Impunidad jurídica. Parece que nunca termina. Hablamos otra vez del abogado que acostumbra quedarse con el dinero de sus clientes. Pero los estafados siempre son débiles, incapaces de reclamarle por una u otra razón. Es un abogado protegido por su militancia política, dicen, a quien nadie quiere tener de enemigo.
Esta noticia se desenvuelve en el tiempo, y sigue produciendo la misma sensación: lo que llamamos vergüenza ajena, la incomodidad que nos generan las acciones de otro, inmorales o impropias. Hace unos meses, este semanario detalló la requisitoria para elevación a juicio presentada por la Fiscalía 10 -a cargo de Lorena Hirigoyen- contra un abogado de la matrícula local, Pablo Javier Gentile.
En aquel momento, se explicaba que el letrado había sido acusado por la UFI ante el Juzgado de Garantías n° 4, bajo la figura legal de defraudación por administración infiel. Su actitud se calificaba de vergonzosa: se aprovechó de que su cliente era chino, de que no conocía el idioma ni la cultura. De que no conocía ni las costumbres ni la legislación, y sobre todo, de que vivía al otro lado del mundo. Hoy sabemos que no fue la única vez: que hizo lo mismo con un analfabeto.
Como se daba a conocer en aquel artículo, el abogado Gentile cobró ilegalmente la indemnización que le correspondía a su cliente de nacionalidad china, tras un proceso por daños y perjuicios, cuya sentencia del 2007 fijó la suma en más de $400.000. Pero, claro, nunca le avisó del acuerdo al que se había arribado, ni que el pago se había efectivizado.
El pobre Xiadong Xing, el denunciante, vivía en China en 1999, cuando su esposa Ping He sufrió un grave accidente en esta ciudad. La mujer murió en el hecho: un incidente vehicular, sucedido en la intersección de las calles Martínez de Hoz y 12 de Octubre.
Xing supo entonces que podía reclamar una indemnización por daños y perjuicios a la Empresa de Transportes 25 de Mayo SRL, que había sido parte interviniente en los hechos que terminaron con la vida de Ping He. Por esa razón, se contactó con el abogado Gentile, con el fin de que lo representara en el proceso judicial, y le firmó un poder general para juicios. Lo hizo en su nombre, y también representando a su hija menor de edad, Yingxin Xing.
Desde allí en más, el proceso del reclamo de indemnización fue interminable. Xing viajó varias veces a la Argentina con la esperanza de cobrar el dinero que le correspondía por la muerte de su esposa, pero nunca obtuvo una respuesta clara de su abogado. Gentile le decía que había que esperar, que todo estaba muy demorado.
Ya en 2007, padre e hija sospecharon el engaño, por lo cual en diciembre el denunciante llegó a la ciudad otra vez. Cuando vio a Gentile, él le dijo más o menos lo que le decía siempre: “…sigue en la Cámara, muy demorado, con la apelación de los peritos”. Nunca le dijo que se había llegado a un acuerdo por la suma de la indemnización, y que entonces Gentile había solicitado al juez de primera instancia que se le extendiera un cheque para cobrar en nombre de Xing.
Con un rápido ardid, Gentile se hizo de $167.000. Pero por supuesto que no se conformó con esto, sino que además cobró un monto de más de $154.000 en concepto de honorarios, tras lo cual encima pretendió reclamar una litis causa establecida en el 25%. Cuando todo se supo se disculpó, afirmando que el dinero había estado depositado en su estudio jurídico a disposición del denunciante, que no había podido ser ubicado telefónicamente en China, y que solamente debería haber pasado por el domicilio profesional para cobrar.
Xing afirma en su declaración que hay constancia de los numerosos encuentros, sobre todo de los acaecidos durante el mismo 2007, cuando el cobro ya se había efectivizado. En realidad, Pablo Gentile ya hacía casi un año había percibido el dinero del capital correspondiente al denunciante.
De todos modos, y por más vergüenza que dé la historia, nadie parece querer ganarse un enemigo dentro del edificio de tribunales. El juez de garantías Juan Francisco Tapia desestimó desde hace tiempo la posibilidad de actuar, y fue la Cámara de Apelaciones la que consideró que era procedente.
Más vergüenza
Pero cuanto más atrás se investigue, más se alcanza la evidencia de que el abogado Pablo Javier Gentile tiene la vieja práctica de delinquir. En particular mantiene la costumbre de apoderase de los dineros de sus clientes, que siempre son personas con dificultades para seguir el proceso.
En esta oportunidad, se da a conocer otra de sus grandes obras, que fue quedarse con la indemnización de un cliente aprovechándose de su condición sociocultural, ya que le costaba mucho acercarse hasta el estudio, mucho más a tribunales, y encima no sabía ni leer ni escribir. De hecho firmaba con la huella del dedo pulgar.
Ya el 28 de agosto de 2001 -cuando se pudo verificar la estafa- se realizó la elevación a juicio, donde el fiscal Pablo Poggetto -para la UFI Departamental de Delitos Económicos- hacía constar que Gentile se había apropiado indebidamente de $335.400 que eran efectivamente propiedad de su cliente César Santucho. Ese dinero había sido pagado por la empresa San Cristóbal SMSG, tal como resultaba ordenado en la causa que se tramitaba ante el Juzgado Civil y Comercial n° 5.
En realidad, el depósito había sido de $500.000 en concepto de daños y perjuicios, por un convenio suscripto en concepto de resarción, capital y costas. Entonces, Gentile había abusado de la confianza dispensada, había violado el deber de fidelidad en el manejo y cuidado de su patrimonio de su cliente con claro fin de lucro, ya que le había ido entregando a Santucho -en cuotas de entre $1.000 y $500- poco más de nueve mil pesos, como toda indemnización. Apremiado por las circunstancias, y con posterioridad a la formación de la causa, depositó judicialmente un total de $90.400 para aquietar las aguas.
Dice el documento de elevación: “Surgen numerosos, graves, precisos y concordantes indicios que, en un contexto de apreciación y valoración de la prueba por libre convicción, permiten acabadamente dar por acreditados los extremos de imputación sobre los injustos penales, como así también sobre la autoría y responsabilidad penal de Pablo Javier Gentile”. Por esa razón se lo ha imputado por apropiación indebida, o alternativamente como defraudación por administración infiel y estafa procesal en grado de tentativa y falsificación ideológica de instrumento privado en concurso ideal.
Sin embargo, y en una clara muestra de lo que significa no tener límite alguno, en junio de 2000, Gentile, como apoderado de Santucho, se presentó ante el Juzgado Civil y Comercial n°5, y llevó consigo un convenio de honoriarios donde insertó un texto de puño y letra falso. Allí había escrito la aseveración de que su cliente había percibido $250.000 en concepto de capital.
Lo falsificó, lo hizo para engañar al magistrado, y su cliente analfabeto recordó que en varias oportunidades le había hecho firmar papeles -en realidad, imprimir su huella- en los cuales había espacios en blanco o no había texto alguno.
Impune
Tal es este caso con aristas políticas ciertas. Gentile ni siquiera fue condenado por esta estafa que hoy se debate en tribunales civiles. Al ser elevada la IPP por el entonces fiscal Pablo Poggetto, la justicia de garantías decidió que no había elementos suficientes para proseguir la causa. Vergüenza ajena, sí.
Por obvias razones, el fiscal no podía creer lo que oía, entonces buscó el aval de la Fiscalía General para reclamar justicia en los Tribunales de Casación. Pero intervino entonces Juan Manuel Pettigiani -entonces fiscal general adjunto- y determinó no acompañar el recurso, con lo cual Gentile quedaba penalmente impune.
La conducta de la Fiscalía General resultaba insólita, por lo cual lógicamente desde todos los sectores comprometidos en la causa se pedían explicaciones que nunca llegaron por el camino oficial. Pero por fuera, las voces de pasillo decían que Gentile era un protegido, un militante peronista que se encontraba al frente de una unidad básica.
Pettigiani había extendido así su protección para Gentile, había bloqueado todo intento de hacer justicia, porque ninguna condena debía caer en su contra. La indignación de Pogetto -hoy juez de Cámaras- quedó en silencio.
Claro que poco puede sorprender ya de las acciones que puede llevar a cabo Juan Manuel Pettigiani, que tiene el hábito de mezclar permanentemente la política y la acción que debería realizar en el ámbito de la justicia. De hecho, cuando fue el candidato puesto para encabezar la boleta del PRO en Mar del Plata, se presentó ante las autoridades del partido en Buenos Aires a un día de las elecciones, para anunciar que declinaba su candidatura: había recibido una mejor propuesta del Frente Renovador, y sus convicciones le daban igual.
Ya nada sorprende. De hecho participó de una reunión con Javier Faroni hace pocos días, seguramente urdiendo un nuevo plan que lo reposicione. Porque los funcionarios judiciales a veces también dan vergüenza ajena: si no fuera así, no existirían lo impunes, los que pueden estafar a los incapaces sabiendo que nadie les cobrará la deuda. Son los protegidos que siempre caen de pie, los que saben que si todo sale mal, hay poco que no se arregle con una buena caja de champagne acompañada de un sobre sugerente.
Las acciones en contra de Gentile por este desfalco a sus clientes todavía están en trámite. Los defraudados por su doloso accionar aún aguardan por su dinero, que la compañía de seguros pagó religiosamente, en tiempo y forma. Pero claro, habrá que encontrar a alguien que conserve un poco de vergüenza y sea capaz de decir la verdad, lo cual en el edificio de tribunales, no es una empresa demasiado fácil.