La disputa de estos días en los Estados Unidos muestra al presidente Donald Trump enfrentado a los factores de poder que marcan límites a aquellos que buscan, en la comunicación directa con la masa, trasgredir el criterio de orden público que las naciones han construido para evitar la concentración y la arbitrariedad de los poderosos en el gobierno.
Respecto de la resolución que un juez federal le ha impuesto al Gobierno central de dejar de lado la directiva del Presidente de imponer condiciones restrictivas máximas a personas que, procedentes de siete naciones islámicas, pretendan ingresar a la Unión americana, Robert Ferguson, fiscal federal de Washington, ha manifestado: “Ha prevalecido la Constitución. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el Presidente”, afirmó, tras conocer el dictamen. El fiscal añadió que esperan que el presidente Trump “cumpla con esta orden” y que detenga su aplicación en los puertos de entrada al país.
La sentencia firmada por el juez federal James Robart prohíbe a los trabajadores federales de todo el país aplicar el decreto de Trump. Trump respondió desde su cuenta de Twitter con una revulsiva frase: “Un supuesto juez ha paralizado el decreto de manera ridícula y será anulada”, creando así una mayor tensión en este delicado tema. El juez de marras -que no es “supuesto”- fue nombrado por el presidente republicano George W. Bush en 2004, y es considerado un defensor de los débiles, según los diarios de Seattle.
El fiscal general de Washington alegó en su demanda que el veto migratorio viola los derechos constitucionales tanto de los inmigrantes como de sus familias, así como su derecho a la libertad religiosa y a la igualdad ante la ley. Ferguson argumenta que la orden ejecutiva de Trump “está motivada por el odio y el deseo de dañar a un grupo en particular”, apoyándose en declaraciones que el Presidente realizó durante la campaña electoral. La manda impone la automática imposibilidad en toda la Unión americana de aplicar la orden ejecutiva, y libera cuando menos sesenta mil visados ya otorgados a personas que estaban en curso de ingresar a los Estados Unidos.
El Gobierno en tanto anunció que apelará la medida y que pretende dar batalla en los tribunales para imponer su visión del manejo de la cuestión inmigratoria. Una encuesta publicada esta semana revela que más del 52% de los americanos ven de modo negativo al Presidente empeñado en dar respuesta a su base votante lejos de cualquier idea de cerrar la profunda grieta que divide a la nación.