La semana concluida este domingo 19 de octubre de 2014 trajo a los argentinos dos escenarios en los cuales la política dio un tono de exaltación colectiva y de abrumadora realidad: por un lado, el lanzamiento al espacio del satélite ARSAT-1 desde la base de la Unión Europea en la Guyana francesa a bordo de un cohete Ariane; por el otro, la aparición de los restos de quien fuera en vida el joven Luciano Arruga, desaparecido hace cinco años.
Es indudable que el lanzamiento exitoso del ARSAT-1 es una excelente noticia que coloca al país entre ocho naciones con capacidad de construcción de ingenios satelitales, consolida el dominio en la materia, y aumenta el prestigio e impacto de INVAP, la estatal mixta rionegrina, auténtico Silicon Valley de Argentina, como prima donna a nivel global en el desarrollo de tecnología.
Contrariamente al discurso oficial, que fue del orgullo compartido a la excitación personalista de la administración nacional en la persona de la propia Presidenta, el logro es el fruto de la perseverancia y capacidad de quienes, dirigidos por el gerente general de INVAP, Héctor Otegui, hicieron frente al peor momento del desarrollo y la tecnología en el país, en la década de los noventa, cuando Domingo Cavallo envió a todo el sistema científico a lavar los platos, con coraje y dedicación. Cierto es que el gobierno de Néstor Kirchner rescató y llevó el desarrollo de la ciencia en términos de presupuesto a un lugar notable, quizá nunca antes vivido en el sector. En síntesis, entonces, se trata de un éxito que da para el alborozo y también debe comprometer certezas futuras en cuanto a su soporte y consolidación. La alegría es legítima, y marca un camino probo en materia de cómo conducir los asuntos del Estado.
La contratara perfecta y bizarra es la aparición de los restos de Luciano Arruga, desaparecido en la noche del 31 de enero de 2009. El 23 de febrero de 2013, Página 12 revelaba que ocho policías investigados como responsables del secuestro y desaparición del joven Luciano Arruga (16), habían sido pasados a disponibilidad por decisión del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires. La medida, tomada el 21 de enero, había sido publicada en el Boletín Oficial del Ministerio justo un día después de que se cumplieran cuatro años de la desaparición de Arruga, quien según una serie de testimonios, había sido secuestrado y torturado en un Destacamento ubicado en Indart 106, de Lomas del Mirador, un sitio ilegal instalado en una casa particular, sin identificación policial alguna, y que funcionaba como cárcel clandestina.
Con posterioridad, intervención mediante de Pablo Pimentel, titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, apareció en escena el CELS, con Horacio Verbitsky a la cabeza. Este último viernes 17 de octubre, la verdad se hizo presente de manera brutal: un hábeas corpus presentado en abril pasado por el CELS dio el impulso decisivo para encontrar los restos de Arruga. A partir de esta instancia, el juez federal de Morón, Pablo Salas, pidió informes al Ministerio de Seguridad de la Nación para analizar los libros de la Policía Científica sobre los cuerpos NN; así se detectó que las huellas dactilares de un joven no identificado tomadas en la morgue judicial el 3 de febrero de 2009 coincidían con las de Arruga.
Arruga había fallecido como consecuencia de un accidente de tránsito; el conductor que lo atropelló en la madrugada del 1° de febrero fue procesado y luego sobreseído, tras lo cual el expediente se cerró y el cuerpo fue enterrado como NN. “Esto es un escándalo. ¿Cómo pueden cerrar así un caso? Era un menor. Y su familia lo buscó desde el primer momento”, dijo a La Nación Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del CELS. “Ahora va a seguir la investigación; queremos saber qué hacía Luciano en ese cruce esa noche y por qué pasaron casi seis años sin que se encontrara el cuerpo”.
Policías estigmatizados, un Estado ineficiente que no pudo dar respuesta seria y cierta sobre un hecho habitual, toda vez que en Argentina, en el periodo 2004/20013, fallecieron arrolladas 3.200 personas, y la cuenta sigue. La ineficiencia oficial dio pábulo a otra leyenda urbana, que echó mano de la brutalidad y la corrupción policial por toda explicación, para evitarse tener que investigar a fondo y establecer lo que en verdad sucedió sin fantasías ni lugar a dudas.