La ex ministra Patricia Bullrich le puso un valor simbólico a la ley de emergencia económica que votó el Congreso argentino con el apoyo de todas las tribus peronistas: “Las 14 toneladas de piedras que nos tiraron a nosotros por la reforma previsional se las tendrían que devolver una por una a ellos”. Los hechos de diciembre de 2017 y de 2018 tuvieron un mismo esquema: grupos organizados y piqueteros identificados con el kirchnerismo atacaron el Congreso de la Nación Argentina buscando impedir la sanción de la ley de reforma previsional y el presupuesto 2019.
En ambos casos la dinámica fue envuelta en el discurso de la supuesta “ira popular” provocada por las medidas del gobierno de Mauricio Macri. Las acciones llevadas adelante fueron literalmente insurreccionales. Nada pasó y hasta se dieron el tupé de poner una sospecha sobre el origen de los contenedores que, colocados estratégicamente, abastecieron a los que provocaron los disturbios dejando un saldo de nueve policías heridos, cinco de ellos de consideración.
Diputados kirchneristas, entre los que estuvieron Andrés “Cuervo” Larroque, Carlos Castagneto y Luana Volnovich, estuvieron en el centro de estos incidentes. En el recinto, Leopoldo Moreau hablaba de “la represión salvaje del gobierno de derecha”. Hoy, bajo el eslogan de una ley solidaria y de la reactivación productiva, se llega un ajuste de las cuentas públicas que pagan en contado anticipado los jubilados y los sectores productivos. Hoy, el léxico usado habla de “dejar de lado la indexación de las jubilaciones”, curioso término empleado para justificar ajustes de valor por decreto que dependen de la recaudación mensual de la tesorería del estado.
El paquete prevé extender el cobro de una tasa del 30% a toda transacción monetaria en divisa extranjera, lo que implica una devaluación de idéntico valor del peso argentino. En el caso de los pasajes al exterior, luce complicada su aplicación. Dejar fuera de dicha regla a la empresa estatal Aerolíneas Argentinas implica encarecer vía administrativa el costo de volar en otra compañía y, por lo tanto, supone violación clara a los acuerdos IATA y de comercio global. La reacción a esta medida será pronta.
Lo que cuenta es que, con el concurso de legisladores que traicionaron a los votantes de Cambiemos, el bloque de Roberto Lavagna —que ya es parte plena del gobierno de Alberto Fernández— y el acompañamiento de los gobernadores radicales, la emergencia económica y social y la reactivación productiva son ley, y retrotraen a Argentina de la democracia a una monarquía sin divinidad alguna.
La caída de la monarquía en Francia en 1789 se produjo, entre otras razones, por la exasperación de las clases populares urbanas y del campesinado, empobrecidos por la subida de los precios —en particular de los cereales y del pan, base de la alimentación— y por el incremento continuo de los impuestos y derechos señoriales y reales. El diezmo que cobraba el clero apenas servía para mantener el culto y socorrer a los pobres. El campesinado rechazaba, además, el origen de la propiedad de los derechos y servidumbres feudales que les parecían abusivos e injustos. La conculcación de valor vía impuestos, el valor de jubilaciones vía decreto presidencial, la imposición de gabelas distorsivas y la misma idea del poder absoluto prescindiendo del parlamento acercan peligrosa y anti republicanamente a la Francia del siglo XVIII a la Argentina del presente.