Educación municipal | El procurador general se expidió a favor de que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires atienda a este conflicto de poderes: los docentes municipales ya no percibirán la bonificación histórica y el Concejo Deliberante se habría excedido en la sanción de la ordenanza.
El intendente municipal Carlos Arroyo recurrió a la justicia en diciembre del año pasado para demandar al Concejo Deliberante: planteó la existencia de un presunto conflicto de poderes que se puso de manifiesto cuando los concejales de quisieron recomponer el valor de la bonificación docente que la gestión del intendente había dispuesto reducir. Dice el dictamen que se evidencia: “un avasallamiento por parte del Concejo Deliberante de facultades que la Constitución y las leyes reglamentarias pusieron en cabeza del titular del Departamento Ejecutivo”.
Si bien se ponen en claro los argumentos de una y otra parte, se establece que en lo que se refiere a las remuneraciones, el Concejo Deliberante ha invadido competencias que no le corresponden, ya que las cuestiones que se evalúan dependen del titular del ejecutivo municipal, quien está a cargo de la “exclusividad en esta temática”.
Como se recordará, el intendente Carlos Arroyo fue quien a fines de octubre pasado decidió modificar la liquidación de una bonificación que formaba parte del haber de los docentes municipales y que se había pagado durante los últimos 30 años. De esa manera, las remuneraciones de un docente municipal eran bastante mayores a las recibidas por los maestros y profesores del sistema provincial.
La medida fue ampliamente rechazada por los docentes, los gremios, e incluso el Concejo Deliberante, que aprobó por insistencia una ordenanza con el fin de revertir el decreto de Arroyo. El cuerpo legislativo dispuso que la municipalidad liquidara a sus docentes una bonificación especial. Buscaba dar marcha atrás con el decreto que reducía el pago a liquidar.
La justicia
La justicia admitió el recurso de la comuna, y por lo tanto se supone que se va a ratificar la postura del municipio sobre los pagos de las bonificaciones docentes.
El Secretario de Educación de General Pueyrredon, Luis Distéfano, expuso en la 99.9: “debimos llegar a esta instancia porque no fuimos escuchados en los canales anteriores como la interpelación en el Concejo Deliberante. Para proteger los intereses de los ciudadanos, nos presentamos ante la justicia”.
Explica que es anticonstitucional que “cuatro horas sea igual a siete”, y se refiere así a un virtual recuento de las horas de trabajo del docente municipal, cuya puesta en discusión forma parte de toda una acción que implica este reordenamiento del sistema municipal, que incluyó una auditoria.
El funcionario expone que fue el propio Arroyo quien le planteó al secretario un ordenamiento del sistema educativo, ya que era necesario encontrar una forma de sustentabilidad en el tiempo, para lo cual se requiere recuperar financiamiento. Distéfano agrega: “Estamos trabajando en utilizar el fondo educativo en la infraestructura escolar con décadas de atraso. Es de usos y costumbres dejar que ciertas cosas pasen, y la política del intendente es atacar cada punto inconsistente”.
Si bien ha habido mucha resistencia, explicó que no todos los directivos se oponen al reordenamiento: “Encontramos muchos otros directores a los que se les ha explicado la normativa y lo han comprendido. Muchos directores han trabajado alineados, han acompañado y ya se encuentran ordenados… estas cuestiones, al docente común lo excedían”.
El secretario detalla que —en este proceso de permanente saneamiento del sistema de educación de la comuna— diariamente se encuentra con particularidades administrativas que, cuando va a buscar la norma en la que se respaldan, se entera de que sólo se hacen por costumbre. Explica que eso sucedió con la tan mentada bonificación: no se explicaba por qué carga horaria se estaba abonando.
Expuso además que estas resoluciones ayudarán a equilibrar las cuentas de un distrito muy amplio como el de General Pueyrredón, y que necesita del dinero que se iba fuera de la ley para utilizarlo en otras cuestiones: “educación municipal tiene la mayor cantidad de escuelas a cargo, y hay que darle sostenibilidad y recuperar financiamiento que se fue perdiendo por estas irregularidades. Cuando la provincia detecta estas cosas, corta automáticamente los aportes y hace que los marplatenses y batanenses hayan aportado en el último año 450 millones de pesos que tendrían que haber salido del convenio con Nación y Provincia. Queremos recuperar eso para infraestructura”, dijo.
Un capítulo aparte representan las afirmaciones del secretario en relación con la influencia que los sindicatos pudieran haber ejercido sobre las decisiones de los concursos docentes para acceder a ascensos: “en cuanto a los concursos para acceder a cargos jerárquicos, los representantes del sindicato tenían una participación que superaba lo que correspondía. Los veedores deben participar para verificar que todo sea conforme a normas, pero no participan de la definición de las problemáticas que se toman en el concurso y la corrección de las instancias de evaluación; pero esto era lo que sucedía. Accedían a información como qué se iba a tomar en los concursos con anterioridad. Eso puede generar desigualdad con otros docentes”, explicó el funcionario.
Se refiere así a algunas de las cuestiones en las que han tratado de poner orden, que están fuera de reglamentación, y que se seguían realizando sólo por costumbre: “Tenemos un intendente que no piensa en el costo político sino que toma la decisión que se debe tomar”. Incluso agregó que este ordenamiento de la bonificación docente está teniendo impacto en las obras de las escuelas que es algo histórico para el distrito.
Malestares
Claro que la auditoría a las instituciones que dependen de la Secretaría de Educación de la municipalidad debe de haber generado reacciones de todo orden. Sobre todo, porque cada una de las instituciones ha debido aportar la documentación solicitada para explicar movimientos de cargos, antigüedades y demás. Porque el sistema municipal de educación ha construido un prestigio histórico que lo ha distinguido de los demás durante años.
Pero el malestar general y el enfrentamiento con el sindicato partió de aquel decreto que lleva las firmas del intendente Carlos Arroyo, del secretario de Hacienda Hernán Mourelle y del titular de la Secretaría de Educación, Luis Distéfano. Con ese documento, el gobierno eliminaba las bonificaciones especiales que desde hacía 30 años cobraban docentes municipales y que les permitía tener un mejor salario que los docentes del ámbito provincial. La disposición surgió de la Secretaria de Educación y fue avalada por Hacienda y por el intendente, entendiendo que se corregía una norma impropia que llevo a que se pague por horas no trabajadas durante los últimos 30 años. Tal como señaló en una entrevista emitida por la 99.9 el secretario Distéfano, esto implicó un perjuicio millonario al erario público.
A partir de entonces, las autoridades de la secretaría de Educación del Sindicato de Trabajadores Municipales, fundamentalmente la titular, Alejandra Ayek, se expresaron en la comisión de Educación del Concejo Deliberante para ese cambio que dejaba sin efectola ordenanza de 1989.
Decía: “No vamos a permitir que nivelen hacia abajo el salario de los docentes municipales”, además de “nunca hubo tanta falta de respeto hacia los docentes”, o “es una barbaridad eliminar por decreto esta bonificación de 20 años de historia”.
A partir de entonces, los concejales acordaron citar para la siguiente reunión de la comisión de educación a Mourelle y a Distéfano, para que brindaran detalles y explicaciones sobre esta decisión: la eliminación de la bonificación especial docente, que hasta ahora les permitía a los maestros municipales cobrar un salario equiparado con el resto de los trabajadores municipales y por encima de lo que cobran los maestros del ámbito de la provincia de Buenos Aires. Como respuesta, el secretario dijo: “técnicamente, la decisión adoptada por el Ejecutivo municipal es inobjetable”. Distéfano considera que esta bonificación se venía liquidando mediante un cálculo erróneo: “Desde la cúpula del Sindicato sabían hace tiempo de esta irregularidad […] Se realizaba un cálculo en base a un módulo mínimo de 35 horas, cuando en realidad un maestro trabaja mínimo entre 20 y 22 horas”, precisó. El cálculo lo hace Hacienda y es simplemente numérico. Las otras razones no están en la norma.