Acciones concretas expresan un cambio de rumbo y de método, las que claramente estarían indicando que la hora de las mafias impunes está tocando a su fin. Hubo en esta semana pasada tres resoluciones en ese sentido, por las que la justicia finalmente inicia una respuesta puntual a reclamos de la sociedad: la detención del pope de La Salada, Jorge Castillo; los 200 allanamientos que impactan en una banda de lavado y fuga de activos, y el desbaratamiento de un alijo de cocaína que tenía por destino final Europa y América del Norte, marcan un escenario inédito en los últimos años en la Argentina.
En el primer caso, Castillo se había convertido en un rostro habitual en los medios de comunicación, y su Paseo de Compras de Punta Mogote -más conocida como feria La Salada- era expuesta como ejemplo de economía popular, de carácter intocable, tal como lo señalara en más de una oportunidad el ex secretario de Comercio de la administración Kirchner Guillermo Moreno. La organización, que eludía el pago de impuestos, blanqueaba deudas impositivas y prohijaba la evasión tributaria, involucra, entre otros, al gremio de Camioneros, dominado por la familia Moyano.
El operativo que desbarató el trasiego de droga -bautizado “BB de Acero” porque la mayoría de los 1.708 panes de cocaína, con un pesaje aproximado de dos toneladas, fueron encontrados dentro de ocho rollos que debían contener acero, en un depósito de Bahía Blanca, más 450 kilos en la provincia de Mendoza- fue llevado a cabo por efectivos de la Policía Federal. En los 33 allanamientos ordenados por el juez federal de Campana Adrián González Charvay, se secuestraron además 158.440 pesos, 220.500 dólares, 8.000 pesos mexicanos, cinco autos y dos armas de fuego, añadieron los informantes. En este caso particular, funcionó aceitadamente la recuperada relación entre el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, y la DEA.
En relación a los 200 allanamientos realizados por mandato de la jueza Sandra Arroyo Salgado, las acciones se iniciaron en Salta en 2015. El organismo recaudador nacional informó que “se investiga la existencia de una asociación ilícita que operó y proporcionó a miles de contribuyentes distintos mecanismos ilegales para evadir obligaciones fiscales”, señalando asimismo que “tales maniobras se habrían desplegado fundamentalmente en el período 2012-2015, proveyendo facturación electrónica apócrifa, generación de retenciones impositiva y previsionales falsas, concesión irregular de planes de pagos y aprobación irregular de documentación para importaciones aduaneras”.
Estas operaciones exponen claramente que las señales políticas impactan en el Poder Judicial, y un conjunto de situaciones que gozaban de la más absoluta indiferencia o impunidad por parte de esa división de la República, hoy comienzan a perder la cobertura de la que dispusieron peculiarmente entre los años 2003 y 2015. Estamos frente a una situación difícil de pasar por alto: no constituye un detalle, sino que es sinónimo de todo un curso potente de acción.