Lo sucedido a partir de que una mayoría circunstancial de la Corte Suprema de Justicia dictaminara la libertad en la aplicación del 2×1 a un condenado por delitos de lesa humanidad, deja instalado definitivamente que en la sociedad argentina, el repudio a los años de la dictadura y cualquier intento de alterar la vigencia democrática es literalmente imposible. La marcha dejó escrito en la piedra el mensaje anti impunidad, y reveló que el mismo abarca a sectores de la sociedad que lejos están de tener que ver con la década del setenta o con el dominio de sector alguno sobre el resto del conjunto social.
Al momento de conocerse el decisorio de los máximos tribunos, una miríada de dichos surgieron de distintas voces según su parámetro político. La ex presidenta Cristina Fernández aseguró que siendo ella Presidente, algo así jamás habría ocurrido. Rotunda afirmación que dice claramente del sentir profundo de la mujer que le dijo en 2007 al ex presidente Jaques Chirac “nosotros (los Kirchner) somos bonapartistas”, una revelación que los medios argentinos no registraron, ni recogieron el guante -bonapartismo y república son dos conceptos fácticamente irreconciliables-. La actual Presidencia no es bonapartista, y no quiere conducir el destino de la República monitoreando la justicia en ninguno de sus niveles. Traerá sus disgustos, pero hace a una sociedad mejor, con independencia de los tres poderes real y cierta, no declamada.
En este caso, el Gobierno reaccionó rápidamente, y a menos de una semana de pronunciado el diktat de los supremos, promulgó la ley interpretativa del 2×1, que lleva ahora al alto tribunal a decir que revisará la posición anterior. Dicha ley empoderó a todos los sectores políticos, aunque aún no concluye el debate, toda vez que la diputada Carrio pidió que se aplique la ley para los condenados mayores de setenta años con problemas de salud y para todos por igual. Es alto el reclamo para que la ley cargue sobre los que dirigieron la guerra subversiva y para aquellos que claramente usaron los recursos del Estado para cometer sus crímenes, como suficientemente probado está en la causa Rucci. Mantener la impunidad sobre esos crímenes es la última ratio de la búsqueda de cerrar el pasado doloroso que bañó de sangre y horror la vida de los argentinos.
Como saldo menos evidente, aunque no menos importante, queda la exposición del ex ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni y de Hebe de Bonafini, ya en una soledad ajustada a su nefasto accionar. La sangre derramada fue negociada, pero a eso, la sociedad argentina -todo indicaría- ya dio la vuelta y condena fuertemente dicha conducta perversa. Ni Zaffaroni, padre ideológico del 2×1, ni Hebe, compartiendo el pañuelo blanco con Milani, tienen ya espacio para dictar clases de moral pública y política.
Hay una verdad que está ya escrita en la piedra: NO a la impunidad.