“No hay tiempo que no se acabe, ni tiento que no se corte“. La cita en el Martín Fierro expresa una verdad de puño que la humanidad ignora una y otra vez. El tiempo de beatificación política y mediática de Daniel Scioli, ex gobernador de Buenos Aires por dos periodos completos, terminó: esos ocho años de gobierno significaron la devastación de las arcas públicas, el abandono de la gestión del Estado, y una descarada compra de silencio mediático a costa de los bonaerenses.
En el cierre de este año, con la citación judicial al ex todo poderoso jefe de Gabinete Alberto Pérez y las revelaciones del ex titular de Astilleros Río Santiago Héctor Scavuzzo -quien señaló al ex ministro de la Producción Cristian Breinstentein como el responsable de los contratos truchos que generaban una caja millonaria-, todo va tomando perspectiva. Scavuzzo declaró que los contratos eran cobrados en persona por el propio Breitenstein, quien, desde Alemania, donde reside actualmente, adujo no tener nada que ver con la maniobra y estar extrañado de que luego de cuatro años, y un año después de haber dejado el cargo, le llegue dicha imputación.
Es lógico que Breitenstein esté extrañado; no llega a comprender cómo se terminó la impunidad de la que gozaron a pleno y descaradamente durante ocho años. La maniobra es investigada por el fiscal Jorge Paolini, titular de la UFI nº 8 de La Plata, y fue cometida entre 2012 y 2014, con la generación de legajos por contratos laborales de entre 30.000 y 40.000 pesos cada uno, a favor de personas que no tenían conocimiento de que se estaban utilizando sus datos personales para el cobro de esas sumas. El caso se descubrió a fines de 2013, cuando una mujer quiso tramitar el cobro de la Asignación Universal por Hijo y se la negaron porque figuraba cobrando un sueldo en el Astillero Río Santiago. Por el hecho están imputados el ex presidente de Astillero Río Santiago, Héctor Scavuzzo; el exjefe de Gabinete del Ministerio de Producción bonaerense, Omar Ombrosi, y otros ex directivos de Astillero Río Santiago. En este último punto se hace referencia a Rodolfo Elisetch, quien se desempeñaba como coordinador de sueldos y jornales, y personal superior: Oscar Edgardo Borcerio, ex secretario de presidencia de la empresa, y Julio Rubén Borovik, ex gerente general.
Paolini, hasta el momento, acreditó la existencia de 95 empleados “truchos” y un desfalco de unos 16 millones de pesos. Y ahora, con las acusaciones de Scavuzzo, debe determinar si Breitenstein cometió el delito de peculado. Si eso ocurre, el ex ministro podría ser citado a declarar bajo indagatoria y quedaría involucrado en la causa.
Sergio Breitenstein dice estar extrañado. En la anterior articulación del Estado, obtener beneficios indebidos no era castigado sino protegido, como bien lo demuestra el hecho de que el fiscal Jorge Paolini enterrara en un cajón la causa por cuatro años. Esos mismos cuatro años que extrañan a Breinstentein.