En estos días, un conjunto de sucesos ha golpeado fuertemente a la sociedad argentina: tres casos de decisiones judiciales que devastaron el ánimo público y no tienen que ver con la economía o con situaciones políticas vinculadas a la disputa del poder.
En primer lugar, una decisión judicial que había sido anticipada por la socióloga y madre de una víctima de la inseguridad Diana Cohen Agrest a Noticias & Protagonistas: la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que se fije una pena menor a la prisión perpetua al confeso asesino del estudiante de cine Ezequiel Agrest, muerto de un balazo durante un robo cometido en 2011 en el barrio de Caballito, al considerar que al agresor “se le escapó el tiro”.
Horas después, otra resolución judicial abonaba la idea de un servicio de justicia al servicio del victimario, enemigo de la víctima y sus deudos. El Tribunal de Casación Penal bonaerense redujo de diez a cuatro años y medio de cárcel la condena a Silvia Luna, la moza acusada de haber matado de un mazazo a su amiga Carola Bruzzoni, para evitar que ésta le arruinara el casamiento con la difusión de un video hot que protagonizaba con un hombre que no era el novio. El tribunal adujo que la acusada había actuado bajo “emoción violenta” y por lo tanto bajó el monto de la condena. De esta manera, el fallo dejó a Luna a un paso de la libertad, por entender que ya pasó las tres cuartas partes de la pena tras las rejas.
Por si los casos expuestos no fueran suficiente escarnio para las víctimas, un tribunal de casación ha dictaminado recientemente que la prisión perpetua es inconstitucional. Los jueces Mario Alberto Juliano y Ernesto Juliano, con la disidencia de Mariana Giménez, argumentaron que la reclusión perpetua afecta la “estricta legalidad” y “la prohibición de imposición de penas crueles, inhumanas y degradantes, principios inherentes al estado democrático y republicano de derecho”.
Hay excepciones, pero no son la regla. En Mar del Plata, la acción de una brigada de la DDI logró detener a un violador condenado a 25 años de prisión en 1996, que luego de ocho años en la cárcel recobró la libertad y volvió a su rutina de violencia sexual. El gobernador Daniel Scioli señaló, en relación a este caso, que es inadmisible la liberación de Carlos Napolitano, de 42 años, quien ha afectado para siempre la vida, cuando menos, de ocho mujeres.
Nada parece responder a la lógica elemental. El que mata, el que viola, el que destroza la vida del otro, está cubierto por un manto jurídico que siempre condena a la víctima y exculpa o libera de prisión al criminal. Este sistema está conduciendo a la sociedad a un estado previo al código de Hammurabi. La venganza por mano propia parece estar cada día más a mano del colectivo