2017 debería marcar un cambio en el rumbo de la política judicial, y abrir el paso a los mecanismos que generen la reparación del servicio de justicia en el país. El fuero federal está en la mira, en particular los magistrados de Comodoro Py, aunque son sólo una pieza de un puzzle mucho más complejo.
Carolina Píparo le manifestó a Clarín el último día de 2016: “Desde la Universidad y a través de (el ex juez Eugenio) Zaffaroni se baja y se bajó línea de que el delincuente cometió el hecho por la falta de oportunidades. Son jueces abolicionistas de la pena. Si no creés en la pena, no está bueno que labures en la Justicia penal. Esta Justicia justifica el delito. No exige que al delincuente se le den oportunidades nuevas, sino que le rebajan la condena. Es una carrera para liberarlo cuanto antes”. Píparo, recordemos, lo aprendió a su propio costo y el de su familia, como lo aprendió por el mismo camino la filósofa Diana Cohen Agrest, cuyo hijo fue asesinado en la puerta de su casa.
Estos abolicionistas no son ideólogos. Ni Zaffaroni ni Roberto Atilio Falcone tienen ideología. Se apropiaron del sentimiento de reluctancia al poder que emergió en la sociedad al concluir la dictadura y ser advertida popularmente la dimensión del horror de la política de noche y niebla de Videla y los gobiernos militares entre 1976 y 1983. La incuria provocada por estos actores del sistema creó una escuela de perversión del pensamiento, que colocó a la víctima en el lugar del victimario aduciendo cuestiones de clase y falta de oportunidades. Hipocresía perversa que ha llevado a tener en una década más muertos a manos del crimen que caídos en combate en la guerra de Malvinas.
Diana Cohen Agrest señaló, entrevistada en la 99.9, que el ministro de Justicia Germán Garavano, en un diálogo mantenido entre ambos, le había manifestado: “usted piensa más como el Presidente que yo”. Clarísimo queda, en esta revelación, que el presidente Macri busca una interacción a favor de la víctima por parte del Poder Judicial, que por ahora no luce como tal. Es obvio que Garavano no será el agente de cambio que pretende el Presidente, en sintonía con una sociedad que reclama y necesita que el que delinque, el que mata, el que viola pague su condena íntegramente.
El Gobierno soportó la blitz impulsada por los sectores que buscaron la impunidad de Milagro Sala, manteniéndose a la par del coraje político del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. La condena a Milagro Sala es emblemática, más allá de las fronteras de Jujuy: refleja el espíritu social de este momento, que busca lógica, sentido común, única virtud que requiere el ejercicio de la función judicial.
2017 puede ser un año de inflexión para abrir el sistema judicial al escrutinio público, de modo de tener un control ciudadano que coloque las cosas en su lugar. Un delincuente es quien delinque, un criminal es quien toma otra u otras vidas, y una víctima es quien sufre la agresión y hasta ahora, amén de sufrir en vida y bienes, fue entre ignorada y acusada de poseer como la raíz fundamental de su padecer.
Que haya cambio depende del Gobierno y de los ciudadanos en su afán de ser agentes, motores del cambio que anhelamos por una vida y un país mejor.