La política y los medios metropolitanos se han agitado estas semanas al calor de temas tales como el protocolo antipiquetes, la negociación salarial docente, o el acuerdo con los holdouts. El espacio concedido a los hechos vinculados al narcotráfico que involucran a dirigentes del FPV es de una escasez y falta de visibilidad preocupante.
Dos hechos seguidos generan un escenario de contundencia sobre el modo en que la frontera argentina ha estado liberada al narcotráfico a una escala que impresiona. Las detenciones de Pedro Ramón Bareiro, asesor del senador del FPV José Mayans, y del concejal Alejandro Gabriel Maurín, de la localidad salteña de Salvador Mazza, es parte mínima de la mucha evidencia que existe y expresa íntima vinculación entre política y narcotráfico.
Por primera vez en dos décadas, esta cuestión tiene expresiones concretas que salen del cotilleo de la política y se plasma en causa penales. En el primer caso, Pedro Bareiro no es cualquiera en la política formoseña. Según publica el medio digital “Diario Opinión”, los efectivos federales que se acercaron a la camioneta volcada de Bareiro hallaron 51 kilos de cocaína, además de una agenda del senador Mayans. Hubo un momento de confusión inicial, que surgió por el primer pesaje que realizó personal de Drogas de la Policía provincial, que totalizó 59 kilos. El hijo de Pedro Bareiro es desde el año pasado funcionario de Aduana de Clorinda, y su hermano, el recientemente ascendido comisario inspector Carlos Rigoberto Bareiro, fue designado jefe de la alcaidía Clorinda. Un video emitido por el noticiero Telenoche, de Canal 13, muestra al hijo del funcionario de la Aduana facilitando el paso de otro integrante de la familia sin control alguno. Asimismo, está fehacientemente comprobado que Pedro Bareiro aportó mucho dinero en las últimas cuatro campañas del Frente para La Victoria. La pregunta obligada es: ¿cómo puede, un empleado público, aportar 600.000 pesos por cada campaña, sin llamar la atención de nadie?
En el caso de Salta, las detenciones formaron parte del operativo “Febrero Blanco”, por el cual ya se realizaron 14 allanamientos en distintas provincias y se secuestraron 267 kilos de cocaína y material importante para la logística de los traficantes, como gran cantidad de dólares, GPS, teléfonos satelitales y celulares, vehículos y documentación de interés. En esta causa se encuentra prófugo Mauricio Gerónimo, también concejal, sobre quien pesa una orden de captura de Interpol.