El universo que compone el kirchnerismo —quizás haya que hablar de «cristinismo»— tiene una conducta auto inflingida que le hace creer que la historia comenzó en 2003 luego de la asunción a la presidencia de Néstor Kirchner.
Hay todo un imaginario —expresado con recursos públicos— que busca implantar una memoria falsa al respecto del rol del Estado y la sociedad argentina en la materia de los Derechos Humanos. Néstor Kirchner no se interesó en dicha cuestión hasta llegar al gobierno, en donde trazó una alianza con los sectores que buscaban una retaliación en la materia luego de producidas las amnistías que determinó Carlos Saúl Menem entre 1989 y 1990.
El objetivo de la alianza era poner en valor, ante la sociedad, una mirada del horror que implicó el empleo de la política de «noche y niebla» instrumentada durante el gobierno militar de 1976 a 1983, que aún marca la vida presente de los argentinos. Dicha alianza fue expresada a través de las organizaciones de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y ha tenido de ideólogo e instrumentador a Horacio Verbitszky, llevando adelante una política sesgada que afectó y logró ignorar los crímenes cometidos por als organizaciones ERP y Montoneros.
A tanto llega el empleo del Estado para estos fines de glorificación personal del fallecido presidente, que recientemente se llevaron a cabo jornadas en memoria de la década de la puesta en marcha de estas políticas por parte de gobernantes que, al inicio del tránsito democrático, ignoraron olímpicamente el tema.
Estas acciones han llevado a que un sector de la sociedad argentina entienda que, antes del gobierno de Kirchner, en nuestro país no había ocurrido nada en la materia. Por el contrario, fue el peronismo, en todas las tribus que lo integran, el que se negó a ser parte de la CONADEP, numen de la carga acusatoria en el juicio a las juntas que impetró el fiscal Julio César Strassera.
La lucha por la restitución de la verdad no comenzó en el 2003, comenzó en la noche posterior al Proceso, en medio de presiones diarias, con atentados a los medios y acciones de intimidación a los pocos periodistas que se sumaron a exponer los hechos de horror.
El relato ha quemado mentes. Diego Iglesias tweeteó: «Dirimir las diferencias políticas a través del asesinato es algo que la Argentina clausuró en 1983 y dijo nunca más. Lo de hoy es el hecho más grave desde la vuelta de la democracia», típico del recién llegado al baile que cree que todo inicia cuando el llegó.
Hubo tres atentados contra Raúl Ricardo Alfonsín. El primero en Córdoba, mayo de 1986 en el III cuerpo de ejército: una bomba detectada a tiempo. El segundo en 1989, cuando ya no ejercía la presidencia, en el departamento en el que desarrollaba su actividad política: estalló una bomba que derribó paredes. Alfonsín no se hallaba allí. El tercero, en 1991: un ex gendarme con problemas psiquiátricos intentó atacarlo en el contexto de un mitin político, pero el arma falló. Alfonsín siguió con el acto y señaló: «Estoy acostumbrado a recibir amenazas anónimas y algún día tenía que pasar algo así, creo que se trata de fanáticos y los tomo como tales».