En el país del fútbol y el samba, en la nación mimada por la crítica internacional por sus logros económicos y la solidez de sus dirigentes populares, nace la protesta que conmueve a América y al mundo. ¿Qué está tan mal? Hay respuestas, y son simples y están a la vista de quien quiera ver.
El periódico digital “El sol de Yakima” señala: “Brasil está sufriendo una de las mayores manifestaciones masivas debido a deficiencias en los servicios públicos de salud y educación, la elevada delincuencia y la corrupción que opaca al Gobierno. Pero sobre todo, porque el país ha centrado una millonaria inversión en la organización de la Copa Mundial de Fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos 2016”.
Se trata, como ya lo han señalado algunos medios, del “otoño brasilero”, una expresión del descontento social del país carioca muy semejante a otro tipo de protestas que han acontecido en el mundo en los últimos años y que van desde la llamada “primavera árabe”, en los países musulmanes, hasta el movimiento “Occupy Wall Street”, en Estados Unidos.
La protesta de los brasileros se debió inicialmente a un incremento en el costo de los pasajes de autobús, pero ahora, ha puesto reflexionar a la principal economía de América de Sur sobre qué está haciendo mal en los temas de calidad y bienestar social para generar el descontento masivo. Sobre todo, en cuanto al despilfarro del dinero público.
En realidad, no es que los millones de “indignados” brasileros estén en contra de la realización de la Copa Mundial o los Olímpicos, para nada; se sabe que generará enormes divisas a la economía de su país, sobre todo en el área de turismo. Pero la insatisfacción está en que el Gobierno ha invertido 13 mil millones de dólares sólo en la realización de la Copa de Fútbol Brasil 2014 —la más cara de la historia— en perjuicio de otros sectores que también necesitan de mayor inversión como son la educación, el transporte, la salud y la seguridad.
La misma presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien goza de una abrumadora popularidad desde el inicio de su Gobierno, ha dicho a través de su Departamento de Prensa que las voces de las protestas “deben ser escuchadas” y que las considera manifestaciones “legítimas y propias de la democracia” ya que “denuncian la corrupción y el despilfarro del dinero del Gobierno”.
Brasil goza de una estabilidad económica envidiable debido a la política social aplicada desde 2003 por el ex presidente “Lula” Da Silva, cuyo Gobierno, según cifras oficiales, ayudó a sacar de la pobreza a unos 40 millones de brasileros. Sin embargo, no todo es color de rosa: hace un año, la Corte Suprema de Brasil condenó a altos funcionarios cercanos a Lula, por el mayor caso de corrupción de ese país. Esas condenas llevaron a que el Gobierno de Rousseff impulsara una ley limitante de las facultades investigativas de las fiscalías actuantes, motivo también de repudio.
Las marchas y la violencia en las mismas en contra de la clase política provocaron que esta semana el Congreso de Brasil aprobara la ley que determina que la corrupción es un crimen atroz. El proyecto estaba en espera en el Senado desde hacía dos años, y ahora se aprobó con gran velocidad, en 48 horas. Los senadores han confesado que fue “una respuesta a la principal reivindicación de las protestas en todo el país”, afirmó el senador Àlvaro Dias, del PSDB. Y recordó que la palabra “corrupción” fue “la más pronunciada estos días en las calles y plazas por los jóvenes brasileños. Incluso el presidente del Senado, Renán Calheiros, admitió que la votación fue ‘consecuencia de los gritos de la calle”.