El fallo de la Corte del distrito de Nueva York ha puesto en alerta amarilla al Gobierno argentino, que ve fracasar instancia tras instancia su estrategia en el contencioso con los denominados fondos buitres. El varapalo recibido por la administración de Cristina Fernández parecía una pesadilla lejana que hasta ahora no tenía visos de concretarse. Y sin embargo…
Según admite en su análisis el diario Página 12, “la decisión difundida convalidó la polémica fórmula de pago que propusieron los mismos fondos al juez Thomas Griesa a fines del año pasado: una cuota de 1.330 millones de dólares en efectivo. Mantiene, además, condicionado el pago de la deuda a la cancelación de ese fallo, ya que los intermediarios, como el Bank of New York, no podrían canalizar los fondos de los bonistas que entraron al canje si la sentencia no se cumple. Sin embargo, frente a la complejidad y relevancia del caso, la Cámara determinó que la implementación de su decisión quedará en suspenso hasta que la Corte Suprema decida si acepta tratar o no la apelación de este nuevo fallo que oportunamente presente Argentina”. El país tiene 90 días para llevar al máximo tribunal el pedido de revisión de la sentencia.
En su crítico y, por momentos, irónico y provocativo fallo, los magistrados Daniels Barrington Parker, Rosemary Pooler y Reena Raggi convalidaron el pedido buitre al pie de la letra. Desecharon la propuesta argentina de abonar en las mismas condiciones del canje aceptado por el 92,4 por ciento de los dueños de bonos en default: quita de capital, reducción de la tasa de interés y extensión de los plazos de vencimiento. “Argentina no presentó ninguna propuesta productiva”, sostienen los jueces que confirmaron la polémica interpretación de la cláusula de tratamiento igualitario en beneficio de los fondos especulativos e ignoraron los argumentos de Argentina sobre la inequidad del fallo, el impacto sobre el país, el riesgo sistémico que implica y el impacto que podría tener sobre futuras reestructuraciones de deuda. “Argentina es un deudor particularmente recalcitrante”, sentencian los magistrados. El desenlace de esta etapa de la disputa legal con los buitres no fue el esperado por el Gobierno. El único aspecto “favorable” que rescataban en el equipo económico es que no genera problemas en el corto plazo. La conclusión del fallo suspende su ejecución hasta que el máximo tribunal decida si acepta o no la futura apelación que deberían presentar los abogados del país. De mínima, esa decisión desplaza el escenario de un posible “default técnico” –la imposibilidad de pagar en tiempo y forma por trabas judiciales a pesar de contar con los recursos y voluntad de pago hasta fines de noviembre-. A ese plazo se le debe añadir el tiempo que efectivamente demore la Corte en expresarse.
La interpretación es claramente política. Y política es la consecuencia. ¿Por qué? Sencillamente porque la administración nacional ha pretendido ignorar que sus despropósitos en política internacional contra los Estados Unidos tendrían consecuencias perniciosas. Los desatinos del canciller Héctor Timerman, el secuestro de un avión de la Fuerza Aérea de los EEUU en Ezeiza, y el acuerdo con Irán, han sido piedras innecesarias en la relación con el país al cual le cedimos nuestra soberanía jurídica en la década del noventa.
Todo es una ida y vuelta. Por medio de la justicia de su país, Estados Unidos devuelve gentilezas. Sin esas provocaciones baladíes e innecesarias, nada de esto hubiese ocurrido. Ahora el costo es evaluar el modo de reparar daños. Y no será nada fácil.