La actual crisis de IOMA no es sólo fruto de la mala gestión del actual gobierno provincial, sino el resultado de un esquema que floreció con Daniel Scioli, que no cedió ni un ápice durante el gobierno de María Eugenia Vidal, y que se ha profundizado hasta la exasperación en estos últimos cuatro años de inmensa mala práxis e ideologizada conducción.
En este medio seguimos el tema IOMA desde 2011, cuando se produjeron las primeras denuncias por parte del sindicato de auditores de IOMA, el SUPTIOMA. En esa época, Idelmar Seillant ya exponía en las denuncias del gremio la situación y describía a este medio y en la radio FM 99.9: «Queremos que se haga justicia, simplemente. Le hemos presentado al gobernador la intervención del IOMA por la corrupción, pero son todos funcionarios de Scioli. Tratamos de frenar esta perversa situación que ha llevado a que los afiliados tengamos cada vez menos prestaciones. Nos ha costado muchísima gente porque han echado a 36 auditores que denunciaron la corrupción».
No solo eso: Seillant siempre aseveró que los fondos que ingresan por los 675 mil empleados públicos de la provincia —que abarca administración pública, seguridad, justicia, educación y salud— deberían alcanzar para dar el mejor servicio del país.
Siempre sobre sus dichos —que llevaron a que la gobernación Kicillof lo echara aún siendo delegado gremial, cargo en el que fue repuesto en noviembre de 2023— Seillant advertía que la situación de vaciamiento de la obra social contó con el apoyo de muchos gremios que hoy son defensores de la gestión que termina: «El directorio está armado de manera gremial, SUTEBA se ha cansado de firmar convenios con las prestadoras y gerenciadoras que tienen cifras siderales, también UPCN entre otros gremios. No vamos a permitir esto. Detrás de cada prestación hay un negocio, en IOMA no hace falta dinero sino que sobran corruptos».
Hay once denuncias penales por el vaciamiento que, en sí, son de los ocho lamentables años de Daniel Scioli. Hoy la situación es gravísima, sin servicios en Mar del Plata, Tandil, y La Plata. Hay policlínicos que fueron comprados en el Gran Buenos Aires que son administrados directamente por la obra social, de los que nada se sabe y nadie audita. En la próxima semana, la legislatura interpelará al director general de la obra, el médico recibido en Cuba Homero Giles, quien baladroneó a los legisladores con un «si quieren interpelarme, que junten los votos». Bien, los juntaron.
El diario La Nación —único de los mayor media argentinos que está publicando sobre el tema luego de décadas de silencio— dice en un párrafo: «Uno de los objetivos es la expansión del IOMA en la provincia, pero con profesionales contratados sin intermediarios y una red de centros propios, sin convenios de por medio con representantes del sector. El Hospital Gabriela Carriquiriborde, abierto en Temperley en 2020, es el primer “hospital IOMA”, junto con unas 200 pequeñas clínicas (policonsultorios) que la obra social habría comprado, alquilado o construido —la información no está disponible— durante la gestión de Kicillof».
Todo es oscuro. Lo que está claro, es que la gente se muere porque no hay prestación de salud y es un hecho que están violando derechos humanos básicos de los bonaerenses.