero. La idea era que hubiera tiempo para discutir y no arriesgar el ciclo lectivo, ya que la pérdida del poder adquisitivo del salario docente ya era una realidad indiscutible que había convertido la escena escolar en un tembladeral. Un fracaso tras otro.

En la segunda ronda de la paritaria nacional docente, las autoridades ofrecieron como piso salarial para el cargo testigo $3.280 a partir del primero de marzo. La propuesta fue rechazada unánimemente, ya que se consideró absolutamente insuficiente. La oferta por parte del Gobierno nacional fue realizada por el ministro de Educación Alberto Sileoni y su gabinete, el ministro de Economía Hernán Lorenzino, y el secretario de Hacienda Juan Carlos Pezoa. Es necesario considerar que se trataba de un aumento del 17%, que sacaba al cargo testigo de base de su precaria situación de $2.800, es decir menos que el sueldo mínimo del país.

Los docentes y el Gobierno volvieron a argumentar sus posiciones y finalmente se quedó en una próxima reunión a la brevedad, a efectos de lograr un punto de convergencia que los acerque lo máximo posible a la demanda inicial de un piso salarial para el cargo testigo de $3.650. Pero las esperanzas de resolución son pocas, porque la Provincia ni siquiera podría pagar ese 17% que no fue aceptado. Scioli considera un aumento posible del 6%, ya que su posición continúa siendo deficitaria.

Y ni hablar…

Pero aún no se ha comenzado a hablar del gran problema  del agujero negro del sistema educativo, que es la cuestión de la infraestructura, la que fue por años un bastión de corrupción, donde el dinero desaparece en arreglos parche, las funciones profesionales nunca se cumplen, y los edificios se caen a pedazos a los pocos años de su construcción, sin que jamás se reclame nada a quienes ganaron mágicamente la licitación inmediatamente anterior.

En general, se da por sentado que los docentes de la escuela pública y los niños que concurren a ella merecen habitar espacios en condiciones infrahumanas. Un rápido relevamiento de los días de clases perdidos en las escuelas del distrito indica que en su mayoría se debieron a los paros del gremio de ATE, que atañe a los auxiliares de escuelas, los que la gente llama porteros, que son los encargados de la limpieza. Como es evidente, resulta imposible dictar clases sin su presencia, ya que en los edificios de la Provincia hay actividades en dos o tres turnos, por lo cual las aulas están muy sucias, y los baños prácticamente intransitables al finalizar la jornada. Los días en que los porteros hacen paro, que son muchos, los docentes concurren a las escuelas, y por más que haya muchos y variados gremios que protegen las condiciones de trabajo, nadie discute su permanencia en una situación de absoluta falta de profilaxis.

Otra razón poderosa para que los días de clase se vean afectados es el deterioro de las instalaciones edilicias: se suspenden las clases permanentemente porque explotan las cajas de electricidad, no funcionan los calefactores, los patios se inundan, las chapas se vuelan, la humedad hace estragos en las paredes, las llaves de luz se vuelven peligrosas, y numerosos casos más que generan las más variadas situaciones de inseguridad. Por supuesto que ante estas demandas de solución, la posición de los inspectores siempre es no suspender las clases, ante lo cual los docentes elaboran documentos conjuntos deslindando la responsabilidad civil sobre los accidentes eventuales que puedan acontecer a los alumnos, y de esa manera se termina logrando el cierre del edificio. Llega la gente de Infraestructura, hace un parche, y al día siguiente hay clases. Las estadísticas indican que sólo en el nivel inicial, en General Pueyrredon tienen problemas de infraestructura más del 48% de los edificios.

El panorama para el 2013 no es mejor. La completa implementación del sexto año de la secundaria obligatoria se encuentra con una pared difícil de atravesar: no hay salones previstos, por más que durante 2012 se realizaron numerosas reuniones para priorizar la construcción de aulas en las escuelas que estaban en esta situación. Durante el mes de vacaciones, que es enero, la gente de Infraestructura no hizo nada, no hubo ni construcción, ni mantenimiento de lo ya existente. Es decir que sexto año de la secundaria en las escuelas públicas funcionará cuando se pueda, en días alternados, y en salones prestados por alguna institución cercana, como una asociación de fomento o una parroquia.