Todo lleva a creer que la convocatoria original de los fiscales federales a marchar en silencio en homenaje a Alberto Nisman será de un impacto emocional sin precedentes en la sociedad argentina. Está todo dado para que así sea: las encuestas indican que siete de cada diez argentinos buscan un cambio de rumbo y de conducción política.
La conmoción creada por la muerte de Nisman ha colocado este tablero complejo en hervor máximo. La presidenta de la Nación Cristina Fernández viuda de Kirchner ha contribuido de manera intensa a esta situación, al exacerbar a la tropa propia y sus votantes, un consolidado 30% del electorado, señalando que hay en marcha un “golpe blando” detrás de la manifestación, y usando todos los medios a su alcance (que no son pocos) para instalar esta idea fuerza. Es ésta una visión sólo política de la cuestión Nisman, que deja la cuestión humana, trascendental de la muerte del fiscal, en un segundo plano. La conducta del poder ha provocado que los fiscales convocantes elijan marchar en un grupo propio integrado por ellos y sus pares, fiscales, jueces o funcionarios judiciales, alejados del resto de la movilización integrada por ciudadanos y fuerzas políticas.
En el plano de las acciones en torno de la investigación, es obvio que hay un enfrentamiento cierto entre la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Nisman, y la fiscal Viviana Fein, a quien Salgado no considera competente para llevar esta investigación. La concesión que hizo la jueza Fabiana Palmaghini de permitir una pericia en el departamento en que Nisman halló la muerte, no tiene antecedente en la historia criminológica del país. Hay de hecho hoy un doble comando en la procuración de la investigación, y es la interferencia más fuerte que jamás haya ocurrido en investigación criminal alguna.
Esta conducta transforma en una abstracción los dichos de la propia Arroyo Salgado en el sentido de que no se interfiera en la investigación y que se deje trabajar a la justicia. La jueza dijo entre líneas ante el Congreso y directamente el jueves 12 a los legisladores presentes, que a su ex esposo Alberto Nisman lo mataron. En este escenario, la decisión del fiscal Gerardo Pollicita de imputar en términos de proceso penal a la presidenta Cristina Fernández, el canciller Héctor Timerman, al piquetero Luis D‘ Elía, al diputado Andrés “Cuervo” Larroque, al dirigente islámico Jorge “Yussuf” Khalil, al líder de Quebracho, Fernando Esteche, al ex fiscal Héctor Luis Yrimia y al supuesto espía Héctor Bogado está directamente enganchada a la actitud que tome el juez Daniel Rafecas, quien suspendió sus vacaciones para hacerse cargo del juzgado que tomará una decisión al respecto.
La crispación es evidente. Obvio es que la Presidenta no va a ser conducida en detención sencillamente porque el trámite judicial por delante es extenso. La definición de Pollicita y lo que decida Rafecas en cualquier sentido será apelado a la Cámara por las partes, y de allí habrá que ver qué tiempo requiere el Superior para resolver en un sentido u otro. Ya será cuando menos noviembre, y otros aires correrán en la República.
