Denuncia contra la Aduana | Serias irregularidades fueron detectadas en la Aduana local. No se guardaban las medidas de seguridad indicadas por la normativa vigente. Parece que el llamado corredor rojo, de máximo resguardo, era, en esos años, de cualquier color. Podía pasar un elefante, porque nadie veía nada.
El diputado provincial de Cambiemos Maximiliano Abad presentó una denuncia ante la justicia federal de Mar del Plata por lo que se entienden inicialmente como severas irregularidades en la Aduana de nuestra ciudad. Los posibles delitos cometidos van desde el incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad hasta el contrabando y la evasión impositiva. En la 99.9, Abad dio detalles de la manera en que los funcionarios del período cuestionado no guardaban ni siquiera las formas. Al decir de la denuncia, cualquiera de estas fallas, de haberse verificado de manera aislada, podría haber sido considerada un acto de negligencia. Pero todas juntas, sólo le permiten pensar en un procedimiento deliberado, que aflojara todos los controles previstos, que debieron servir para evitar el contrabando, y posiblemente, para impedir que la exportación de pescado congelado continuara siendo vehículo para el traslado de cualquier otra cosa. Esto ya pasó tantas veces en el país que parece un hecho acostumbrado.
No queda en claro, sin embargo, cuáles fueron las firmas que se beneficiaron con semejante estado de cosas. Los nombres de quienes exportaron bajo estas condiciones blandas de descontrol no surgen de los informes legales, porque aparentemente están protegidos por el secreto fiscal. Por eso es que el diputado solicita a la justicia que procure la indagación necesaria, con el fin de revelar quiénes fueron los que se vieron favorecidos, al menos en lo comercial.
Nadie puedes saber a estas alturas qué fue lo que salió o entró por esa calle abierta que fue la Aduana local. Pero en cuanto se sepan los nombres de los operadores se podrá establecer, más allá del incumplimiento de los deberes de funcionario público de quienes eran responsables de los mecanismos de control, quiénes son los particulares que pudieron haber cometido contrabando. De aquí que operativamente será necesario que el juez primero se ocupe de levantar el secreto fiscal, para que luego la información imprescindible se vuelva accesible a quienes buscan justicia.
La denuncia se basa en auditorías que fueron realizadas en el puerto local durante los años 2012/2013. Dijo Abad ante la 99.9: “Es una auditoría de la AGN de 2012/2013 que fue el primer informe donde se constataron irregularidades respecto de la importación de pescado congelado en la Aduana de Mar del Plata. En 2014 se hizo una nueva auditoría, y se comprobó que todo lo que había recomendado la Aduana en materia de normativa aduanera para los controles y seguridad, seguía de la misma manera”. Más allá de que la palabra negligencia aparece como primera indicación, remarcó que en realidad hay algo más: “entendemos que no hubo negligencia, sino que Mar del Plata se convirtió en una zona liberada para el contrabando por el accionar de los funcionarios”.
La cuestión es concreta: se dio luz verde a la salida de pescado, que es una mercadería que se exporta bajo luz roja, es decir con las mayores medidas de seguridad por los riesgos que implica. Es evidente que procurar contrabando en un container de pescado congelado, que además está precintado, es un elemento ideal para el narcotráfico. No hace falta ser imaginativo: tal forma de delito se verificó en más de una oportunidad, ya que diversos embarques de cocaína disimulada en los empaques de pescado fueron noticia a nivel nacional. Dijo Abad: “debía haber medidas de seguridad para que esto no sucediera. Además de un verificador, tiene que haber scanner, perros adiestrados y demás cuestiones. La normativa dice que el control debe ser exhaustivo en estos productos”.
Canal rojo
Lo que se denomina como canal rojo es donde debe haber más controles, por ser la operatoria con más riesgo de contrabando, pero todos los elementos técnicos que estaban destinados para eso resulta que no funcionaban: “lo que dice la auditoría es que la mercadería que debía ir por el canal rojo, que es el más estricto, iba por el canal verde. También se decía que las balanzas no estaban habilitadas, los scanners no funcionaban desde hacía mucho tiempo. Tampoco había back up, es decir que la información sólo quedaba almacenada en el propio scanner con una memoria limitada. El depósito fiscal en Mar del Plata –que funciona en el aeropuerto Astor Piazzolla- tenía habilitación provisoria por 60 días obtenida en 2009, y luego no se renovó. Las irregularidades son muchas”, agregó Abad.
En su denuncia, Abad describió “situaciones escandalosas” relacionadas con el control de mercaderías. La exportación de pescado congelado requiere cursarse por el denominado canal rojo, que implica no sólo el control en la persona del verificador, sino además el control intrusivo, que incluye desde scanners y densímetros hasta perros adiestrados, y el control con toda la tecnología disponible. Sin embargo, en el puerto de Mar del Plata, un porcentaje de esa mercadería cambió de canal, y no existe la información de por qué. Además, la Aduana no cuenta con los mecanismos de control ya que, por ejemplo, no hubo un camión scanner destinado durante meses. “Por lo tanto el control se restringe a la participación del verificador, de una persona”, señaló. En el circuito cerrado de televisión, por ejemplo, se comprobó que las autoridades de la Aduana no tenían el control de las imágenes, y para poder verlas debían pedírselas a la empresa que proveía el servicio. Es decir que la Aduana no contaba con monitores para observar de manera directa las imágenes de lo que pasaba allí mismo, y dependía de una empresa tercerizada para acceder a esa información.
Abad enumeró, además, mecanismos que pudieron conducir a facilitar la evasión: las balanzas tenían certificados de habilitación vencidos, por lo que no se sabía si el peso declarado de la mercadería a granel era el correcto. El depósito aduanero no estaba habilitado, cuando debería cumplir con todas las medidas de seguridad y control; y no había precios de referencia que permitiesen determinar lo que realmente debe tributarse al Estado. “Salvo en dos productos, no había precios oficiales” demandó el legislador, y dedujo lo que cualquiera puede pensar: si se fijaba el monto de la mercadería exportable de acuerdo a lo que un empleado establecía, y no había control riguroso en el peso de lo embarcado, el Estado estaba completamente desprotegido frente a una posible defraudación.
Los responsables
Pero nadie puede hacerse el distraído. Lo que sucedió durante el período mencionado no es responsabilidad del deterioro, ni de los años que tienen los equipos, ni de ninguna casualidad, sobre todo porque según establece la ley, el agente del Estado es garante ante la sociedad. Dice la denuncia: “Se agrava la situación por la posición de garante de los funcionarios y empleados públicos. Así, la doctrina establece que la posición de garante es la situación en que se halla una persona, en virtud de la cual tiene el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico que es evitable. Cuando quien tiene esa obligación la incumple, y con ello hace surgir un evento lesivo que podía ser impedido, abandona la posición de garante. De modo que viola la posición de garante quien, estando obligado específicamente por la Constitución y/o la ley a actuar, se abstiene de hacerlo, y con ello da lugar a un resultado ofensivo que podía ser impedido”. El funcionario público ha incumplido.
Agrega la presentación de Abad: “La Aduana de Mar del Plata, según el informe, recibía de la Subdirección General de Control Aduanero en la materia, Alertas Generales y Alertas de Destinaciones Oficializadas (ADO), tendientes a intensificar los controles sobre cuestiones generales, considerando por ejemplo tipo de mercaderías, operadores o medios de transporte, o puntualmente mediante la revisión de una operación en particular, respectivamente”. A pesar de todo, durante la auditoría no se tomó conocimiento de la utilización de ningún registro de las alertas de control recibidas y de las acciones vinculadas de forma de visualizar su integridad, consideración y efectividad. No se obtuvo evidencia de que hubieran mejorado, en las Divisiones Aduanas, las pautas de trabajo específicas, para que pudieran mejorar las acciones, en función del riesgo evaluado que estaban corriendo, y que habían generado las alertas.
Finalmente, considera que es de interés destacar el modo de operar de los funcionarios públicos que se desempeñaban en la Aduana Mar del Plata: en los años 2012 y 2013 se auditó el desempeño de sus controles en actividades de exportación pesquera, y se constataron irregularidades en sus funciones que motivaron actuaciones administrativas. Esas acciones fueron confirmadas posteriormente por la AGN, en el año 2014.
Por eso cierra: “Todo lo expuesto es un claro indicio de que existió la conducta señalada, y que tendría el objetivo de facilitar la comisión de los delitos de contrabando y evasión fiscal a través de la deliberada desarticulación de todos los mecanismos de control de la Aduana en el Puerto de Mar del Plata, mediante el doloso incumplimiento de los deberes de las funciones públicas de los funcionarios competentes”.
Ahora, todo depende de la suerte que corra el expediente en la justicia federal local, lo cual no es poca cosa. Depende de ellos que junte polvo en un cajón o que se presente rápidamente a algunos de los casualmente enriquecidos, a dar cuentas ante la justicia, y por ende ante la sociedad, de qué era lo que en realidad había en los dichosos contenedores. ¿Había pescado congelado? ¿Cuánto?