Los acontecimientos de esta semana que condujeron a la detención del gremialista y propietario de medios Marcelo Balcedo expusieron una vez más la trama de negocios espurios y acumulación de riqueza que grupos enquistados en el sindicalismo vernáculo manejan por diversos instrumentos a su disposición.
Se trata de acuerdos y prácticas que la sociedad ha tolerado por treinta años, con dos capítulos fuertes en gobiernos radicales, el de Raúl Alfonsín y el de Fernando De la Rúa. En el primer gobierno de la democracia, se pretendió cambiar de raíz la matriz sindical con la llamada “ley Mucci”, denominada así por el impulso dado por su creador, el entonces ministro de Trabajo Antonio Mucci. La ley cayó por un voto, el del senador Elías Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, que votó en contra e impidió que la ley fuera sancionada. En el gobierno de Fernando de la Rúa, fue Patricia Bullrich -hoy ministra de Seguridad- quien como titular de la cartera de Trabajo entre 2000 y 2001 buscó impulsar un proceso de transparencia en las organizaciones sindicales. Tampoco fue posible, y los gremios tuvieron un rol preponderante en la caída del Gobierno y en el armado del de cuasi facto de Eduardo Duhalde.
En estos días, y seguramente a partir del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, tomará fuerza un nuevo ciclo para tener una ley que dé lugar a una auténtica democracia sindical. Mario Negri señaló al respecto: “Si el PJ gobierna, hay dirigencia sindical que toma sedantes. Si gobierna otro, toman anabólicos y tratan de empujarlo. Invocan la pobreza que dejaron”. La diputada Soledad Carrizo propuso limitar las reelecciones de los jefes sindicales para que los gremios “vuelvan a tener democracia interna” y sumen “la legitimidad que han ido perdiendo por sostener prácticas y metodologías viejas, entre ellas la de perpetuar en la conducción a las mismas personas durante décadas”. Fortunas imposibles de imaginar, vidas palaciegas usando de tapadera la necesidad de los que menos tienen, una constante que comienza a ser develada y los responsables puestos en su lugar.
El santafesino Mario Barletta, sin embargo, fue más duro: “Hay algunos dirigentes gremiales que durante 12 años no abrieron la boca y fueron a aplaudir a la Casa Rosada y ahora salen como los grandes defensores de los trabajadores. Gran parte de los gremialistas son una mafia; sólo se preocupan por hacer caja”. Nadie podrá hoy ponerle el mote de “gorila”, tan eficaz para contener la crítica a quienes se escudan en la historia de las necesidades argentinas para evitar que el peso de la justicia caiga sobre ellos.
Un tiempo diferente de cambio que la sociedad reclama a gritos parece ser la agenda que se impone. Que así sea.