Necochea. Los silos. La investigación por una supuesta maniobra que implicaría tres hechos delictivos distintos. ¿Sobreseimiento apresurado? Otros tiempos se avecinan. La causa que involucra a Bibel, Portela, Porcaro y compañía; y un giro premonitorio de posibles nuevos aires.
La construcción de una terminal de granos por un valor de 60 millones de dólares en el puerto de Quequén, que luego le sería concesionada a quien llevara adelante la obra, derivó en una causa penal que involucró a funcionarios judiciales y operadores políticos, entre otros; todo bajo la mirada atenta y los tentáculos extendidos de quienes ejercen su turno en el poder.
Corrían mediados de la década pasada —también ilustrada por el kirchnerismo como parte de «la década ganada» (sic)— cuando, en Necochea, Roberto Florentino Porcaro, operador de esta facción peronista, con fuerte injerencia en la política vernácula, era encartado junto a varios reconocidos vecinos de esta región sudeste.
Aquella causa en búsqueda de verdad alrededor de una amañada operación incluía obras públicas, bonos de deuda soberana y posibles pagos entre los denunciados. Y no sólo figura Porcaro: en la larga lista de personas mencionadas aparecen nombres relevantes como el del juez federal de Necochea Bernardo Daniel Bibel; el fiscal Juan Manuel Portela;el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Daniel Eduardo Adler;y el administrador portuario, José Luis de Gregorio.
En Azul, el juez Martín Bava dictó sobreseimientos para estos y otros encartados, allá por mayo de 2019. Los confirmó la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata dos años después, en octubre de 2021. Y ahora, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, conformada por los jueves Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos los revocó y dejó sin efecto, a excepción del sobreseimiento de Adler.
La sustancia jurídica
De lo resuelto por la Casación se desprende que todo viene desde la primera hipótesis delictiva vinculada a la adjudicación a un consorcio de sociedades privadas de la construcción de una terminal de granos y su posterior explotación como concesionario.
El juez Hornos hace el caminito de la historia y reseña que empezó con un pedido de informes del concejal radical de Necochea, Alberto Daniel Esnaola, dirigido al fiscal federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani,queriendo saber sobre la radicación y el estado del expediente FMP2492/2013 que tramitó en el Juzgado Federal de Necochea, con intervención de la Fiscalía Federal de allí. Al no poder determinar dónde estaba ese expediente, se le pidió al fiscal José María Campagnoli —denunciante de esa causa— información al respecto.
Campagnoli tampoco pudo dar con el legajo, e inició una instrucción preliminar que la dependencia a su cargo sustanciaría. Explica Hornos que aquello derivó en la denuncia que se investigó «por la presunta irregular instrucción de la causa FMP2492/2013 y el dictado de una resolución que dispuso su archivo de forma arbitraria, mediante una evaluación parcial de los hechos y en contra de los mandatos legales», maniobra que habría sido llevada acabo por el titular del Juzgado Federal de Necochea (Bibel), el titular de la Fiscalía Federal (Portela) de la misma localidad y el Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata (Adler), en connivencia con los restantes imputados, para que la direccionaran en el sentido indicado, pudiendo haber recibido a cambio —en la hipótesis de máxima— una contraprestación patrimonial.
¿Qué se investigaba en la causa FMP 2492/2013? Tres hechos: la irregular adjudicación de una obra pública en el puerto de Quequén y concesión de su explotación, por U$S 60.000.000, a un consorcio de sociedades privado —entre las cuales se encontrará la firma Financial Net Sociedad de Bolsa S.A.—, sin la debida licitación o compulsa de precios, violando la ley de contrataciones del Estado; recepción de un pago por u$s 1.000.000 por parte de Porcaroy su esposa, Patricia Sirvente, a través de bonos del Estado, para hacer valer su influencia sobre los funcionarios públicos a cargo de la administración del puerto —presidida por José Luis de Gregorio—, con el fin de que se concretara la contratación ilegal; y posible lavado de activos, en tanto los títulos de deuda soberana para pagarle a Porcaro tendrían origen ilícito.
Agregan que «los bonos, que pertenecerían a la empresa Helvetic Services Group S.A., habrían sido transferidos a Porcaro y la operación se habría llevado a cabo por Financial Net Sociedad de Bolsa S.A.». Y se detalló, asimismo, que «de acuerdo con la denuncia de Campagnoli, desde que fue recibida la causa FMP 2492/2013 en el Juzgado Federal de Necochea, el Fiscal no habría encaminado las medidas de prueba pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos, sino que, al contrario, habría incurrido en un actuar deficiente para direccionar las actuaciones a su archivo, temperamento éste que fue adoptado por el juez, quien se basó para ello principalmente en el dictamen desestimatorio del acusador».
Resalta Hornos que uno de los imputados —Porcaro— designó como perito de parte a Eric Adler para que, en su defensa, llevara adelante los análisis contables que se ordenaran en el marco de la investigación. Entendió que esta circunstancia era «relevante» por tratarse del hermano del Fiscal General Daniel Adler y «podría ser reveladora de que el dictamen Fiscal de grado respondió a un modo de proceder ordenado por su superior jerárquico». Y remata con que los jueces de la Cámara Federal valoraron la instrucción de Bava y, luego de producir diversas medidas probatorias propuestas por el Ministerio Público Fiscal, decidió el 27 de mayo de 2019 rechazar las restantes pesquisas solicitadas por ese órgano acusador y dictar el sobreseimiento de todos los denunciados.
Sin embargo, Boransky, Carbajo y Hornos creen que durante la investigación «poco y nada se había instruido en relación con la operación bursátil por la que Porcaro, presuntamente, habría recibido un pago a través de bonos del Estado, para influir sobre funcionarios públicos, buscando la adjudicación y que se podría haber tratado, además, de una maniobra destinada al lavado de activos a través de esa operación de títulos».
La defensa oficial de los encartados, obviamente, negó aquello y exhibió argumentos para sostener el sobreseimiento. Explicaron que la prueba poco podía aportar a la verdad, en cuanto se trataba de algo ocurrido siete años atrás. Y señaló que «no existe prueba de cargo encontra de sus asistidos: ni testigo encubierto, denuncia anónima, empleado del juzgado o fiscalía, llamada, reunión, grabación, pago, acuerdo, promesa, incremento patrimonial o siquiera documento de Lex100 adulterado» por lo que «nada permite sostener que se archivó el expediente para beneficiar operjudicar a nadie».
Siga, siga, señor juez
Los tiempos de la Justicia Federal se van adecuando mucho a los cambios sociales: nótese que, mientras se investigaba, promediaba el año en que cambiaría de manos en el Poder Ejecutivo Nacional (2019). Las decisiones de entonces favorecían a los involucrados. Cuando la balanza imaginaria de la sociedad parece inclinarse hacia el lado opuesto, la Justicia Federal también.
¿Qué fue lo que hizo Casación? Considerando los argumentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal, anuló los sobreseimientos de Bibel, Portela, Porcaro y compañía —excepto el de Adler—dispuestos y ratificados anteriormente por Bava y la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. En otras palabras, que se vuelva a investigar todito y todo, hasta el final.
Porque entendieron que los sobreseimientos se habrían dictado con de forma poco convincente. Como que el juez, en su discrecionalidad, puede no considerar algunas pruebas, pero tiene que dar debidas explicaciones. Algo que no ocurrió y que es parte de lo que le reclama el Ministerio Público Fiscal en su queja: «Se agravió de la falta de respuesta a los planteos oportunamente efectuados. Destacó que la decisión sólo mencionó las medidas practicadas a lo largo de la instrucción —pero no sus resultados— y omitió explicar los motivos por los cuales las pruebas propuestas por la parte resultaban improcedentes».
Además, entienden que hubo una «interpretación forzada de los elementos reunidos en la investigación para otorgarles un sentido unívoco desincriminatorio» y también explican que se debió referir al expediente FMP 2492/2013, cuya remisión fuera requerida por el Juzgado Federal de Necochea antes de decidir, ya que «aquella labor resultaba dirimente pues tiene inescindible vinculación con el objeto de la causa».
Por otro lado, objetan al juez original que «estuvo ausente el análisis sobre las declaraciones juradas patrimoniales de los magistrados investigados recabadas de la Procuración General de la Nación». De la mano de esto, la fiscalía criticó que «no se haya hecho valoración ni apreciación alguna en relación con los informes positivos obtenidos de los distintos organismos registrales —Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires y Registro Nacional de la Propiedad Automotor— en cuanto a la adquisición de bienes por parte de los denunciados, durante el período comprendido entre octubre de 2013 y diciembre de 2015». El Ministerio Público Fiscal expresó que «se había requerido —desde la fiscalía— amplios estudios patrimoniales con relación a los encartados, que incluyeran las transacciones bancarias efectuadas durante la época de los hechos, estimando insuficiente la prueba llevada a cabo sobre esta cuestión particular». Y hasta se puso en duda la efectiva apertura de los sobres reservados para su ajustada examinación.
Los tiempos empiezan a cambiar. Tras la sentencia acusatoria a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como «Vialidad», el animal político de mayor olfato y el tiempista más oportuno de los poderes del Estado en Argentina, la Justicia Federal, va recalculando su rumbo.
Como en el fútbol, cuando el referí grita «siga, siga», en este caso la orden desde la Cámara Federal de Casación Penal se la dan al juez, pero para que vuelva a instruir sobre la causa y ver si, en el medio, no quedaron algunos cabos sueltos que merezcan ser atados.