Ahora que desaparecieron las filminas, que dejamos atrás a Suecia, Uruguay, y Chile, que, en proporción, tenemos más fallecidos por Covid-19 que India, EEUU, y Brasil, comienza a surgir nítidamente lo que desde este medio sostuvimos al inicio de la cuarentena: no es el virus, es la ideología, lo que encerró a los argentinos.
Una jueza federal de Mendoza le dió aire al debate sobre los derechos y las obligaciones del poder para con la ciudadanía. En un fallo que debería recoger el universo judicial en todo el país, la magistrado Alejandra Mauricio declaró inconstitucional el artículo N°4 del DNU presidencial que prevé la detención de las personas que violen el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) establecido desde mediados de marzo. El fallo fue dictado hace algunas semanas, pero cobró notoriedad durante los últimos días en medio de la disputa entre la Casa Rosada y la Gobernación mendocina.
“El Presidente está facultado para restringir derechos y garantías de las personas en una situación excepcional como ésta, incluso se lo permiten algunos pactos internacionales” explicó Mauricio, aunque aclaró: “Lo que no puede es decir que el cumplimiento de estas restricciones configuraran un delito del Código Penal porque lo tiene prohibido por la Constitución Nacional y eso es lo que yo he declarado inconstitucional”. Según Mauricio, “los primeros decretos quedan vacíos de contenido sancionatorio” y explicó su resolución al asegurar que dispuso la inconstitucionalidad del artículo N° 4 del DNU firmado por Alberto Fernández “porque el artículo N°99 de la Constitución le prohíbe al presidente de la República Argentina emitir decretos de necesidad y urgencia que legislen en materia penal”.
Para los entendidos a derecho, el fallo es de lógica pura y elemental. El interrogante es, entonces, por qué esta expresión se da en solitario y hay cientos de procesos abiertos por violación a la cuarentena. Es simple: el poder judicial, masivamente, se plegó como un cuerpo adosado al poder ejecutivo y dejó expuesta a la ciudadanía.
Nuestra constitución es clara, y establece la independencia de los poderes sin espacio a la duda. No obstante, la cultura de apego al poder político es una de las rémoras más crueles que padece nuestra democracia. No es un tema de leyes, es cultural, y de procedimiento. Los abusos que se han cometido en estos meses llevaron a barbaridades como, por ejemplo, no permitirle a Solange Musse reunirse con su padre antes de fallecer.
Hay fallecidos, privados de la libertad y procesados por la justicia de Santiago del Estero, San Juan y Formosa por un decreto que asumió potestades impropias. La Jueza respondió, cuando le preguntaron si estaba preocupada por las presiones, que se encuentra muy tranquila con su conciencia, porque siempre se manejó del mismo modo: “Hasta ahora no he tenido presiones; sí felicitaciones de colegas y de vecinos. No tuve miedo, estoy acostumbrada a hacer rebeliones”. Y cerró: “el que no tiene valentía para ser juez tiene que ir a su casa”. Recordó también que “la Constitución tiene que regir independientemente de quién sea el que gobierna. Es nuestro deber, para eso nos pagan”. Está dicho. Ahora, que sea regla, y no excepción.