Por décadas hemos escuchado el discurso apologista que separa a la Argentina de los países serios. Si leemos con atención la última encuesta de Transparencia Internacional sobre corrupción, estaremos en condiciones de verificar cuán profundo cala dicho discurso en nuestra sociedad.
Poder Ciudadano informó que durante el año que termina, el país experimentó una nueva caída en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Ésta es la herramienta que usa Transparency International (TI) para medir el grado de transparencia en las distintas partes del mundo.
De acuerdo con ese termómetro, elaborado sobre la base de entrevistas con empresarios y directivos de ONGs, la Argentina obtuvo 34 puntos en una escala de 0 a 100 y se ubicó en el puesto 106, de un total de 177 países auditados. Esto significa un retroceso respecto del año pasado, cuando había cosechado 35 puntos y había quedado en el lugar 102. La cifra ubica a la Argentina en una mala posición global en el ranking que encabezan, como los países más transparentes, Dinamarca y Nueva Zelanda, con 91 puntos cada uno. En el otro extremo se encuentran las naciones vistas como las más corruptas: Somalia, Corea del Norte y Afganistán, las tres con 8 puntos. No obstante, no se revela en qué contexto se hizo la encuesta en los países citados en último término. Sería interesante saber a quién se pregunta y quiénes contestan allí donde reina el miedo, el azote del terrorismo (Somalia) o un sistema feudal, tales los casos de Corea del Norte y Afganistán.
Pero la transparencia suele ser un concepto ambiguo. La Unión Europea dio a conocer esta semana que seis de las principales entidades financieras del mundo se han visto obligadas a admitir que actuaban como un cartel para manipular a su antojo los tipos de interés de referencia que se aplican a millones de hipotecados, ahorradores y empresas, a través de productos derivados vinculados a índices como el Euribor. El vicepresidente y comisario de Competencia de la UE, Joaquín Almunia, impuso por todo ello una multa de 1.712 millones de euros, la mayor aplicada alguna vez por cartel, y la primera sanción a la banca en Europa por prácticas anticompetitivas. Los sancionados son Deutsche Bank, Société Générale, Royal Bank of Scotland, JP Morgan y Citigroup, además del bróker RP Martin.
Esos seis bancos actuaron entre septiembre de 2005 y mayo de 2008 —hasta apenas tres meses antes de la quiebra de Lehman Brothers— para amañar los tipos de interés vinculados al Euribor, lo que en principio les permitió ganar aún más dinero que otros bancos que no estaban al corriente de esos chanchullos. Hubo también componendas para modificar el Libor y el Tibor, los índices de referencia en Londres y Tokio. Competencia admite que incluso había otros bancos en la componenda. Está demostrado que el británico Barclays y el grupo suizo UBS participaron en la manipulación, pero se libran de las multas gracias a haber colaborado en la investigación. Y Bruselas mantiene abierta otra investigación sobre HSBC, JP Morgan y Crédit Agricole -cabe recordar que este último huyó de la Argentina sin dar explicaciones al caer la convertibilidad-.
Esas sanciones son la punta del iceberg de un proceso más general tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos para depurar responsabilidades en una crisis tributaria de la exuberancia del sistema financiero, y de un extenso catálogo de malas prácticas. La investigación sobre los índices de referencia ni siquiera está cerrada: puede deparar nuevas sorpresas. La Comisión ha puesto también la lupa en la manipulación del mercado de divisas, en productos denominados en francos suizos y en los seguros de impago de deuda soberana (los denominados CDS, un mercado clave que se reparten apenas unos pocos bancos) y otros derivados financieros. Asimismo, los reguladores europeos acusan a las grandes agencias de calificación (Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch, que pese a sus errores siguen dando lecciones de urbanidad financiera) de conflictos de interés, filtraciones interesadas y “carencia de recursos técnicos y humanos” para hacer su trabajo con la mínima solvencia. Obvio es que hay que revisar urgente los parámetros de la encuesta de transparencia para que dé visos de una realidad creíble y verificable.