La renuncia de Carlos Rozansky al TOF de La Plata debería ser vista como un preludio de situaciones por venir. Los medios le regalaron, ante la noticia, el cubrirlo con oropeles tales como ser el presidente del tribunal que condenó a Miguel Etchecolatz.
Rozansky planteó su situación ante el Consejo de la Magistratura como la consecuencia de una denuncia hecha por el gremio de judiciales que conduce Julio Piumato. Cierto, pero parcial. A Rozansky se le abrió una investigación por hechos de corrupción tales como haber alquilado un teatro en La Plata a un amigo suyo para realizar allí los juicios de lesa humanidad. Rozansky niega que él haya alquilado esa propiedad, y señala que el que efectúa la contratación es el Consejo de la Magistratura. Técnicamente, debe ser así. Se le atribuyen también más de una veintena de viajes al exterior, y que sólo tomó licencia en dos ocasiones, cuestión que no niega. Su renuncia, que le da el privilegio de acogerse a la jubilación, no debió ser aceptada, porque todo lo denunciado queda en un cono de sombras que aleja la integridad de la construcción de la República.
El Consejo de la Magistratura debiera abocarse a investigar todo lo ocurrido en el plano administrativo con los juicios de lesa humanidad, porque en estos años, sobre la indiscutible necesidad de verdad y justicia para los detenidos desaparecidos ylos niños secuestrados y apropiados, se armó un negocio de millones que han ido a parar al bolsillo de unos pocos.
Carlos Rozansky, al igual que Roberto Atilio Falcone, han usado los juicios para una construcción personal temeraria, que les permitió casi diseñar el Poder Judicial a su antojo. Que la salida elegante sea concederles el beneficio de la jubilación y todo que quede ahí, es muy pobre para una sociedad que no deja de reclamar verdad y justicia por todas las víctimas en un estadio de conciencia superior sobre el valor del sistema judicial. Entonces, que estos personajes se retiren a las sombras, indemnes de toda indemnidad, no es una buena noticia.
En Mar del Plata se está en las instancias finales del juicio a la CNU. En los alegatos, el narcoabogado César Sivo y sus correveidiles Gloria León, Irineo Di Mateo y Luciano Bayo adujeron persecución por ser abogados comprometidos en causas de derechos humanos. Curioso que sean perseguidos quienes, como ha quedado demostrado en sus propios alegatos, no pudieron exponer una sola prueba en el sentido penal procesal de las acusaciones, y se dedicaron a señalar, en extraño tema a los temas del juicio en sí mismo, que hay “un medio y un periodista que los ha atacado por este compromiso con los derechos humanos en el tiempo de este juicio“, sin la mención de nombres.
Sucede que, tal como dijo el abogado Bayo, “si tiene cuatro patas y ladra, seguro que es un perro” .Y si es abogado y paga los pasajes de sus clientes, participa de reuniones para asegurar la carga y en las escuchas de una causa de narcotráfico participa de las negociaciones, seguro que es un narcoabogado. No son los derechos humanos, sino lo que la evidencia indica.