Lo dijo el presidente Alberto Fernández. Este 20 J, se lo recordaron en las calles del país por todo lo alto actores sociales convocados per sé, y animados por el rechazo al poder omnímodo del Estado. Tal como señaló en varias oportunidades Gonzalo Sánchez Bersain en la 99.9, hay un esquema continental que busca modelizar Sudamérica al estilo cubano.
La búsqueda de expropiar a un gran actor de la economía argentina está emparentada con un modelo político, uno que busca quedarse con el capital construido por particulares con la excusa de defender la “soberanía alimentaria”, un absurdo en un país que produce alimentos para 400 millones de personas.
Según se reveló en medios tales como Clarín —en boca del periodista Mauricio Bartoli —, el gobierno nacional y el provincial buscan alinear al juez del concurso de acreedores con sus los objetivos políticos. Pero lo que ocurre en torno al tema expropiación de Vicentín, es más de lo que está expuesto en los medios. En una columna de su autoría, Ignacio Zuleta señala: “En La Bancaria creen que el proyecto esconde la intención de remover a funcionarios de la línea profesional del Banco, y el gremio está dispuesto a defenderlos ante el reproche que son responsables del sobreendeudamiento del grupo”. El descargo que circula en el gremio dice: “1. El área de riesgo crediticio calificó a la empresa para darle hasta US$350 millones y sólo lo asistieron en US$300. 2. Era una empresa en situación regular en cuanto a su crédito. 3. Es una empresa de 50 años como cliente del Banco y es la tercera empresa privada en magnitud de su cartera. 4. Los funcionarios de la línea cumplieron en todo momento con las normas internas y externas para el otorgamiento de financiamiento. Las negociaciones fueron aprobadas por el Directorio del Banco. 5. Antes de irse Juan Forlón ─hoy en la AGN en representación del peronismo─ de la presidencia del Banco Nación, el grupo ya debía US$180 millones”.
Estos datos nos llevan a otro tópico: el Gobierno busca forzar la idea de que la deuda del grupo es fraudulenta, y busca vincular a Mauricio Macri con dicho fraude. Nones. El monto mayor le fue otorgado por el Banco Nación durante el segundo mandato de Cristina Elisabeth Fernández viuda de Kirchner. Para los dirigentes de la Bancaria, el manejo político judicial del caso Vicentín memora lo pasado con la gerencia general del BAPRO en la década del ’90, quienes pagaron con causas penales acuerdos de préstamos irregulares, que no cumplían con los parámetros expresados por el BCRA.
El presidente el día de la convocatoria cargó pólvora pesada en el caso Vicentín, forzando la relación entre el empoderado —como jefe de Estado — y los votantes. Ante la masiva expresión ciudadana, no les queda otra reflexionar y entender que no hay espacio para un programa socialista de gobierno que —a excepción de algunas minorías — Argentina no acepta ni política, ni culturalmente.