Categoría: Editorial

La conducta del kirchnerismo es clara como un vaso con agua: agitar la calle para evitar la cárcel. Nunca, un gobierno de mandato concluido, ha estado en la posición que hoy soporta el kirchnerismo. Las causas penales se acumulan, y la prosecución penal puede llevar a la condena al ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou y a la expresidente Cristina Fernández, a lo que debe añadirse la reciente denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió contra exjefes de Gabinete hoy agrupados en el Frente Renovador.

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Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció sobre los reclamos por la suba de la tarifa del gas en la República Argentina. Luego de quince años de políticas energéticas destinadas a demoler el autoabastecimiento del país y de importación de combustibles en negocios plagados de corrupción, el intento gubernamental de corregir los valores fue echado abajo por la manda de la Corte que, amén de exigir la realización de audiencias públicas, deja abierto el escenario a distintas instancias judiciales de diferentes sectores, tales como pymes y actores de servicio sociales

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Las acciones de odio que a diario se expresan sobre la persona de Mauricio Macri tuvieron en Mar del Plata un capítulo cuasi extremo, cuando un grupo de los liderados por Chacho Berrozpe arrojaron piedras al vehículo que transportaba al Presidente, en un contexto de iracundia política nunca vista en democracia.

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Es un rasgo del poder negar y hacer del verbo un fuelle para encender el fuego de la confusión. Así han transcurrido estos días precisamente desde que el juez Martínez de Giorgi anunció por todo lo alto que citaba a indagatoria a Hebe de Bonafini, la controversial presidenta de Madres de Plaza de Mayo. Desde 2011, y a partir de la denuncia de Jorge Vítale sobre corrupción con los fondos previstos para la Fundación Sueños Compartidos,  que el magistrado tiene todos los elementos para desarrollar los aspectos cargosos de la causa que implica una defraudación millonaria al Estado nacional.

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Es un instante de la historia presente que tiene un mérito notable: hay consenso sin precedentes en que el robo de fondos públicos no encierra ni un ápice de “viveza criolla”, sino que es un daño infligido a toda la sociedad, y debe ser perseguido y punido a derecho.

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No es el convento histórico que marcó el inicio de la gloria del general José de San Martín, ni siquiera es ciertamente un convento; todo va señalando que es la tapadera de una estructura económica manejada por un sector de la Iglesia cuyas acciones estuvieron lejos del escrutinio público hasta que José López llegó al lugar con sus bolsos llenos de millones de dólares.

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