Las acciones de odio que a diario se expresan sobre la persona de Mauricio Macri tuvieron en Mar del Plata un capítulo cuasi extremo, cuando un grupo de los liderados por Chacho Berrozpe arrojaron piedras al vehículo que transportaba al Presidente, en un contexto de iracundia política nunca vista en democracia.
Ricardo “Chacho Berrozpe es un iracundo habitual, que ha desarrollado en estos años el gusto por la violencia, todo ello alimentado por la impunidad de la que ha gozado hasta hoy. En su carrera de violencia, Berrozpe ocupó la Catedral de los santos Pedro y Cecilia en 1998, sus seguidores defecaron allí, se robaron la plata de la limosna, y finalmente fueron desalojados en un confuso episodio. El dato sobresaliente de ese momento fue la intocabilidad que le brindó el Estado, dejándolo hacer a sus anchas. En ocasión de la Cumbre de las Américas -Mar del Plata, 2005-, Berrozpe lideró las acciones violentas que marcaron el fin de un encuentro continental que los sectores afines al Gobierno de Cristina Fernández celebran por todo lo alto como un triunfo antiimperialista. En aquella ocasión, y pese a la abundante evidencia fotográfica y televisiva, el juez federal Alejandro Castellanos -hoy camarista en Salta- y el fiscal provincial Paolini dilataron semanas sus actuaciones, alegando competencias distintas. Finalmente, y luego de interminables cabildeos, Berrozpe recibió una condena menor, en un contexto en que la Cámara federal integrada por Jorge Ferro y Alejandro Tazza recibió a organizaciones de derechos humanos reclamantes de la libertad de Berrozpe.
Berrozpe es clave en la gestación de disturbios en Mar del Plata, y las imágenes lo ubican claramente en un segundo plano alentando los cánticos de odio y la quema de gomas, con utilización de niños. Todo el cóctel derivó en un ataque directo al Presidente de la Nación. La contundente actitud de la ministro de Interior Patricia Bullrich, que expresó sin cortapisas que si no había acción fiscal su Ministerio presentaría la denuncia pertinente, quizá haya motivado al fiscal Juan Pablo Lódola a iniciar una investigación que implica solicitar a los medios las imágenes para establecer identidades.
La joven que amenazó a Antonia Macri por Twitter tiene sobre sí un cargo dañoso de $150.000. El monto es lo que el juez interviniente entendió es el costo para el Estado de la investigación llevada a cabo para identificarla como la autora del hecho. Hasta ahora, destrozar, amedrentar y lastimar les ha salido gratis a estos actores violentos, justificados en un pasado controversial y común con cierto sector de la dirigencia nacional. Tal vez, iniciar el camino de hacerles pagar por lo que al Estado le cuesta ponerlos a derecho, ponga un límite cierto y novedoso que hasta hoy pareció imposible de estabecer.