Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció sobre los reclamos por la suba de la tarifa del gas en la República Argentina. Luego de quince años de políticas energéticas destinadas a demoler el autoabastecimiento del país y de importación de combustibles en negocios plagados de corrupción, el intento gubernamental de corregir los valores fue echado abajo por la manda de la Corte que, amén de exigir la realización de audiencias públicas, deja abierto el escenario a distintas instancias judiciales de diferentes sectores, tales como pymes y actores de servicio sociales. La respuesta ejecutiva del presidente Mauricio Macri fue dar vuelta a la página, solicitar desarrollos de contingencia y seguir adelante. En lo político, la réplica consistió en salir a timbrear; a, tal como graficó el ministro de Interior Rogelio Frigerio, “poner la cara”.
El valor de las tarifas de gas y energía eléctrica ha sido también un impuestazo fenomenal, dada la carga explosiva que los servicios acumulan sobre dichas prestaciones, llegando, en algunas provincias, al 43% del valor final a pagar por el usuario. La sentencia de la Corte, establecida en 120 páginas, abunda en señalar los errores de procedimiento del Gobierno, y solicita audiencia pública obligatoria para el transporte y la distribución, porque estos valores se fijan de manera monopólica. En el caso del Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) o boca de pozo, la ley que está vigente establece que el precio debe ser fijado por el mercado conforme a las reglas de la oferta y la demanda. En la práctica, este precio lo viene fijando el Estado desde hace 14 años, incluso el actual gobierno. En este caso, si el precio de boca de pozo lo fija el Estado, la Corte se ha pronunciado en el sentido de que es razonable que se celebre una audiencia pública previa. Asimismo, la Corte fue sumamente crítica con la Cámara Federal de La Plata por haber concedido un amparo general, al tiempo que señala al respecto que ello implica avanzar sobre aspectos legislativos propios de otro poder.
El Gobierno está frustrado con la Corte: lo dejan en claro diferentes voceros en off, que se quejan en sordina porque la Corte no actuó de esta manera en los pasados años. Es que ser y actuar de un modo profundamente democrático, ajustándose sostenidamente a derecho, es complejo. Negarse a actuar y a usar la fuerza aún en sus formas más sutiles, es más complejo todavía, pero hará a una sociedad más justa y equilibrada. Cambiar es un proceso, no una palabra atractiva para sumar votos.