Es un instante de la historia presente que tiene un mérito notable: hay consenso sin precedentes en que el robo de fondos públicos no encierra ni un ápice de “viveza criolla”, sino que es un daño infligido a toda la sociedad, y debe ser perseguido y punido a derecho.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, señaló durante la inauguración de la muestra anual ganadera y ante el mismísimo presidente Mauricio Macri, que “el saqueo de la República no debe quedar impune”, al tiempo que reclamó “desterrar para siempre el populismo“ de la Argentina. No hay encuesta actualizada que no señale la ansiedad de la sociedad, o buena parte de ella cuanto menos, por ver al sistema penal de justicia caerle encima a Cristina Elisabeth Fernández viuda de Kirchner.
Pero no es sólo la política o los socios de turno de la política los que comienzan a formar la infinita fila de los caídos en desgracia. En el sistema judicial, también urge exterminar la hiedra venenosa que implica un damero interminable de funcionarios corruptos. Una nueva denuncia coloca en el centro de la atención ciudadana al fiscal general de Cámaras Daniel Adler, quien prohijó, junto al fiscal federal de Necochea Juan Manuel Portela, una maniobra para dejar impune a quien por estos años ha sido uno de los hombres más poderosos del kirchnerismo: Roberto Porcaro, socio y enemigo, alternativamente, de un hombre que manejó por décadas los negocios más oscuros del poder, Ángel Salvia. Roberto Porcaro fue el introductor de los hermanos Cirigliano en los negocios de transporte, a los que sumaron el de la televisión digital y una porción interesante de Conectar Igualdad, lo que significó millones y millones en un trasiego que haría palidecer los bolsos de José López.
La denuncia sobre Adler y Portela hijo, que cae en el Consejo de la Magistratura, fue presentada por el fiscal federal José María Campagnoli y ratificada por el concejal necochense Alberto Esnaola, quien venía denunciando el estado de las cosas en los negocios de Porcaro en el puerto de Necochea.
Como ha quedado palmariamente demostrado en la denuncia del secretario federal Federico Hooft, lo relatado por el fiscal Claudio Kishimoto acerca del combo mafioso de presiones, amenazas, silencios obligados y vendettas ciertas, alumbra una realidad mafiosa en la justicia penal, con abrumador capítulo local, en la que no habrá cambio posible si no hay prosecución penal sobre estos actores que han denigrado y usado el sistema judicial en su propio beneficio de manera criminal y escandalosa. ¿Será justicia?