El escenario y los paradigmas vigentes desde el retorno a la democracia están en crisis. Sobre el gigantesco error de llevar la lucha antisubversiva al mismo plano vil en el que se manejaban las organizaciones armadas orientadas y financiadas por el régimen de Fidel Castro, la dictadura militar prohijó una guerra paralela en la que, si bien derrotó al enemigo, también sembró el inicio de lo que aún hoy vivimos: una profunda distorsión social, cultural y jurídica sobre el bien protegido por las leyes y el accionar del Estado.
El caso del policía Luis Chocobar colocó una vez más en el centro de la escena la discusión sobre la naturaleza del bien jurídico a proteger en el contexto de la violencia urbana. Según las estadísticas oficiales, entre 1991 y 2009, más de 50.000 personas fueron víctimas de homicidios. En 2016, últimos datos publicados, siete personas son asesinadas cada día en la Argentina. Son víctimas de peleas, de ajustes de cuentas, de crímenes de género o de asaltos. Sus muertes son el testimonio del nivel de violencia que hay hoy en el país: doce años atrás, en 2006, el promedio de homicidios diarios era de 5. Si bien la tasa de crímenes comienza a bajar, aún es alta.
A partir del caso de Santiago Maldonado, la ministra Patricia Bullrich comenzó a marcar una agenda en la que el funcionario del Estado no queda como el primer y -casi siempre- único culpable. Esta expresión de la ministra es claramente la línea política que ha establecido el presidente Mauricio Macri y que quedó fuertemente demarcada en la recepción que le hiciera a Chocobar en Casa Rosada, acontecida luego de que el juez interviniente le fijara al funcionario policial una caución de 400.000 pesos y ordenara su procesamiento penal por homicidio en exceso de la legítima defensa contra Juan Pablo Kukok, autor del ataque al turista estadounidense Frank Joseph Wollek. Cabe destacar que tanto el fiscal general Ricardo Sáenz como el defensor Rubén Melazo pidieron ante la Cámara de Crimen el sobreseimiento del efectivo.
El cambio de paradigma es un dato concreto, y lo reflejó ciertamente la ministra Bullrich al responderle a José Vivanco, de Human Rights Watch: “el representante de HRW tiene una mirada que en la Argentina nos ha costado un aumento de la violencia, el aumento de tasas de homicidio. Nosotros, cuando llegamos, teníamos la tasa de homicidio en siete puntos cada 100.000; la hemos bajado a 5,2 en dos años, hemos salvado vidas. Nuestra manera de ver las cosas nos está dando resultados positivos en todo el país. Hemos bajado homicidios, hemos desarmado bandas, y ahora tenemos que bajar un delito que nos preocupa mucho, que es el robo cotidiano”. Los miles de deudos de los asesinados en democracia, que hacen a la masa crítica de la sociedad argentina, seguramente estarán complacidos de un cambio de paradigma, que también es clara señal de un cambio de época.