La llegada de la ministro Patricia Bullrich a la ciudad trajo para los medios de comunicación de la aldea la ilusión de pertenecer a la movida grande del espectáculo mediático, equívocamente llamado “nacional” -definición que comprende a los medios metropolitanos, cuyo alcance de cobertura e interés rara vez sobrepasa el primer cordón del Conurbano bonaerense-. El viernes se hablaba de un operativo antinarco de magnitud enorme, con quizá hasta cientos de detenidos. Con el correr de las horas, pasó a ser un operativo “nunca visto” contra el lavado de activos del narcotráfico, enlazando una causa que data de varios años de compraventa de autos por parte de la comunidad gitana.
La explicación que dio Patricia Bullrich para justificar la presencia a su lado del fiscal general de cámaras Daniel Adler es patética: “se coló”, dijo, cuando le cuestionaron la presencia del funcionario en la conferencia de prensa. Recordar aquí que Elisa Carrió había denunciado a Adler veinticuatro horas antes, por integrar la organización Justicia Legítima, expuesta como “organización mafiosa” por el juez federal Alfredo López.
En esta falsa saga antinarco, la línea que une las puntas es tan débil como la que llevó a tantas causas por trata de personas en Mar del Plata, demolidas luego en instancias superiores. Santiago Inchausti (juez federal), Daniel Adler y la troupe de fiscales que le responden son creativos ante el poder político. El gobierno kirchnerista iba por los delitos de trata y derechos humanos, e Inchausti y Adler le dieron casos de trata y derechos humanos, claro que alterando los hechos y forzando pruebas a como diera lugar.
Hoy, en medio de la interna feroz de Bullrich con José Gómez Centurión, y con el tema de la efedrina por medio, le sirvieron a la ministro en bandeja una causa antidrogas con estrépito mediático, justo a la medida de sus necesidades. Son funcionales, y corren hacia adelante buscando que la potencial barrida del Poder Judicial no los arrastre a ellos también.
Los detenidos en el operativo, en su mayoría, lo están por cargos que son de naturaleza propia de la justicia provincial. Carlos Ezequiel Demetrio, Ariel Marcos y Federico Raúl Esteban están detenidos por poseer escopetas no registradas, delito del fuero provincial. Inchausti debió haberse excusado, y remitido el caso a la fiscalía en turno del fuero natural.
La historia oficial dice que la línea conductiva que llevó a estos allanamientos es el seguimiento de una causa de 2013, con sentencia en 2014, por siete años de prisión sobre Juan Manuel Mariscal. Que Mariscal haya adquirido vehículos a integrantes de la comunidad gitana condujo a que, forzando figuras jurídicas, se estableciera una vinculación entre el narcotraficante Mariscal y los detenidos ayer por tenencia de armas de fuego (escopetas de caza) sin declarar. Dar a la operación el nombre de “lavado total”, con el saldo de secuestro de autos sin transferencia como activos narco, es una regia tomadura de pelo, porque a lo sumo se trata de evasión impositiva.
Más que “lavado total”, el nombre correcto sería “burla total”.