Casino del Mar | Aldrey Iglesias publicó una solicitada, ofendidísimo porque el secretario de Hacienda comunal, Hernán Mourelle, dijo que su canon de explotación está subvaluado, y que implica una defraudación al fisco. Lo toman como una persecución, y le exigen que se desdiga. ¿Pagar?, ¿ellos?
Aldrey Iglesias dice que su empresa Hermitage SA no ha cometido defraudación contra el Estado municipal. Lo dice en una solicitada que publica en su propio diario, claro, porque le sale gratis. Y afirma que el secretario de Hacienda ha faltado a la verdad con semejantes acusaciones, por lo que está esperando a que se desdiga públicamente de sus dichos, “por cuanto están sustentados en un grosero error de interpretación de la documentación puesta a su disposición”.
Dice que Mourelle tiene a su mano un recibo de pago de los sellados que abona la firma Boldt, por un monto muy elevado. Y que de allí infiere equivocadamente que el contrato que sostiene esa empresa con el Hermitage asciende a 84 millones de dólares, pero que esta cifra es errónea. Concluye que se trata de un enorme monto pagado en sellados, porque corresponde a todos los contratos que esa firma sostiene con el Instituto de Lotería de la Provincia de Buenos Aires.
Obviamente, la aclaración aparece porque están cercados. Salen a dar explicaciones porque por primera vez están viendo que se les acerca la hora de hacer las cuentas, ya que la ciudadanía se está enterando por fin de que tener un casino en Las Toscas les cuesta menos que un departamento en un PH.
Este medio ya refirió que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo respondió al pedido de amparo de Boldt SA, que pretendía quejarse por la clausura del Casino del Mar, porque los titulares nunca terminaron la habilitación correspondiente. Ellos aducen que la iniciaron en 2005, y que, cuanto mucho, la culpa sería de la municipalidad por no haberla terminado.
Pero los camaristas Elio Riccitelli y Roberto Mora se encontraron con que la titular del juzgado en lo Correccional N° 2 ya había desestimado in limine la acción de amparo que había pretendido promover la firma Boldt contra la Municipalidad de General Pueyrredon, y encima con costas a su cargo. Por eso le dijeron que se ocupe de gestionar la habilitación como corresponde.
Historia antigua
En 2005, la Municipalidad de General Pueyrredon había autorizado a Hermitage SA a ceder la explotación de uno de los locales del Paseo Las Toscas y Paseo Hermitage en favor de la empresa Boldt SA, con una autorización provisional que podía ser revocada por la autoridad competente. Ya en aquel momento, los debates en el Concejo Deliberante fueron acalorados, entre quienes no estaban de acuerdo con la autorización y los que sí la aceptaban. Los opositores convenían en que, por más que se efectuara una ordenanza nueva, igualmente se estaría infringiendo un cambio en las bases del pliego de licitación que no correspondía, como el concejal Rodríguez. Otros, como el concejal Salvador, se oponían porque no estaban de acuerdo con el juego de azar, por más legalizado que estuviera, y adujeron cuestiones de orden religioso. Los que sostuvieron la positiva afirmaban que, en realidad, aquellas voces opositoras se alzaban porque estaba de por medio Aldrey Iglesias, y que no estaban de acuerdo con entorpecer la actividad privada, que tanto le daba a la ciudad.
El decreto provincial 2018-350 ratificaba la Resolución del Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, que prorrogaba los términos de los contratos con la empresa Boldt SA hasta el diciembre de 2018. Pero la habilitación municipal la tenían que gestionar los empresarios, y no la completaron. Incluso la licencia provincial para la comercialización de bebidas alcohólicas –REBA- que presentó la empresa a la hora que solicitar el amparo, se encuentra vencida desde el 26-04-2012.
Los magistrados camaristas referían las palabras de la jueza: “En ese contexto, y ponderando que es un hecho indubitado que la firma Boldt S.A. carece del requisito de habilitación municipal que exige la Ordenanza N° 20.054, expuso que mal podía entonces reputar como manifiestamente ilegítimo el proceder de la Comuna y, menos aún, procurar justificar tal irregularidad en la circunstancia de que durante 13 años el Casino del Mar hubiera funcionado en esos términos”.
Pero contra viento y marea, Boldt considera que la tienen que dejar explotar la casa de juego de cualquier manera, porque lo permitieron durante 13 años. Que la clausura le resulta intempestiva, ilegítima y arbitrara, y que la jueza de grado ha adoptado una decisión prematura. Aduce que inició el trámite de habilitación en el 2005, y que si la comuna no emitió la oblea y toleró el funcionamiento del casino durante más de una década, hay una “conducta omisiva del Municipio en resolver el expediente administrativo”.
El secretario de Hacienda municipal, Hernán Mourelle, respondió a una entrevista en la 99.9, y explicó al respecto: “Hermitage SA tiene concesionados una cantidad importante de locales sobre la rambla, todo lo que es la cochera cubierta, otros cientos de lugares de cochera descubierta, el escenario natural donde se hacen distintos eventos donde empresas pagan mucho por utilizarlo; además de 5 balnearios y donde estaba funcionando el Casino del Mar. Por todo eso, Hermitage SA paga hace muchos años -y por concesión de gobiernos radicales- menos de 9.000 pesos por mes”.
De cualquier forma, los empresarios de Boldt están absolutamente escandalizados porque la suerte judicial les es adversa. Nunca aceptaron que trabajaban sin habilitación, y sólo aducen la validez de aquella ordenanza municipal que los autoriza a la explotación. No conforme con esto, la nota publicada cierra con una clara amenaza de generar un perjuicio económico a la comuna, con el cual se piensa cobrar los chirlos de la justicia: “abre las puertas a un juicio millonario contra la comuna que, claro está, deberán afrontar las próximas autoridades comunales con el consiguiente perjuicio económico para el erario público”.
Apelaron
La cuestión es que ahora la Cámara le contestó que en materia de policía de faltas municipales se aplica el Código de Faltas Municipales, que establece un específico régimen recursivo, confiando la revisión judicial de los actos administrativos a los jueces ordinarios con competencia en lo correccional. Esto pone en juego la admisibilidad del recurso, tras lo cual los camaristas respondieron que una clausura por falta de habilitación no es asunto de ellos, y citan: “dentro de las 72 horas podrán interponer los recursos de apelación y nulidad, los que se concederán con efecto suspensivo y serán resueltos por el Juez en lo Correccional en turno de la jurisdicción”. Así, los jueces les aclaran a los empresarios que hay un sistema de control judicial específico contra una medida dispuesta por la Municipalidad en ejercicio del poder de policía en materia de faltas. Por eso, la firma no puede elegir la vía del amparo para proteger sus derechos, porque hay un camino procesal expresamente instituido para eso.
Desde 2013, Pablo Retamoza -entonces concejal del Frente para la Victoria- pedía informes al Municipio sobre por qué Florencio Aldrey Iglesias pagaba un precio irrisorio por la concesión del balneario. Es decir que el cuestionamiento no era ni sorpresivo ni intempestivo. El edil destacaba: “En 2004, por una excepción se autorizó el anexo del Casino Central. En la misma ordenanza se establecía que se tenía que presentar una readecuación del canon porque cambiaban las condiciones de explotación”.
Sin embargo, los precios nunca se ajustaron. La única modificación se dio el pasado verano: “la tarifa entre los 10 y 20 años de concesión es de 100.000 pesos. Por resolución del EMTUR de este verano, la firma Hermitage SA paga 110.000 pesos, lo mismo que el pliego de bases y condiciones de 1999. Es decir que no se presentó la ordenanza de readecuación del canon que exige la ordenanza de 2004”.
En ese mismo año, y haciendo uso de la mayoría automática, Acción Marplatense archivó el proyecto de pedido de informes sobre el canon de explotación de los paseos Hermitage y Las Toscas. Retamoza decía: “la excusa del oficialismo para archivar el proyecto fue que el documento estaba mal redactado, pero luego el concejal Héctor Rosso cambió de opinión y dijo que en realidad no respondían porque según el presidente del EMTUR, Pablo Fernández, la readecuación del canon se realizó en tiempo y forma”. Por último, el concejal calificó a la situación de “vergonzosa” y aseguró: “Vamos a seguir trabajando en estas cuestiones porque queremos que en Mar del Plata se termine la política de la trampa y los privilegios para unos pocos”. Cinco años después, la voluntad de cobrarles se hace firme. Y no quieren pagar.