Difícilmente la marcha sindical de repudio al eventual veto presidencial a la ley que busca imponer doble indemnización como método para evitar despidos pueda caracterizarse como histórica, expresión usada hasta el hartazgo por la mass media “K” y replicada por medios como La Nación, que buscan mantener una línea de baja confrontación con el Gobierno a la vez que pretenden no ser etiquetados de antiperonistas, o de derecha, auténtico estigma en la Argentina.
Fue sin dudas una marcha masiva, en la que las organizaciones gremiales pusieron todo su poderío económico sobre la calle con el propósito de recuperar aire luego de una década de amansamiento político. Es obvio que ni Hugo Yasky, ni Moyano, menos aún Micheli, pueden gestar nada histórico en un contexto en que la proa de la sociedad navega sin divisiones hacia terminar con la corrupción. Curiosidad de la vida y la política, quien se colocó en un lugar completamente novedoso fue Luis Barrionuevo, que anunció que no subiría al palco por no estar de acuerdo en compartirlo con el ex ministro Aníbal Fernández, aumentando así su distancia del colectivo protestante.
Barrionuevo, un sujeto variopinto de tantas alianzas como circunstancias ha atravesado, en algo ha sido completamente consistente, y es en enfrentar a los Kirchner; en particular a Cristina, a quien le hizo prodigar un trato feroz en ocasión de elecciones en Catamarca, su provincia. Fue claro, además, al señalar que no hay condiciones para un paro general, y desestimó las amenazas que lanzaron los dirigentes sindicales desde el palco predicando una dureza verbal digna de un enemigo del pueblo.
Que la ex Presidenta se alegre, a través de publicaciones en las redes sociales, de que el pueblo está en la calle, suena tan desconsiderado para con el pueblo mismo, casi tanto como las declaraciones de Ricardo Foster en el sentido de que desea que el Gobierno titularizado por Mauricio Macri fracase. La respuesta directa a todas estas desconsideraciones de los últimos días la dio, cuándo no, Elisa Carrió, al insistir en que los dirigentes gremiales deben presentar declaraciones juradas de patrimonio. La benevolencia de la política y de la justicia con el enriquecimiento de la clase sindical es un dato amargo de la vida democrática argentina. En los fundamentos del proyecto, la diputada explica que “las organizaciones sindicales, empresariales y las obras sociales son persona jurídicas, en algunos casos de carácter público no estatal, pero que por sobre todas las cosas administran dinero o representan intereses de terceros”. Precisa en el texto que “se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban”. No sólo Lázaro Báez tiene bienes que no pueden explicarse, y haría a la salud republicana que tal proyecto se convirtiera prontamente en ley.