La aparición del nieto 114 provocó una explosión político mediática de magnitud global, al conocerse que Ignacio Urban es el nieto de Estela de Carlotto, icónica presidenta de la organización de Abuelas de Plaza de Mayo. Inmediatamente, el exabrupto colectivo de pretender imponerle al hombre el nombre de Guido, dejó al desnudo la falta de sensibilidad y decoro general para enfrentar una situación humana que para el mundo es una noticia fabulosa, pero para el protagonista principal es su vida misma.
Un mail enviado desde el bloque de diputados nacionales del FPV señalaba: “Hace minutos fuimos comunicados por la familia Carlotto que ya habían hecho contacto con Guido Carlotto y se habían establecido los detalles para un primer encuentro”. Desde esta minúscula tribuna de opinión creímos oportuno subrayar que entendíamos es incorrecto ejercer una imposición de identidad, toda vez que será Urban quien, en definitiva, deberá decidir cómo desea ser nombrado, y además, por uso y costumbre de la República Argentina -que ha devenido principio legal-, su apellido primario es el paterno, Montoya; luego Ignacio Urban también decidirá si, autorreconocido como Guido, quiere anexar a su apellido paterno, el materno Carlotto. Por lo pronto, y habiendo transcurrido nada desde el momento en que Urban se anoticia de su nueva situación identitaria, en la conferencia de prensa del pasado viernes y por el momento ha dejado en claro que es su deseo ser llamado Ignacio, porque ése es el nombre con el que se identifica. Es más: les enmendó la plana en varias oportunidades a periodistas que insistían en llamarlo Guido.
Su aparición trajo a la superficie otras cuestiones vinculadas a los derechos humanos violentados durante la dictadura militar. Por caso, las abluciones constantes de sectores políticos que insisten en agradecer excluyentemente a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández por los resultados actuales, haciendo caso omiso del hecho de que el Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado en 1987 en el Gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, por expreso mandato del presidente que envió a juicio a las ex juntas militares y logró su condena conforme a derecho. El indulto concedido por Carlos Saúl Menem llevó todo a fojas cero, pero nunca se interrumpió la política que, respaldada en el proceso científico, permitió la identificación de los hijos y nietos apropiados.
Es un hecho innegable que faltan piezas en el rompecabezas de la historia de Ignacio Montoya Carlotto. Faltan elementos que, en un apuro sin sentido, la jueza Servini de Cubría quiso lanzarse a cubrir citando a Ignacio a su tribunal, lo que no se cumplió por la oposición pública de la propia presidenta de Abuelas.
Este caso coloca nuevamente en el centro de la escena y la discusión la utilidad social del Banco Nacional de Datos Genéticos. Hay una disputa muy fuerte por el destino y razón de ser del BNDDG, que enfrenta a colectivos sociales y políticos. En un momento como éste, la propia Carlotto debería intervenir para acordar entre las partes, y que esta extraordinaria historia y su relevancia social no se pierda por debates menores. Esta disputa, como la que hay entre organizaciones por la ex ESMA y su uso y destino, ensombrecen un presente que en su intención, es digno de la más completa celebración.