El juicio a las juntas militares de gobierno llevó a un alto pedestal a quienes, en un momento delicado de la vida pública argentina, tuvieron la responsabilidad de proveer la carga acusatoria. Auxiliar del fiscal Julio César Strassera, Luis Moreno Ocampo se cargó un relumbrón que, años después, le dio enormes resultados económicos y profesionales.
Llegó a integrar el Tribunal Penal Internacional y fue, junto al ex juez español Baltasar Garzón, un referente que la progresía vernácula interesada en algunos derechos humanos empleó para afirmar sus posiciones políticas y aspiraciones de poder. Hoy, el diario español El Mundo publica que el 15 de agosto de 2012, dos meses después de dejar su trabajo como Fiscal Jefe del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo recibió 50.000 euros en su cuenta del banco holandés Abn Amro. El dinero llegó desde una cuenta en Suiza, y el emisor inicial fue Tain Bay, una empresa registrada en Panamá. En los meses siguientes, las transferencias con origen en Panamá y escala en Suiza se repitieron.
La red europea de periodismo de investigación EIC -de la que forma parte el diario El Mundo- ha analizado más de 40.000 documentos (balances contables, cables diplomáticos y correspondencia, cruzados con fuentes de información pública) que ponen en duda la integridad de Moreno Ocampo mientras estuvo en el cargo y después.
Durante los nueve años que duró su mandato, el ex fiscal tuvo al menos una empresa en un paraíso fiscal. Según el registro de empresas de Panamá, el presidente de Tain Bay era una sociedad llamada Forman Management. Pero los documentos obtenidos por el medio de investigación francés Mediapart y analizados por EIC revelan quién estaba detrás de la empresa panameña: el propio Ocampo y su mujer, Elvira Bulygin.
La investigación a la que Moreno Ocampo le niega entidad sostiene que no era la única conexión ‘offshore’ de Ocampo. Bulygin aparecía también detrás de Lucia Enterprises, con sede en Belice y que en septiembre de 2012 recibió 15.000 dólares del abogado. Transparent Markets, una de las últimas empresas conocidas del abogado argentino, tenía sede en Uruguay, considerado un refugio fiscal en Latinoamérica. Además, la pareja era accionista de Yemana Trading, registrada en las Islas Vírgenes Británicas y gestionada por Mossack Fonseca, el despacho cuyos negocios quedaron al descubierto con los Papeles de Panamá.
Preguntado por EIC, el abogado argentino ha negado que él o su familia evadieran impuestos y ha asegurado no haber tenido otros ingresos mientras estaba en el TPI, más allá de los alrededor de 150.000 euros netos de su salario anual. “Tenía que protegerme en un país donde los bancos un día deciden llevarse su dinero. Así que tenía dinero fuera de Argentina”, ha señalado.
Ocampo no negó la existencia de Yemana Trading, Tain Bay y Lucia Enterprises, tres sociedades en tres paraísos fiscales vinculadas a una persona con un cargo al que se le exige “alto carácter moral” y no estar involucrado “en ninguna actividad que pueda interferir con su función de acusación o afectar la confianza en su independencia. Preguntado al respecto, sólo se limitó a reír sarcásticamente, pedir a los periodistas de El Mundo que prueben su investigación y dejar sentado que en el cargo que ocupaba en el Tribunal Penal Internacional “no ganaba lo suficiente”.
Otro falso ídolo con bolsillo de payaso que queda expuesto en su auténtica naturaleza.