Los hechos que rodean la repercusión mediática, política y social del no concretado acuerdo por el Correo Argentino entre el Estado nacional y el grupo SOCMA, y la torpeza infinita de Emilio Basabilbaso en la definición del ajuste a jubilados, marcaron por unos días la agenda de la sociedad argentina, al menos hasta la detención de César Milani.
El presidente Mauricio Macri remarcó, en conferencia de prensa ante todos los periodistas acreditados, “la dedicación, el trabajo en equipo y la honestidad” puesta por el Gobierno, que significa tener claro “que la ley es igual para todos, que no hay privilegiados, que aplica igual para un amigo, un pariente, un humilde o un poderoso”. Macri sostuvo que para resolver el diferendo con la empresa, el ministro “actuó conforme a la ley” y que “técnicamente lo ha hecho bien, como lo han dicho los expertos que hemos consultado”, aunque advirtió que no se previó “un mecanismo de difusión y discusión de los que se estaba haciendo”. Mecanismo de difusión y discusión es un texto clave en su mensaje. Es la primera crítica pública al criterio político comunicacional que lleva adelante Marcos Peña, quien sin duda ha quedado golpeado por dar a su jefe político tremendo disgusto que obliga a digerir una dosis masiva de saña política como la que se viene exponiendo desde medios y tribunas políticas.
El tema del Correo Argentino tuvo su primera exposición mediática en una columna de Carlos Arbia publicada el sábado 17 de Febrero en Infobae. En ella, Arbia cita así a Franco Macri: “la estatización fue sin que mediara ninguna explicación al respecto y fuimos sometidos a un trato irreverente y poco digno”. El empresario agrega otro personaje a la historia aún no resuelta. “Antes de la decisión final de la confiscación me citó en su oficina Carlos Zannini, el secretario Legal y Técnico de la presidencia de la Nación –al que no conocía– para decirme en nombre del Presidente que propusiera una compensación para recuperar lo invertido”. Macri padre recordó que le respondió a Zannini que lo único que quería era la devolución de la planta que había construido, lo cual jamás ocurrió en 14 años.
“A pesar de que la medida nos perjudicó y que inicié el juicio correspondiente, pensé –ingenuamente y siempre creyendo que mi voto había sido la mejor alternativa– que era una decisión política que se apoyaba en la idea de que ciertos servicios deben ser manejados por el Estado y seguí apoyando la gestión de Kirchner”, comenta en su blog Franco Macri acerca de la estatización. La planta de la que habla el empresario está valuada en unos 300 millones de pesos, está radicada en Monte Grande y es uno de los puntos del conflicto entre el Estado y los Macri, más allá de que aún hoy sigue sin figurar en los activos del Correo Argentino.
En el caso de que el Estado hubiese reconocido el pago de esa planta a SOCMA, tal vez hoy no se estaría discutiendo el concurso de acreedores. Ni el Presidente tendría que dar explicaciones por la impericia y soberbia de Marcos Peña, que es evidente de toda evidencia que no supo arbitrar los mecanismos de difusión y discusión de un tema tan sensible.