Las cuestiones ambientales están al orden del día globalmente, y tienen su correlato local. Los hechos devenidos de las okupaciones en los balnearios del sur están siendo ordenados por la justicia en Mar del Plata, de lo que da cuenta este medio que, tal como es su estilo, sigue rompiendo el cerco informativo.
De lo citado en el artículo central, en referencia a la orden de desalojo producida por la Cámara en lo Civil y Comercial integrada por los jueces Rodrigo Cataldo y Alfredo Méndez producida en el contexto de una denuncia por supuestos delitos ambientales provocados por la firma Rivan SA —concesionaria de la UTF «Manantiales Club de Mar»—, se desprende claramente el estadio de anomia de los efectores provinciales de seguridad, quienes nada han hecho a la hora de evitar estos atropellos.
Pero es obvio que hay «cuestiones ambientales» y cuestiones ambientales. Es significativa la impunidad de los operadores de la empresa público-privada Centrales de la Costa SA, que en nuestra ciudad explota la Central 9 de Julio, cuyas acciones quedaron a la vista por el sistemático registro de los vecinos que proveyeron cuantiosos datos a través de videos y de la toma de muestras de las sustancias que afectaban sus salud tanto auditiva como respiratoria.
La situación se llegó a convertir en un verdadero infierno, provocado ex profeso por la compañía que, puesta a suplir la generación de energía la salida del sistema de la central Atucha II, no dudaron de hacerlo a través de un equipo fuera de registro que provocaba un ruido atroz y nocivo para la salud humana así como de emplear fueloil de probable origen venezolano, que expulsa un material ferroso sumamente contaminante.
El integrante de la denominada Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon, Daniel Barragán, se propuso como vocero de la compañía, la cual debería ser controlada por el OSEBA y auditada por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, lo cual no ocurre. Las autoridades de Centrales de la Costa se hicieron presentes en la Defensoría sin darle aviso a los vecinos y sin medios de comunicación presentes, y bajaron línea a través de Barragán.
Muy lejos de la gente, el compañero de ruta de los funcionarios de La Cámpora, Barragán, comunicó a través de los medios digitales que «Analizamos la situación, la empresa reconoció el funcionamiento defectuoso de una maquina y se comprometieron a no utilizarla hasta que esté reparada. Acordamos también que en un lapso de 45 días corridos se va a hacer un estudio ambiental de las emanaciones de humo o gases que existieran». ¡Vaya! Estaba todo sobre la mesa, y así y todo pusieron los equipos a funcionar igual.
Pero eso no es todo: también reconocieron que emplean fueloil, afirmando que se debe a la falta de suministro de gas por parte de Camuzzi. Señalaron que «no se utilizarían combustibles líquidos en la medida que haya una provisión suficiente de gas por parte de la empresa Camuzzi, con lo cual esto podría cambiar sustancialmente la situación actual». Cuesta entender que, en pleno verano, no haya suficiente flujo de gas para a bastecer la central. Existe un informe de bomberos —de 2011— que expone una situación crítica que pudo tener consecuencias enormes: en ese momento, se empleaban camiones para traer el fueloil a la central y hubo un principio de incendio, que se pudo sofocar rápidamente. Los vehículos en cuestión pertenecían a la empresa de transportes de Luis D’ Elia. El uso de combustibles líquidos difícilmente sea por falta de provisión de gas a la central, estando en pleno verano.