Denuncia contra Fernández Garello | El Fiscal General de Mar del Plata quedó en la mira, luego de que se hiciera pública la denuncia en su contra por su supuesta participación en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Y no es el único fiscal al que le tiembla el piso.
El Fiscal General se defendió blandamente de las acusaciones en su contra. Lo hizo diciendo que los documentos tenían “vestigios de falsedad”. No dijo que era un disparate. No dijo que a quién se le podía ocurrir semejante barbaridad. Dijo que el nivel de falsedad de esta denuncia se reducía a un vestigio. Y un vestigio es una huella, un rastro. Es decir que sólo con esto, reconoce que casi todo es cierto.
Parece que mientras los organismos de Derechos Humanos convocaban a una concentración a nivel nacional para reclamar por el juicio político al funcionario en el Congreso de la Nación -más precisamente los integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), referentes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, CELS, Abuelas de Plaza de Mayo, APDH nacional, el Serpaj, la Liga por los derechos del hombre y Asociación de familiares de detenidos-desaparecidos por razones políticas, la diputada Victoria Donda, la presidenta de la comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, y el diputado Leonardo Grosso-, Fabián Uriel Fernández Garello reconocía ante una extraña reunión con los fiscales su participación en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante los años de plomo.
No tuvo más remedio que hacerlo, porque como ya se ha dado a conocer, la CPM presentó ante la justicia documentos del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), que involucran al funcionario judicial en dos causas por delitos de lesa humanidad: el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez, y el secuestro y tortura de tres militantes comunistas.
Según consta en los documentos del archivo de la Dipba, durante la dictadura cívico-militar el ahora Fiscal General de Mar del Plata se desempeñó primero como oficial ayudante, y luego como oficial subinspector en la delegación de San Martín de la Dipba. Según aseguran desde la CPM, “entre 1978 y 1982, Fernández Garello participó en 17 intervenciones de espionaje político y gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos; todos estos actos de inteligencia fueron realizados en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado”.
Un muerto en el armario
Apenas puede el fiscal general Fernández Garello negar las acciones por las cuales ahora lo denuncian, y sólo atinó a decir: “las circunstancias referidas por la Comisión Provincial por la Memoria evidencian serios y preocupantes vestigios de falsedad”. Además dijo estar “a entera disposición de la Justicia para aclarar cada uno de los puntos mencionados en la documentación presentada en la denuncia”.
Por supuesto, desde el gobierno provincial deben haber comenzado los movimientos para separarlo del cargo. Sobre todo ahora, que su relación con la DIPBA y los informes que la denuncia ha presentado lo ligan cada vez más con los mencionados casos de secuestro y asesinato. El abogado de Derechos Humanos y periodista Pablo Llonto brindó detalles en la 99.9 sobre el caso más emblemático sobre el que se basa la investigación, el del asesinato de Ana María Martínez: “era militante del PST, y fue secuestrada en la zona norte del Gran Buenos Aires una noche que salía hacia el almacén. En febrero del 82 fue metida dentro de un Falcon, y para esa época se pensaba que la cantidad de secuestros era menor. Este caso conmovió al país porque fue seguido de asesinato. Encontraron su cuerpo tirado en el límite entre las localidades de Tigre y Escobar”, recordó.
Comentó además que durante las investigaciones que se han llevado a cabo en los últimos años, se pudo comprobar la fuerte participación de la inteligencia de la Policía de la Provincia al momento de llevar adelante los posteriores secuestros. Entre otros centenares de personajes, allí estaba Fernández Garello. Incluso, la DIPBA había generado hasta material fotográfico, al cual se ha podido acceder recientemente, y que permite avanzar en el caso Martínez: “estos documentos indican que hubo infiltración de la DIPBA, y un seguimiento de Ana María antes de su secuestro, incluso con fotos. La documentación tiene fotos de Ana María ingresando a un bar, seguimientos, es un informe que ahora se debe profundizar, para saber quiénes fueron los responsables y los superiores que ordenaron ese seguimiento”.
En cuanto a la participación de Fernández Garello en el tema, para todos termina siendo demasiado evidente como para negarlo: “aparece como integrante de la DIPBA haciendo seguimientos. Tanto él como otros estaban en la DIPBA y cumplían un rol gravísimo. Como todo tema relacionado con la actuación de policías y militares haciendo inteligencia, tiene dos partes. Una es la penal y la otra el aspecto político, pero deben responder por ambas”, finalizó Llonto. “Su rol no era precisamente hacer recortes de diarios”.
El abogado expuso que, a su criterio, todas las personas que tuvieron un rol en la dictadura y hoy son funcionarios de la gestión democrática, deben dar un paso al costado. En cuanto al Fiscal General, se han encontrado documentos del seguimiento con su nombre. Ahora, resta determinar si la infiltración culmina con esa información -que le era entregada a otro agente, lo cual implicaría un delito de participación-, o si su acción fue más allá en los hechos que pusieron fin a la vida de los militantes.
Ana María
Los medios de la época son unívocos: se preguntan qué sucedió con ella, en un momento en el cual ya los crímenes de Estado habían mermado, y el periodismo no sabía si cabía conectar a la militante del PST con la entonces llamada “cuestión de los desaparecidos”. Sobre todo porque ya estaba en claro que el PST no era una organización armada.
Llonto relata, a propósito de esto, que hubo otro caso de cinco jóvenes que se reunían a leer política en una biblioteca, y la DIPBA informó que en realidad estaban planeando un enfrentamiento. Por esa razón los jóvenes fueron secuestrados: “Acá se informó que el PST se estaba entrenando para desarmar policías, lo cual culminó con el secuestro y asesinato de Ana María”, dato sugerente a la hora de evaluar cuánto tuvieron que ver los informes de esa división de inteligencia con los crímenes posteriores, es decir si sus integrantes fueron o no partícipes necesarios.
En las revistas del 82, los titulares preguntan qué pasó con Ana María, mientras Benjamín Menéndez afirma que a los desaparecidos hay que olvidarlos, porque deben estar en otro país.
La situación general del país no es solamente un contexto para la raigambre de la denuncia. María del Carmen Falbo anunció su retiro, y todos se preguntan cuál será ahora el destino de los fiscales generales, que deberían seguir en sus cargos sin contar con su protección. Son su legado, pero ahora, una multitud de denuncias parece afectar aquel poder, que hasta ahora permaneció intacto.
En San Isidro, por ejemplo, reinaba Julio Novo, quien hoy está suspendido, aunque formalmente sigue en su puesto de Fiscal General. El 25 de octubre pasado, la Justicia lo procesó por encubrir a narcotraficantes: la sospecha es que obstaculizó la investigación del doble crimen de los colombianos en Unicenter en el 2008, para evitar que la causa llegara hasta los hermanos Juliá, los pilotos presos en España por traficar una tonelada de cocaína.
Antes de este escándalo, en 2009 un grupo de 13 fiscales de San Isidro había presentado una denuncia penal inédita contra Novo, por someterlos a maltratos y arbitrariedades. En la causa que se abrió se presentaron testigos que declararon que Falbo lo estaba protegiendo, y que una de las maniobras que habría hecho para hacerlo era enviar este expediente a Mar del Plata y cerrarlo. ¿Por qué a Mar del Plata? Porque el Fiscal General de este distrito es otro de sus allegados: Fabián Fernández Garello, a quien ahora la Comisión Provincial por la Memoria denunció en dos causas por delitos de lesa humanidad.
Según los documentos presentados, durante la dictadura, el ahora jefe de todos los fiscales marplatenses era un espía. Se habría infiltrado en reuniones de las Madres de Plaza de Mayo con la Conferencia Episcopal, y también lo vinculan con torturas y detenciones ilegales de militantes comunistas. Todo un adalid de la justicia.
No es el único fiscal general que deja Falbo al que le están saliendo los muertos del armario. El de Morón, Federico Nieva Woodgate, tiene abierto un jury por su propio rol durante la dictadura, cuando era juez de Lomas de Zamora. Además de rechazar 140 hábeas corpus de familiares de desaparecidos, en 1977 autorizó al Ejército a trasladar a un preso político -Angel Georgiadis- para un “interrogatorio” en un regimiento. Varias sesiones de tortura después, el detenido apareció suicidado. El fiscal no se dio por enterado.
El denunciante en esa causa fue el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien recientemente también confrontó a otro de los legados de Falbo, el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo. El titular del Servicio de Paz y Justicia quería verlo para transmitirle su preocupación por una gran cantidad de casos de malas praxis médicas en Malvinas Argentinas, que se estaban investigando con una lentitud muy favorable al intendente Jesús Cariglino. El jefe de los fiscales, ex subsecretario de Política Penitenciaria de Solá, se negó a recibirlo. Porque ellos fueron los reyes y señores de la justicia durante tantos años, que no pierden sus costumbres.