La provincia de Buenos Aires ha sido gobernada por el peronismo en sus diferentes variantes —sólo con el breve interregno de María Eugenia Vidal— por las últimas tres décadas. Este último tramo de cuatro años, fueron el tiempo de Axel Kicillof, quien ha llevado literalmente a la ruina a la «cosa pública» provincial, pese a haber recibido recursos descomunales a través de transferencias del Estado nacional durante este período.
Sólo en transferencias discrecionales —así se las denomina, aunque cueste creerlo—, el acápite oficial del gobierno federal, Axel Kicillof, recibió la friolera de $650.700 millones entre enero y noviembre de 2023. Por fuera del presupuesto, claro está.
No es todo, ya que la provincia a recibido también, de manera impropia y ajena a derecho, una sustancial suma extra por el quite de fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que continúa hasta el día de hoy. Según cita Alacadio Oña en Clarín —tomando como fuente a ASAP, una consultora especializada en análisis de presupuesto—: «entre enero y octubre de este año, las transferencias de capital de la Nación a las provincias, es decir, los fondos para inversiones y la inversión directa misma de la Nación sumaron $ 949.354 millones, de los cuales el 25% o la cuarta parte anclaron en Buenos Aires. Existe eso y más que eso: los recursos a la PBA superaron en un 145 % nominal o un 10,6% real, descontada la inflación, a los que había recibido durante el mismo período de 2022».
Este festival de recursos no se refleja en la calidad de vida de los bonaerenses. No alcanzan ni Jorge «Chocolate» Rigau ni la banda de apropiadores de La Plata para explicar este trasiego de fondos monumental del que se han apropiado en nombre de la política.
Cuando Axel Kicillof anunció que pediría un préstamo de US$150 millones para —así dijo— «pagar sueldos y aguinaldos», la oposición —en particular, dirigentes de JxC— estaban tentados de acompañar si así se garantizaban fondos para los municipios. Léase: ser compañeros de ruta de otro saqueo a costa del contribuyente.
Tal como viene señalando en sus dichos y decisiones, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, recortó en $220 mil millones el presupuesto provincial y reunió a todos los intendentes de la provincia para pedir que se sumen a esta política de austeridad. También, el recién asumido intendente de Chaco Zdero dejó de pagar por mes los cinco mil teléfonos celulares que funcionaban a costo del erario público. ¿Qué hay en la caja de pandora que oculta Kicillof, creído que llego su hora para, desde la provincia, liderar al PJ nacional?
Tal como es ya tendencia, a la PBA no le va a quedar otra que ordenar el gasto público o enfrentar —antes de un año— una situación crítica que desborde la paz social.