Los recientes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales de casación están marcando un rumbo muy claro: la confirmación de la condena en una de las causas a Milagro Sala, y el dictamen que confirmó la condena de Amado Boudou se complementan con decisiones en casación que ordenan no entregar el informe de llamadas de la presidencia de la nación en el periodo 2015 a 2019, y el envió a Comodoro Py por las denuncias de espionaje interno.
Desde que debió entregar el poder a Mauricio Macri en diciembre de 2015, todo el curso de acción de la ex presidente fue puesto en dos vías: buscar a como dé lugar generar causas que involucren a Macri o sus funcionarios, y obtener beneficios procesales en sus propias causas, que están en trámite muy avanzado.
Cada fallo de la Corte demuele el relato del “lawfare” y confirma el nivel de ruindad que campea en estos predicamentos que diversos medios alimentan en giros lectivos más propios de la novela que de la sensatez jurídica que rige nuestro orden jurídico. Léase: el criterio de prueba tasada. Esto es, las pruebas deben ser consistentes y no relatadas. A diferencia del código sajón, en el nuestro, la prueba datada es central.
Los conceptos del presidente Alberto Fernandez al respecto son ciertamente temerarios. Afirmó que en Argentina hace falta una urgente reforma judicial porque, por algunos jueces y fiscales, el sistema pierde toda credibilidad. Es obvio que hay que dar cambios ciertos al sistema judicial. Es imperioso quitar la matriz actual que no responde a la sociedad y se desvela por la relación con la política. El interrogante válido es si será este el gobierno el indicado para llevar tremendo cambio en nombre de la sociedad, y la respuesta es obvia: no.
Los cambios deben comenzar por eliminar los denominados Consejos de la Magistratura que, obvio es, no están a la altura de lo que se entendió era probo al crearlos. Tremendos organismos que cuecen la miasma judicial a su parecer para luego elevar una terna que es potestad del Senado y del ejecutivo determinar luego a quién se nombra.
Es imperativo que funcionen los controles de constitucionalidad y legalidad, así como la debida protección a la intimidad de los individuos, que se ha transformado en un clásico avasallar. Los plazos no se cumplen, las resoluciones de alzada tienen tiempos interminables que llevan a la ruina a familias enteras, y que se ven sometidas a procedimientos arbitrarios por jueces y fiscales de primera instancia.
En el departamento judicial Mar del Plata abundan los ejemplos: la cámara federal que debe resguardar los derechos —en especial el derecho de inocencia— no lo hace debidamente, y el fervor carcelario de los fiscales y del juez de primera instancia a cargo de los juzgados penales arrolla libertades y patrimonios a su aire, sin consecuencias posteriores.
Hace falta una imperiosa reforma en el poder judicial, pero no la que pretenden los poderosos de turno, si no una al servicio del ciudadano contribuyente, hoy por hoy, el gran ignorado del sistema.