El presidente electo Alberto Fernández eligió como primer destino extranjero México. Su interlocutor fue el jefe político de un estado fallido que no puede garantizar la vida de su gente, y que alberga en su geografía a los más oscuros y crueles grupos criminales.
Coincidiendo con la presencia del presidente electo de Argentina, y lejos del florido intercambio de elogios, la realidad de la impunidad criminal de la nación azteca se hizo presente con el asesinato de integrantes de los LeBarón, una familia menonita de nacionalidad mexicano estadounidense radicada en México desde finales del siglo XIX.
Un grupo criminal aún no identificado asesinó a tres mujeres y seis niños en un camino de tierra cerca del rancho. A Rhonita Miller y sus cuatro hijos los quemaron. A Christina Langford y Dawna Ray las tirotearon kilómetros adelante, igual que a dos hijos de la segunda. Los primeros que llegaron a la escena del crimen de Rhonita fueron familiares desde La Mora. En el caso de Dawna, Christina y los niños, los primeros en llegar fueron Adrián, Julián y los demás. Julián LeBarón protestaba estos días de la tardanza. “Yo estaba en la ciudad de Chihuahua y llegué antes donde estaba Christina que las autoridades”.
La masacre aún no tiene respuesta. El gobierno ha dicho que podría ser un error por parte de “grupos en disputa”, una expresión que normaliza el horror que se vive en México y que lleva a observadores y medios a preguntarse si los cárteles han superado al estado mexicano.
Con ese estado fallido se presume hoy el inicio de una nueva era en las relaciones internacionales de Argentina.
Todo esto ocurre cuando el denominado “Encuentro de Puebla” se reúne en Argentina y Lula da Silva es excarcelado —lo que no implica que su situación jurídica este resuelta—. Que la política se entiende más que la justicia lo deja en claro un tweet de Bernie Sanders que dice: “Como presidente, Lula ha hecho más que cualquiera para disminuir la pobreza en Brasil y defender a los trabajadores” para agregar “Estoy encantado de que haya sido liberado de la cárcel, algo que nunca debió haber sucedido”.
Desde ese lugar, los ciudadanos de a pie de todo el mundo piden el fin de los privilegios y el fin de la impunidad. No hay distingos, sea Francia, Chile, o Bolivia. Chalecos amarillos y otros grupos no identificados reclaman un nuevo orden en la distribución de la renta y la reducción del costo político que agobia a los del común. El riesgo es que la violencia termine por dejar el reclamo de cambio en un mero ejercicio de toma del poder por la fuerza, síndrome de la izquierda desde octubre de 1917.
Los presidentes están bajo asedio. Sin embargo, no es lo mismo Sebastián Piñera que Evo Morales. Piñera gobierna un país que ha construido, en condiciones políticas muy complejas, un escenario de cambio y crecimiento basado en la actividad privada con alta concentración económica. Evo Morales llevó a su país a un modelo de alta concentración en manos del estado con distribución centralizada y férreo poder político. Que ambos estén en crisis implica que el reclamo no es al respecto de los modelos económicos, sino de equilibrio social y la distribución no prebendaría. Más allá de cómo se manifieste, los pueblos reclaman estado y equidad.