Dos hechos judiciales se cruzaron en la pasada semana: un tribunal de la Casación bonaerense, por orden la Corte Suprema de Justicia revisó el fallo condenatorio a Carlos Carrascosa, viudo de la socióloga María Marta García Belsunce, y ordenó su liberación, al tiempo que en Mar del Plata, un tribunal integrado por jueces del Departamento Judicial de San Martín condenó a Gustavo Modesto Demarchi, Fernando Alberto Otero y Mario Fernando Durquet a cadena perpetua, atribuyéndoles cinco crímenes ocurridos en nuestra ciudad en los turbulentos 70. Alfredo Ruiz Paz, Víctor Bianco y Luis Imas produjeron una extraordinaria pieza de literatura fantástica, del tipo de la que hoy parece imperar en el sistema judicial argentino, una nueva suerte de justicia de autor que puede condenar sin pruebas, con base en el mero convencimiento del que tiene el poder de la vida y el patrimonio de las personas.
De la esquizofrenia que atraviesa el sistema de administración de justicia da cuentas el autor del texto que liberó al viudo de María Marta, quien señaló públicamente “deberíamos pedirle perdón a Carrascosa”, criterio contrapuesto al del fiscal de la causa, que no dudó en manifestar que “Carrascosa mató a su mujer o cuando menos estuvo allí cuando la mataron”. Todo ello con el mismo cuerpo probatorio. Es decir literatura, no derecho, y mucho menos garantías constitucionales.
En el caso de la sentencia en el juicio a la CNU, el fiscal general de cámaras Daniel Adler señaló al inicio de su alegato acusatorio: “No tenemos pruebas de acuerdo al derecho procesal formal“. ¿Qué otras pruebas hay, sino las que el derecho procesal formal prevee para la situación? La condena de los tres mencionados y las penas que llevaron a la libertad del resto de los encartados fueron analizadas por un abogado dedicado a la defensa de los derechos humanos para este medio del modo que sigue: “No me cierra el asunto. Da la impresión de que, de juzgar a la CNU, se pasó a juzgar a Demarchi, y con la condena de Demarchi se aquietaron las aguas. Para los demás, penas y penitas”. Y agregó: “No tengo elementos como para evaluar el tema desde el punto de vista jurídico, porque sólo es un veredicto. Da la impresión de que los tres condenados a perpetua fueron los organizadores absolutos de una masacre total en Mar del Plata. No cierra”. La sentencia se conocerá el 20 de marzo, una aberración que prolonga prisiones innobles ajenas a derecho, ya que al no proveer sentencia inmediatamente se prolongan sine die las apelaciones y se prorroga la malicia de la construcción de este relato jurídico ajeno a la ley en nuestro país.
La sentencia se entiende si se conoce a los actores. Justicia Legítima se constituyó en Mar del Plata el 18 de junio de 2015. En la página de ADUM se puede leer: “Tomó la palabra el integrante del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata Roberto Falcone, quien tras repasar los distintos momentos por los que atravesó la ciudad en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, destacó el impulso, la relevancia y la bisagra que significó para Mar del Plata la llegada de Daniel Adler al fuero federal como Fiscal General de Cámara, que con profundo compromiso y convicción impulsó los juicios de lesa humanidad, determinantes para terminar con la impunidad de los militares y civiles que operaron en el área de Mar del Plata. Por todo esto se decidió que el Fiscal General sería la mejor opción para la presidencia de Justicia Legítima Mar del Plata”. Justicia de autor ajena a derecho, una mafia judicial que actúa a su aire en Mar del Plata.