Luego de la derrota de Malvinas, partera de la implosión del poder del gobierno militar, se aceleró el tiempo del retorno a la democracia. Advertido, el debilitado gobierno de la época atinó a buscar un escenario de indemnidad que fue expresado en la ley 2294, llamada de «pacificación nacional» y conocida políticamente como «la ley de auto amnistía».
Con dicha norma, el régimen pretendía irse sin la presión de verse puestos a derecho ante los tribunales de la nación por los crímenes cometidos entre los años 1976 y 1981. El candidato presidencial del Partido Justicialista para las elecciones de 1983, Ítalo Argentino Lúder, se pronunció a favor de la validez de esta ley, en tanto que el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, denunció durante su campaña la existencia de un pacto sindical-militar y se comprometió a dejarla sin efecto. Al poco tiempo de asumir como presidente, Alfonsín envió al Congreso un proyecto para derogarla, lo que permitió, una semana después, la sanción de la ley 23040, la primera aprobada por el poder legislativo tras la restitución de la democracia.
En paralelo, se lanzó la Comisión Investigadora de los crímenes cometidos por los grupos operativos clandestinos del Proceso y se forjó la identidad política que le dio a nuestro país el «Nunca más» y habilitó el fuerte apoyo sindical para enviar a las juntas militares a juicio. La CONADEP se conformó con 16 personalidades consideradas intachables en esa época. El Partido Justicialista se negó a participar de la misma.
Esa negativa estuvo fundada en las controversias internas del peronismo, ya que el decreto 150 del gobierno de Alfonsín implicaba reconocer la existencia de las acciones criminales de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros. De hecho, en el informe de la CONADEP hay registradas 359 personas que habían sido desaparecidas por la Triple A y otros grupos parapoliciales.
El argumento de la izquierda peronista, era que el gobierno igualaba al Proceso con las organizaciones armadas que se atribuían la representación popular para justificar sus acciones criminales. A esa postura la llamaron la «Teoría de los dos demonios». Actuaron y protegieron a los líderes de ambos grupos, consiguiendo una interpretación de la Corte Suprema que identifica el crimen de Lesa Humanidad sólo si intervienen en los hechos actores públicos, es decir, funcionarios policiales o de las fuerzas de seguridad.
Néstor Kirchner buscó y logró, parcialmente, reescribir la historia. Dio por nulos los decretos/leyes de Carlos Saúl Menem que amnistió por igual a Videla y a Firmenich y, respaldado por el fallo de la Crote, se lanzó sobre los ex militares, mutilando la verdad. Hoy, el gobierno lanza un video y amplias pegatinas poniendo un mensaje en el que pretende apropiarse de aquel «Nunca más» que fue el cierre del alegato del fiscal Julio César Strassera. Un descaro inaceptable.
