Pretender que la crisis de distribución de energía que golpea centralmente a Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata es fruto de la avaricia de las distribuidoras Edenor, Edesur y Edelap, es malicioso e infantil. Todas las encuestas que se realizaron a pedido de la Casa Rosada revelan que la población responsabiliza al Gobierno por esta ya devastadora situación.
Un informe reciente expone que las distribuidoras de luz Edesur, de la italiana Enel, y Edenor, del empresario argentino Marcelo Mindlin, aseguran estar técnicamente quebradas. Estas firmas, que cobran al 90% de los usuarios de la Capital y el Conurbano una factura bimestral promedio de $70, afirman que no reciben subsidios. Los 70.000 millones de pesos anuales en subsidios van a pagar la cuenta de las generadoras de la energía. Y el grueso de ese dinero compensa la diferencia entre el valor del combustible importado y lo que ingresa por facturas de luz, que cuestan como una mediana de muzzarella. Así lo afirma Silvia Naishtat en el suplemento I Eco de Clarín.
Ambas distribuidoras comenzaron a cobrar un cargo fijo en las facturas que va de 4 a $10 para nutrir un fideicomiso administrado por el Banco Nación que debe destinarse a obras. El fondo acumula $1.000 millones. Tanto en Edenor como en Edesur juran que están haciendo las obras. Una pena que el ENRE no informe cuáles, porque, en realidad, lo que también ocurre es que ese organismo de control prácticamente no funciona.
Y esta es una cuestión central que tiene que ver con la política más consistente que se ha seguido desde la década de los noventa: la utilización del Estado como caja para enriquecer a unos pocos, en demérito de la sociedad en su conjunto. Este es uno de los problemas centrales de la sociedad argentina, expresado en la acción política de conducción del Estado.
Este fin de semana, aún con la baja de temperatura, vecinos del AMBA cortaron arterias estratégicas expresando en duros términos la protesta. Y el presente año, que recién se estrena, luce ya complicado en otros ámbitos que elevan la térmica social. Desde ADECUA señalan que los precios del nuevo acuerdo firmado por el Gobierno y empresas involucradas registran aumentos de hasta el doscientos por ciento en la canasta básica, lo cual recalienta las inminentes paritarias que el Gobierno pretende cerrar en un piso máximo del veinticuatro por ciento.
Lo que nadie podrá ya evitar es que la situación se judicialice. La justicia federal porteña tramita al menos dos causas penales por los masivos cortes de luz a raíz de denuncias presentadas contra Edenor, Edesur y, en uno de los casos, el ENRE, el organismo gubernamental encargado de controlar a las prestadoras del servicio eléctrico. La más reciente denuncia es del diputado porteño Gustavo Vera, y quedó a cargo del juzgado federal 4 tras ser presentada ayer en la comisaría 3 de la ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes judiciales citadas por la agencia Télam. La denuncia fue girada inicialmente al juzgado federal 10 a cargo de Julián Ercolini, quien está de turno con comisarías y que la envió a sorteo; la causa recayó entonces en el juzgado de Ariel Lijo, que está de licencia y es subrogado por su par Sergio Torres, quien dispuso que sea ratificada por su autor el miércoles próximo. El mismo Torres dio vista a la Fiscalía para que determine si corresponde o no impulsar una denuncia presentada el 30 de diciembre por el titular de Fedecámaras, Rubén Manusovich, también contra las empresas Edenor y Edesur. Un clásico, que difícilmente lleve a dar respuestas ciertas sobre quién, cómo, cuándo y dónde se generó (valga la figura) este desmadre que llenó unos pocos bolsillos y devastó el colectivo social.