Esta semana, en Mar del Plata estalló en los medios una situación que inició como una disputa entre vecinos por la construcción de una mansión en Rodríguez Peña y Olavarría, la cual resulta ser propiedad del dirigente de la UOCRA local César Trujillo. La cuestión inició porque vecinos denunciaron irregularidades en la obra, tales como la extensión de la misma sobre la superficie del terreno y la falta de elementos de seguridad para el personal que trabaja allí.
El 3 de abril de este año publicábamos “Fraude“, una investigación exclusiva de N&P que revelaba la trama de trasiego de fondos públicos que los hermanos Trujillo -César, el dueño de la propiedad de valor millonario en dólares, y su hermano Jorge- habían recibido para la construcción de viviendas sociales nunca concluidas como parte de la articulación de favores entre estos y otros actores -como Mario Puche- por parte de autoridades municipales y provinciales (léase Daniel Scioli y Gustavo Arnaldo Pulti). Decíamos entonces: “Entre los beneficiarios incluidos está Rocío Trujillo, con domicilio registrado en Corrientes y Colón, que no parece domicilio de un excluido”. César Trujillo adujo, en un confuso y por momentos débil reportaje en Canal 10, que la propiedad de marras era de una de sus hijas. Rocío tiene 24, 25 años, y aunque no fuera indigente y poniendo mucha buena fe, los números no cierran. Su otra hija es maestra jardinera. Otra vez: los números no dan.
Hoy que la corrupción más callada de la Argentina – la de Daniel Scioli y su estructura de poder- sale a la luz, que los titulares locales de la UOCRA se mantengan al costado del cuestionamiento judicial es una cachetada en el rostro de la sociedad. César Trujillo, en el único reportaje que concedió al respecto, se escudó detrás de sus hijas, en papel de víctima, denunciando a un vecino por una supuesta extensión de construcción en la propiedad lindera, y lanzando a los perros a su arquitecto, al que responsabilizó por la falta de medidas de seguridad.
La acumulación de riqueza malhabida es escandalosa entre nosotros, y hay más planes de vivienda sin concluir que aquellos que han sido entregados en tiempo y forma. Los que están en poder de sus propietarios, beneficiarios de planes sociales, tienen fallas constructivas temerarias. Gravísimo es que la provincia de Buenos Aires, por medio del Instituto Provincial de la Vivienda, esté hoy por entregar dinero nuevamente a los Trujillo para continuar obras que ya han sido cobradas varias veces. La denuncia del dirigente Hernán Alcolea en la 99.9 esta semana debería ser un toque de alerta, ya que la verdadera cuestión no es cuántos metros ocupa la construcción de Olavarría y Peña, sino el origen de los fondos para la construcción de la misma.