Juez Inchausti | Otra vez el juez caprichoso. El sector frutihortícola de la ciudad ya tiene miedo de sus allanamientos arbitrarios y permanentes, con la Ley de Trata como caballito de batalla. Un abogado local lo denuncia ante el Consejo de la Magistratura por su mal desempeño.
Es sabido que el sector frutihortícola está enfrentando hoy toda una variedad de problemas que no permite su desarrollo. Ya han hablado sobre los inconvenientes que debieron afrontar por factores climáticos, tras los cuales no tuvieron acceso al crédito. Hace poco tiempo hubo, además, una controversia por el mantenimiento de los caminos rurales, que parecen ser un problema de nadie. Pero siguen adelante.
Otro grave problema, por el cual mantuvieron una reunión con funcionarios, es la formalización laboral de sus obreros, tradicionalmente vinculados por un acuerdo de porcentajes sobre la ganancia. Luego de varios allanamientos ordenados por el juez Santiago Inchausti, los emprendedores del sector fueron acusados de trabajo esclavo sin más fundamento que el de ser los dueños de los campos. Hoy permanecen 20 o 25 personas procesadas bajo esta figura legal.
Desde hace tiempo, los productores vienen trabajando en la regulación, para generar una nueva ley que otorgue transparencia a los acuerdos tradicionales. Pero la justicia federal no acepta el testimonio de las supuestas víctimas, porque el juez considera que son personas vulnerables, que no están en verdaderas condiciones de prestar acuerdo a sus condiciones de trabajo.
Por eso, los dueños consideran que hay un verdadero hostigamiento obsesivo e ideológico sobre el sector, ya que Inchausti hasta pone como agravante de las precarias condiciones de trabajo, la falta de cloacas y gas natural. Pero resulta que en el campo no hay acceso a estos servicios vitales que otorgan confort. Como los operativos no otorgan pruebas suficientes para llevar adelante las causas, vuelven a allanar innumerables veces el mismo sitio hasta encontrar algo que les dé razón.
En la 99.9, se refirió al tema el titular de la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines de General Pueyrredón, Ricardo Velimirovich, quien señaló: “hace tiempo que venimos trabajando en la normalización, pero ahora nos encontramos con personas detenidas, y otras causas donde ni siquiera hay procesados. Hay algunos campos donde siguen haciendo allanamientos todos los meses buscando pruebas de un delito del que los acusan, pero nunca las encuentran. Hay muchos productores que están con ganas de abandonar la actividad”.
Hartos de todo
Según se desprende del testimonio, la tarea de los cultivos -ya dura por su misma naturaleza- se ha convertido en un trabajo más ingrato aun. Narra Velimirovich que hay una persona detenida hace un año, sin que haya podido declarar la parte acusadora. Pero el juez Inchausti ha enviado al acusado a la cárcel de Ezeiza, así que ni siquiera la familia lo puede ver. Hay más casos que llevan cinco años sin pruebas, y sin embargo la causa no se cierra.
Lo cierto es que la Cámara Federal, lejos de supervisar el desempeño, les convalida todo como muestra de sus maniobras corporativas: “Inchausti hace uso y abuso de la ley de trata”, dice el productor, “pero el Colegio de Abogados no le niega el apoyo porque Inchausti les da mucho trabajo a los profesionales. Hay productores que se han quedado sin nada. Es muy duro. No nos permiten defendernos, estamos atados de pies y manos, y solamente podemos esperar a ver qué pasa”, agrega.
Otro de los que están cansados de Inchausti es Martín Ferra, defensor de los acusados en la llamada causa de la comunidad gitana. Ahora ha decidido ir ante el Consejo de la Magistratura, para ver si el comité de disciplina comprende que el magistrado está cayendo en las figuras de abuso de autoridad, violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho activo y pasivo, malversación culposa de caudales públicos y prevaricato, además de la denegación y retardo de justicia.
Dice la presentación: “varios colegiados matriculados ante el fuero federal de nuestra ciudad han efectuado reiterados cuestionamientos y reclamos respecto de numerosos abusos funcionales y jurisdiccionales, ocurridos en las distintas causas que tramitan ante ese fuero, lo que ha motivado varias denuncias penales radicadas en fiscalías y juzgados de primera instancia del mismo y numerosas denuncias administrativas, quejas y reclamos de pronto despacho ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, órgano superior jerárquico a cargo de la Superintendencia del Fuero Federal en nuestra ciudad… sin resultado efectivo a la fecha, la mayoría de las cuales son excusadas, justificadas o desestimadas y archivadas “in límine”, sin producción de prueba alguna, en forma sistemática, al ser tramitadas ante funcionarios del propio fuero, colegas y subordinados del magistrado denunciado, lo que podría constituir a su vez, un claro corporativismo judicial de impunidad”. Es decir que lo denuncian todos, pero no les dan ni la hora,
Dádivas
El abogado insiste ahora en decir que el titular del Juzgado Federal Nº 3 y subrogante del Juzgado Federal Nº 1 recibió un predio rural de Jorge Newbery -que utiliza para depositar vehículos incautados- sin cumplimentar con la legislación vigente para la adquisición, locación, cesión, uso y tenencia bienes por parte de organismos del Estado nacional. Por este hecho se instruyó una causa por averiguación de ilícito, que fue sin embargo desestimada, sin producción de prueba, en junio de 2017. La decisión fue apelada en la Cámara inmediatamente, aunque la desestimación fue confirmada hacia finales de año.
Es llamativo que, además de no cumplir con el procedimiento legal de licitación pública para la adquisición o locación de inmuebles por parte de los organismos de Estado nacional, el juez Santiago Inchausti recibe el predio a través de sólo un acta confeccionada en la secretaría del juzgado por la secretaria Silvia González. Para acreditar la propiedad, sus dueños -Ulises y Ginés Masía- sólo acompañan un simple boleto de compraventa sin firmas certificadas, sin sellado o timbrado impositivo alguno, sin escritura traslativa de dominio correspondiente, ni informe de dominio, ni de anotaciones personales –inhibiciones- actualizados.
Se trata de un importante inmueble rural de una superficie de veinticinco hectáreas, equivalentes a 250.000 metros cuadrados, adquirido por un precio de compra de U$S 400.000. Sin embargo, no hay constancia de tributación o denuncia del bien ante los organismos de recaudación tributaria, ni municipal, ni provincial ni nacional. Dice el abogado Ferrá: “Llama la atención decimos, por cuanto el magistrado denunciado cuestiona, valora e imputa en los autos de procesamiento dispuestos en causa 6228/13, para llamar a indagatoria y procesar a los distintos imputados, en su mayoría miembros de la comunidad gitana de Mar del Plata, la presunta “informalidad de la operatoria comercial” que realizan los mismos, justamente por medio de boletos de compraventa…”. Es decir, exige una prolijidad que no cumple, y la cesión del predio de manera gratuita se parece mucho a una dádiva.
Inchausti se refiere al acusado Hugo Esteban diciendo: “… gitano -y su entorno gitano-, que se dedicaría a la compra venta de rodados, en su mayoría de alta gama, montando para ello un comercio clandestino con la fachada de concesionarias o galpones, que no estarían sujetos a ningún tipo de registro, ni tributo, ni control fiscal y por consecuencia sin aportar los correspondientes impuestos…”.
El abogado explica que además de demostrar un excesivo celo en la pesquisa que él mismo no cumple, Inchausti recibe el predio como depósito judicial de automotores secuestrados sin las mínimas condiciones de seguridad, y viola las ordenanzas municipales que rigen en materia de playas de estacionamiento, garages y cocheras en el ámbito del partido de General Pueyrredón. Lo recibe en forma gratuita, sin contraprestación alguna, lo que podría considerarse dádiva por su oficio y en el ejercicio de sus funciones. Lo acepta por medio de un acta en la sede de la secretaría de su juzgado, de parte de los supuestos dueños, poseedores de un simple boleto de compraventa, sin firmas certificadas, sin sellado o timbrado fiscal, sin registración visible, sin pago de impuestos o tributación.
Las ordenanzas municipales para cocheras abiertas o cerradas, públicas y privadas dentro del Partido de General Pueyrredón, establecen como medidas mínimas de seguridad para espacios de hasta 1.500 m2, la cantidad de 7 matafuegos manuales, 7 baldes de agua, 7 baldes de arena, y 1 elemento más, matafuego, balde de agua y arena, por cada 500 m2 de exceso. Pero este predio tiene 250.000 metros cuadrados, y al momento de efectuar la constatación, había solo 3 matafuegos para 250 automotores secuestrados. Luego de reclamar en innumerable oportunidades, el predio sigue contando con sólo 3 matafuegos de 25 kg cada uno, sin suministro de agua corriente, ni mangueras contra incendio, ni nichos hidrantes, ni baldes de arena o agua. Como puede verse, Inchausti hace uso y abuso, pero todos lo dejan hacerlo.
En ese sentido, pudieron reunir a los que toman decisiones en un sólo lugar, algo que es poco común porque habitualmente las reuniones se realizan de forma separada: “teníamos presentado hace muchos años un proyecto para los trabajadores que están a porcentaje que es una metodología habitual en todo el país. Queríamos que se junten todos los Ministerios en una reunión para mostrar lo que tenemos y fue muy bien visto. Pudimos hablar con el diputado Aicega porque queremos generar una nueva ley y transparentar este sistema”, adelantó.
El problema judicial también debe ser abordado y lo están penando los productores con justificaciones hasta ofensivas: “hay una malainterpretación de la vida rural y la vida del campo. Cuando uno lee las causas, las declaraciones de lo que llaman como víctimas, indican que como son pobres y bolivianos no son loables sus declaraciones. En la parte rural pone como agravantes la falta de cloacas y gas natural, algo que nadie tiene en el campo. Con ese concepto, estamos esperando a quien le toca nada más”, indicó preocupado.