Caso Hooft | La Cámara de Casación consideró que la grabación casera de la conversación entre el fiscal y el abogado tiene valor de prueba. Sobre todo porque en ella, el ministerio público reconocía que la causa contra Hooft había sido armada bajo presión de funcionarios y letrados.
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, a través de los votos concordantes de los doctores Eduardo Rafael Riggi y Juan Carlos Gemignani, declaró la legalidad y validez de la prueba aportada por el querellante Pedro Hooft. Se trata de la grabación de la conversación que su hijo Pedro Federico Guillermo Hooft mantuviera el 11 de marzo de 2013 con el fiscal Claudio Kishimoto en la puerta del domicilio de este. Allí, el fiscal le expuso las presiones que recibía de sus superiores para acusar al magistrado, y las irregularidades en la causa que por delitos de lesa humanidad pretendían instalar en su contra.
En este marco, los jueces de Casación consideraron que la desestimación de la denuncia no se ajustaba a derecho, y en consecuencia la anularon, apartaron a los magistrados intervinientes y ordenaron que se investigaran las hipótesis presuntamente delictivas formuladas por el querellante, Pedro Hooft.
Las primeras acusaciones contra Hooft fueron presentadas en Mar del Plata en 2006, por el fallecido Eduardo Luis Duhalde, entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, y por otros representantes de organismos de Derechos Humanos. Cuestionaron al magistrado por su supuesta falta de acción o incumplimiento de sus funciones en la tramitación de recursos de hábeas corpus presentados ante detenciones ilegales ocurridas durante el gobierno militar, en especial las que tuvieron como víctimas a abogados marplatenses en la Noche de las Corbatas. Durante la instrucción de la causa, el hijo del juez relató un encuentro que tuvo con el fiscal federal de la causa, Claudio Kishimoto, y declaró: “Me dijo que la causa contra mi padre era «un gran verso» y que no entendía por qué la Procuración General lo había comprado. También me dijo que fue presionado por el fiscal de cámara para firmar el pedido a indagatoria de mi padre“. Tales las palabras de Hooft hijo, quien presentó la denuncia ante la Justicia, porque la mencionada conversación había sido grabada por él.
A partir de allí, la procuración general de la Nación apartó a Kashimoto de la causa, y nombró en su lugar a Carlos Adrián Martínez.
Pero el tema era la validez de la grabación de la conversación: había sido obtenida en circunstancias particulares, y eso fue lo que llevó a que el juez de primera instancia no la considerara válida, por más que su contenido evidenciara las estrategias armadas contra Hooft. Se argumentó –además- la posible autoincriminación del fiscal. Luego, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó la desestimación por inexistencia de delito, mediante la desvalorización de la grabación y de las transcripciones de la conversación entre Hooft hijo y Kishimoto por las mismas razones, tras lo cual, el abogado decidió llevar la protesta a Casación.
Alto tribunal
En efecto, la defensa de Hooft se constituyó nuevamente en denunciante, y calificó de arbitraria la resolución, por haberse limitado a desmerecer el valor de la conversación grabada entre Pedro Federico Guillermo y el fiscal Claudio Kishimoto, sin avanzar en la incautación de documentos, allanamientos, pruebas informáticas y testimoniales que se habían solicitado. Insistió en el mérito de ese diálogo registrado en la grabación, y detalló que no hubo ninguna forma de coacción sobre el representante de la fiscalía. Negaba además que pudiera considerarse como autoincriminación, ya que en realidad revelaba la presión ejercida sobre él para que continuara con una persecución penal carente de fundamentos.
Como se ha explicado in extenso, Pedro Cornelio Federico Hooft y su hijo ya venían denunciando que el juez fue objeto de una persecución penal por delitos de lesa humanidad vinculada a su función a cargo del Juzgado Penal nº 3 de Mar del Plata. Hicieron alusión a una presunta confabulación entre funcionarios del Ministerio Público Fiscal, el juez federal Martín Bava, integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, organizaciones de Derechos Humanos y organizaciones sociales, letrados patrocinantes de los querellantes, en particular el abogado César Raúl Sivo, y otros miembros de su estudio, intervinientes en los pedidos de juicio político en su contra.
La cámara de Apelación hizo hincapié en la ilegalidad de esa grabación, porque se había realizado sin conocimiento del interlocutor, y para obtenerla el hijo del juez imputado se había presentado en el domicilio en horas de la noche, abusando de la confianza que aquel le depositara. Dijeron además que había encauzado el diálogo hacia el proceso seguido a su padre, induciendo al fiscal a expresarse de forma autoincriminante. Por eso la desvirtuó como prueba válida, y descartó asimismo la existencia de irregularidades en el expediente seguido a Pedro Cornelio Federico Hooft por delitos de lesa humanidad.
Pero Hooft hijo sabía que la conversación registrada no había sido la única. Ambos se habían cruzado en los pasillos de los tribunales en el año 2011, y Claudio Kishimoto, fiscal en el expediente seguido contra Hooft padre, le había manifestado a Hooft hijo que la causa seguida contra su papá respondía a una venganza personal iniciada por el abogado Sivo, y era además impulsada por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Daniel Adler, en virtud de una relación entre ellos. Por eso, la conversación del 11 de marzo de 2013 en la puerta del domicilio particular del fiscal fue grabada con el uso de una aplicación de celular por parte de Hooft hijo, y a juicio de los denunciantes, constituiría la prueba más cabal de la injusta y tendenciosa persecución penal que estaría sufriendo el magistrado por supuestos delitos de lesa humanidad. Básicamente, Kishimoto habría reconocido que era presionado por el fiscal general Adler y otros funcionarios del Ministerio Público Fiscal –entre ellos Jorge Auat- para continuar con la causa a sabiendas de las infundadas acusaciones
De entrada, el juez federal subrogante Luciano Bianchi había dicho que era ilegal y que se había afectado el derecho a la privacidad de Kishimoto, quien desconocía que estaba siendo grabado. Entendió que el modo en que se desarrolló el acto “fue susceptible de haber generado la expresión de palabras y pensamientos que bajo circunstancias de total libertad y voluntad nunca las hubiera referido”. Tampoco resultó extraño que la Cámara Federal de Mar del Plata confirmara la decisión del juez en todos sus términos, y declarara ilícita la prueba obtenida.
Fuerte y claro
Ahora por fin la Cámara de Casación se puso a pensar un poco, y determinó que las conversaciones entre particulares no pueden ser consideradas per se inválidas, precisamente porque la libertad probatoria permite la incorporación -a través de medios no reglamentados- de elementos que apunten a descubrir la verdad real de lo sucedido, en la medida en que no afecten otros principios o garantías constitucionales de las personas.
Dice el fallo de Casación: “Y en el caso que nos ocupa, a diferencia de lo sostenido en las instancias previas –donde se alegaron vulneraciones a la privacidad y la autoincriminación- no se ha verificado a nuestro criterio ninguna lesión constitucional que amerite apartarse del principio general antes referenciado”.
La explicación argumentada es clara: en primer lugar, no existió una intromisión indebida de un tercero en la conversación privada que mantuvieron Hooft hijo y Kishimoto, sino que fue una de las partes quien obtuvo el registro de la charla, con lo cual no es posible inferir allí una vulneración genérica de la intimidad del interlocutor. Sí la habría si alguien ajeno intercepta una comunicación sin autorización judicial o consentimiento de los involucrados.
Tampoco, consideran los jueces de Casación, puede invocarse la garantía contra la autoincriminación, por dos cuestiones básicas. En primer término, porque al momento de producirse la conversación, no existía proceso penal alguno en contra de Kishimoto, motivo por el cual no revestía la calidad de imputado. Y además, porque no se aprecia que el fiscal haya sido compelido u obligado física o moralmente a decir lo que manifestó en la conversación que mantuvo con Hooft. Lo dijo porque quiso.
Entonces, considerando que la grabación obtenida por Hooft hijo resulta una prueba válida, queda claro que la desestimación de la denuncia no se ajusta a la solución legal que correspondía adoptar: “No podemos dejar de tener en cuenta la trascendencia probatoria para el caso de la grabación cuestionada y su eventual carácter corroboratorio de otros elementos convictivos que pudieran resultar de soporte a la hipótesis denunciada por la querella, en cuanto a la actuación de ciertos funcionarios del Ministerio Público Fiscal que habrían instado o presionado a Kishimoto a promover y ejercer la acción penal pública contra Hooft (padre) por delitos de lesa humanidad, aun sabiendo que la imputación carecía de sustento”. Y agregan que no están afirmando que ya se encuentren probados aquellos delitos penales que los querellantes han denunciado, sino que cuando consideraron erróneamente inválida la prueba principal, concluyeron anticipadamente en la desestimación.
Reza la conclusión: “Conceptuamos que la resolución de la Cámara, como la del señor juez de instrucción, resultan arbitrarias en atención a que, previo a su dictado, han omitido cumplir la sustanciación que ameritaban las circunstancias y, en consecuencia, recolectar los elementos de prueba que podían resultar relevantes para la investigación de los eventuales delitos de acción pública denunciados, extremo que nos impide considerar a los cuestionados pronunciamientos como derivación razonada del derecho vigente; y ello así, pues se adoptó un temperamento definitivo conclusivo del proceso sin efectuar ni realizar la más mínima pesquisa en orden a los hechos eventualmente relevantes puestos en conocimiento de la autoridad jurisdiccional”.
Todo el mundo a trabajar, y ahora sí, habrá que ver qué tienen que decir en su defensa los nombrados en la conversación. Porque queda claro que acusar a Hooft, más que un deber, era casi una obsesión. Y está grabado.