El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio es, por lejos, el evento criminal más resonante en las Américas desde la muerte del candidato presidencial mexicano Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994, un crimen nunca debidamente esclarecido.
La violencia narcoterrorista que atraviesa al continente tiene en Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, un articulado continental sostenido por el poder basado en los millones que provee el negocio del narcotráfico.
Fernando Villavicencio ha sido y será un ejemplo de compromiso cívico y político: fue el autor de las investigaciones que colocaron a Correa en la picota jurídica que, aún hoy, lo mantiene prófugo de la justicia en su país. Su asesinato lanza una larga sombra sobre Correa y sobre su candidata, Luisa González.
Los expertos en la lucha contra el narcoterrorismo coinciden en que hoy, Ecuador, es el centro de la violencia narco, superando a México. Así lo cita la DW: «Encuestas pronosticaban un posible segundo puesto para Villavicencio, por detrás de Luisa González, la candidata afín a Rafael Correa (otros sondeos lo ubicaban en puestos más abajo). Con este asesinato, la crisis de seguridad en el país adquiere una magnitud hasta ahora desconocida: “Cada vez queda más claro que Ecuador es el centro de la violencia en el mundo andino, superando la tasa de homicidios de México”, dice a Deutsche Welle Constantin Groll, director de la oficina de la Fundación Friedrich Ebert (cercana a la socialdemocracia alemana) en Ecuador. “Hay muchos indicios de que estamos reviviendo la historia mexicana de los 2000, con el gran auge de los carteles mexicanos, ojalá se puedan aprender lecciones de aquel caso”».
A como sea, ara toda la región —y, en particular, para nuestro país— urge cambiar en materia de políticas públicas frente al desafío del narcopoder. El llamado Grupo de Puebla al que se unió el presidente Alberto Fernández aúpa este escenario e impone la tolerancia al narcotráfico en la región. Más allá del resultado del cambio de poder en el país, salir de este esquema y afrontar la lucha contra el narcotráfico —incluyendo una clara ley de derribos—, debe ser una urgencia de la próxima gestión.
La muerte por paro cardiorespiratorio de Facundo Morales expuso la naturaleza del apoyo gubernamental a este esquema narcoterrorista: estaba a su aire, trabajando como «fotoperiodista». Morales integró las FARC. Fue un cruel integrante de la organización criminal que por setenta años perturbó la vida de los colombianos, secuestrando y matando a miles. Para entender de quiénes estamos hablando, basta decir que el juzgado especial para crímenes de guerra en Colombia le imputó 14 crímenes de guerra y lesa humanidad a diez ex integrantes de la extinta guerrilla de las FARC: la primera decisión de carácter territorial del Caso 05 afecta a nueve hombres y a una mujer de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis, que hacían parte del antiguo Bloque Occidental, que operaba en Cauca y Valle del Cauca, en el occidente colombiano. Entre los delitos hay asesinatos, desaparición forzada, traslado forzoso de población y otros actos inhumanos.
A este ejemplar militante de la violencia como instrumento de la toma del poder es a quien protegía el gobierno argentino.